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Abogados complican al Gobierno y apuran a la Corte por el Consejo

• PRESENTACIÓN PARA QUE JUSTICIA ELECTORAL DECLARE AHORA INCONSTITUCIONAL EL ACTUAL DISEÑO DEL ÓRGANO
Servini tendrá a su cargo demanda que busca acelerar definición final en manos del máximo tribunal. Molestia por parate de nuevo proyecto de ley (freezado) que les aseguraba dos bancas más. Cruje alianza con Angelici.

Los abogados porteños decidieron patear el tablero y salieron a mostrarle los dientes al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema por la siempre discutida integración del Consejo de la Magistratura. El oficialismo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se presentó ante el juzgado nacional con competencia electoral que conduce María Servini de Cubría y exigieron que se declare inconstitucional el actual esquema del órgano de selección y remoción de jueces de 13 miembros, que arrastra además un fallo que la anula desde fines de 2015, y que se encuentra apelado. Como había adelantado Ámbito Financiero en mayo pasado, la decisión de la Corte era sacar del radar una inminente resolución sobre un tema espinoso, algo que tampoco le venía mal a la Casa Rosada, que consolidó un bloque de poder dentro del cuerpo que le permitió maniobrar con éxito en objetivos sensibles para Mauricio Macri y su "mesa judicial". Los letrados están ofuscados con el destino de estantería que tuvo el proyecto de ley que diseñaron el año pasado, tanto como para que esta jugada pueda hacer crujir la alianza política que integra también un sector ligado a Daniel "Tano" Angelici y el PRO- en el órgano que agrupa a los matriculados.

La batalla deberá tener su epílogo antes del 9 de octubre, fecha en la cual está previsto que se disputen las elecciones internas, entre los abogados, para las bancas que se ponen en juego en el Consejo y que representan a ese estamento. El Congreso había comenzado tibiamente a discutir la iniciativa que el CPACF y el Colegio de Abogados de la Ciudad impulsaron en conjunto, pero no se avanzó ni siquiera en un dictamen. Ese proyecto le deparaba 2 bancas más a los abogados (y una a los jueces), mientras que el actual formato sólo contempla uno por la capital y uno por la matrícula en el interior del país. La indefinición de la Corte fue luego de que se convocara al procurador interino Eduardo Casal para emitir opinión sobre un tema institucionalmente relevante, ya que podría devolver el Consejo a su integración de 20 miembros con la presidencia en manos del titular de la Corte, previa a que en 2006 se llevara adelante la reforma propuesta por Cristina de Kirchner. La Procuración sostuvo que el actual modelo era constitucional porque nunca se había dado la situación de que el estamento político (teóricamente sobre-representado) se hubiera puesto de acuerdo para tomar decisiones, sin alianzas con los abogados o los jueces. Precisamente lo contrario a lo que había afirmado la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que volteó la ley una década después de haber sido implementada, y con el kirchnerismo de salida. A "la política" no le seduce demasiado discutir una modificación de la cual no podrá aprovechar ningún asiento nuevo. Los jueces están enfrascados en sus propias disputas (aunque atentos al desenlace) y los abogados salieron ahora a confrontar con el Gobierno y la Corte para subirle la presión a un asunto que había quedado relegado en la agenda. Que sea la justicia electoral la que interviene ahora -a través de Servini- por tratarse de "autoridades federales" las que están en juego, podría despertar de la modorra al expediente y complicar la estrategia oficial que encontró comodidad en el sistema de alianzas tácticas que creó.

Gente de Derecho, la agrupación que es mayoría en el CPACF hizo la presentación ayer para que se "despeje la incertidumbre" sobre la validez de la ley. Mientras que Jorge Rizzo asegura que no será candidato a consejero en la próxima elección, la jugada perforó el letargo en el que había ingresado la discusión y generará fricciones con sus socios macristas. Al pedido para anular 8 artículos de la ley se le sumó una medida cautelar en la demanda que solicita que se anule el artículo 1 de la Ley 26.080 que fija la división por estamentos y la composición actual que exhibe el órgano de conducción política del Poder Judicial. La causa está dirigida contra el Poder Ejecutivo y ahora Germán Garavano tendrá que barajar y opinar sobre su validez si Servini le da curso a la presentación que pretende ser una "acción de clase" que represente a todos los abogados que quieran participar de la elección de consejeros.

Pese a que el actual esquema siempre fue tildado de inconstitucional, hace más de una década que está vigente y los intentos por modificarlo quedaron empantanados o fueron anulados por la propia Corte Suprema.

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