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A tono con el G-6, Sica admite que hay que bajar el gasto

El ministro de la Producción, Dante Sica, reconoció que la presión fiscal en la Argentina es del orden del 38% del PBI si se suman los tres niveles del Estado. “Espero que el ministro Nicolás Dujovne no me corrija”, bromeó durante una charla que mantuvo con Juan Diddi, CEO de Bristol Myers Squibb, en el marco del Amcham Summit 2019, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

El funcionario se mostró a tono con los reclamos de diferentes entidades del sector empresarial, quienes imploran que se alivie la carga fiscal de manera urgente. De hecho, Sica admitió que con tamaña presión tributaria sobre el sector privado la economía argentina deja de ser competitiva en comparación con los países vecinos.

Se puso en línea con el denominado Grupo de los Seis, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que se pronunció la semana pasada en la necesidad de mantener la sanidad de las cuentas del Estado, pero en función de una reducción del gasto del Estado, en vez de por la vía de la suba de impuestos.

Sica retomó la idea: “Tenemos que tener un gasto del sector público que en términos de PBI vaya bajando”, explicó. Además admitió que la reforma tributaria que el Congreso aprobó en diciembre de 2017, propuesta por el Gobierno para bajar impuestos de manera gradual, “es insuficiente” para lograr ese objetivo. El ministro agregó que “la consistencia fiscal implica un tamaño del Estado mucho menor” del que hay ahora y por eso entiende que el Gobierno debería avanzar en más reformas a los tributos “que no sólo impliquen una baja de las alícuotas, sino que elimine impuestos distorsivos”. Al respecto, reconoció que la crisis que explotó en abril del año pasado fue la causa por la cual casi se paralizaron algunos cronogramas de reducción de alícuotas previstos en la reforma, como el caso de las retenciones a las exportaciones. Incluso, la realidad indicó más tarde que fue exactamente al revés. Tras los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la presión fiscal se incrementó. Sica deslizó que algunos tributaristas y economistas proponen un sistema fiscal “más parecido al de Estados Unidos que tiene mayor peso sobre las personas y menos sobre las empresas”.

Poco antes de viajar a los Estados Unidos para entrevistarse con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, el ministro prometió que en 2022 “va a desaparecer el Impuesto a los Ingresos Brutos” que cobran las provincias, tal cual figura en el pacto fiscal firmado con los gobernadores. En tal sentido, estimó que los gobernadores recibieron unos $600.000 millones en los tres años y medio de la actual gestión. En otro aspecto, consideró que la semana próxima el Senado podría aprobar el proyecto de ley de fomento a las empresas de la Economía del Conocimiento, que prevé beneficios impositivos para pymes del sector del software, servicios, producciones audiovisuales, y asesorías, entre otros puntos.

Por otra parte, horas antes de que se conociera los datos de la inflación de abril (3,4%), el economista Daniel Marx dio crédito a la política que está llevando a cabo el Banco Central aunque señaló que “las expectativas de los operadores están fuera de línea”. Ante una consulta respecto del papel que estarían jugando los intereses que generan las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq), que podrían ser consideradas por los operadores económicos como emisión futura, Marx señaló que “el problema de eso sería si la gente retirara sus plazos fijo en pesos de los bancos”, ya que eso sí obligaría al Central a emitir ese dinero.

En tanto, la AmCham presentó el Instituto de Transparencia, una entidad que bogará por las mejores practicas. Según datos del la entidad Argentina, sigue en el puesto 85 de 180 países en niveles de corrupción.

Al respecto, el embajador de Estados Unidos, Edward Prado, quien fue juez de Texas, aseguró que “el sistema judicial argentino enfrenta un desafío y necesita mejorar”.

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