11 de junio 2019 - 00:00

A rodar

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La decisión del Gobierno de lanzar un plan para subsidiar la compra de autos desató la polémica. Rápidamente aparecieron defensores y detractores. En el primer caso, las empresas beneficiadas, que dieron el visto bueno y reforzaron la apuesta con bonificaciones mayores a lo que estaban ofreciendo para lograr un mayor impacto. Es que su suerte está atada a que el mercado se reactive. Aquí el fin justifica los medios. Es lógico que los ejecutivos tengan, en general, un discurso de un Estado de poca intervención en la economía, de achicamiento del gasto para poder bajar impuesto. Claro, esto es así hasta que lo necesitan. Este caso es un buen ejemplo. El anuncio de fuertes descuentos, como informó ayer Ámbito Financiero, provocó que muchos interesados se volcaran a las concesionarias. Es curioso el comportamiento de los consumidores. En los últimos meses había también importantes bonificaciones, al mismo nivel que las actuales, pero la llegada del tema a las tapas de los diarios (no a todos, lamentablemente) provocó un efecto movilizador. Si se venden más autos con este plan que sin él, se verá cuando salgan los patentamientos (un dato: este mes vendrán flojos porque tiene cuatro días hábiles menos que junio del 18). Es por eso que, por ahora, no se sabe si el plan “Juni0km” será exitoso en cuanto a ventas pero ya lo es en materia de marketing.

Los detractores esgrimen lógicas razones. De manera llamativa, las quejas por este plan de estímulo se da entre los consumidores. La mala experiencia que tienen en la compra de 0 km hace que el sector no tenga una buena imagen. Si encima se le otorga una ayuda que sale de los impuestos que pagan los contribuyentes –aún de los que no compran autos- el malestar es mayor. El dilema en cuestión es la racionalidad de un plan de subsidios para un sector integrado por empresas multinacionales cuando hay miles de pymes, comercios y cuentapropistas con dificultades tanto o más serias. Cada uno puede tener una respuesta y, seguramente, bien fundada. Es bueno, en este momento, recordar una entrevista que publicó este diario con el embajador australiano en la Argentina, Noel Campbell. El diplomático explicó cómo su país decidió dejar de producir autos para convertirse en importador. Los altos costos fabriles, la ineficiencia y la imposibilidad de competir con otros países, fueron los motivos de esa decisión. La industria automotriz australiana sobrevivía por los subsidios que otorgaba el Estado. Es decir, millones de australiano pagaban impuestos para mantener una industria que fabricaba autos caros para mantener las fuentes de trabajo. Se hicieron las cuentas y era más económico abrir la economía y capacitar a los trabajadores automotrices para otros sectores más eficientes. Así salió adelante. Más allá de esto, lo cierto es que el Gobierno ya decidió por este camino y está tan convencido que lo ampliará a los modelos importados como adelantó ayer Ámbito.com. Ya echadas las cartas, más que oponerse a lo irreversible, es mejor aprender de la experiencia.

Los primeros días de funcionamiento del plan “Juni0km” muestran gran interés por parte de la gente. Los precios más bajos son como un imán. A esto se suma una quita temporaria del Impuesto a los Sellos que abaratan los costos de patentamientos. Algo similar sucedió hace dos años, cuando comenzaron las bonificaciones por el sobrante de autos en Brasil, y las ventas de 0 km crecían mientras otros sectores de la economía caían. Esto plantea el interrogante de qué sucedería si el Gobierno decidiera bajar realmente la presión impositiva de los 0 km (hoy por arriba del 54%). El temor a la menor recaudación es lo que frena esa posibilidad pero está claro que a menores precios, hay más ventas y este mayor volumen podría compensar la baja tributaria. De hecho, desde el Gobierno se defienden ante las críticas de este subsidio, asegurando que no tendrá costo fiscal por mayor recaudación por más ventas. Si es así, sería bueno que algún funcionario se anime a hacer este experimento, bajar los impuestos. Incluso, de forma experimental y, en caso de no funcionar, retrotraer la carga impositiva al nivel original. Lo que no se puede hacer es quedarse con la duda y salir con planes de incentivos de emergencia, improvisado y cuestionables.

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