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Ajuste por inflación como pivote para nuevas inversiones

La historia reciente de nuestro país indica que la inflación tiene algo más de 80 años de vida y que sólo estuvo por debajo del 10 % durante un período de apenas 18 años. No obstante eso, a partir del segundo semestre de 2006, por imperio de diversos factores, los desequilibrios macroeconómicos se profundizaron a tal punto que durante el año pasado el ajuste contable por inflación volvió a instalarse no solamente en la agenda de los profesionales de las Ciencias Económicas, sino también en la de aquellos que utilizan los balances como herramienta de gestión.

Es indudable que el ajuste por inflación para reflejar el fenómeno en los balances es un instrumento que viene a dar respuesta a una necesidad de la comunidad de negocios en general, cualquiera sea el tamaño, origen de capital y rubro de actividad que desarrolle el emisor de los estados contables.

Así es como, de acuerdo con las pautas establecidas en las normas contables vigentes, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió el año pasado una resolución indicando que se encontraba encuadrado el contexto de alta inflación y que los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados.

El ajuste por inflación debe incorporarse en todos los estamentos de las políticas de estado, en términos políticos y económicos, como un elemento de sinceramiento, lo cual constituye un elemento crítico para impulsar la promoción de las inversiones que nuestro país está planteando como un vector para consolidar su desarrollo a largo plazo.

Pero para terminar de sincerar la economía del país faltaría la aplicación plena del ajuste por inflación, desde el punto de vista contable a las entidades sujetas a contralor del BCRA, SSN y SEPyME que todavía no aceptan los balances ajustados, como para citar a los principales y desde la perspectiva impositiva, si bien está vigente la ley, no se puede aplicar ya que los guarismos definidos por la propia ley, la hacen impracticable. Esto último provoca una profunda inequidad para aquellas empresas que, de acuerdo a su posición monetaria, muestran una ganancia “ficticia” que en realidad no lo es, por la que pagan impuesto a las ganancias, que de aplicar el ajuste tal vez no la hubiese alcanzado. Y para llamarlo por su nombre, convengamos que está pagando impuesto a la inflación y no impuesto a las ganancias.

Otro efecto no deseado, desde el punto de vista de los accionistas es la distribución de dividendos sobre ganancias que no lo son corriendo el peligro de descapitalización, o por el contrario, privando a los accionistas de retirar dividendos genuinos.

Precisamente, este sinceramiento debe ser entendido de forma integral como uno de los incentivos para ganar en competitividad, en un marco de reglas claras y previsibles que se puedan articular con otras acciones que se están llevando a cabo desde el Estado, como la simplificación de trámites y la generación de instrumentos para promoción de nuevas empresas de la mano de la innovación, caso de SAS, Crowdfunding y ley de emprendedurismo.

No cabe duda que contar con instrumentos modernos que permitan adaptar los estados contables a los procesos económicos, será leído favorablemente por quienes están viendo a la Argentina como un destino atractivo para impulsar flujos de inversión extranjera directa al momento de evaluar las crecientes oportunidades que muestra nuestro país.

(*) Secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)

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