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Al INTI lo "poda" un "nombrador serial"

Uno de los funcionarios que pretenden cumplimentar la orden presidencial de recortar gastos de personal ostenta una foja de antecedentes que poco tiene que ver con la austeridad en la función publica. Se trata de Javier Ignacio Ibáñez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desde 2016, quien -según denunciaron los trabajadores del organismo- nombró a 93 empleados, varios de los cuales no contaban con el expertisse correspondiente a la función asignada y eran antiguos socios en sus emprendimientos privados.

El mismo funcionario que ahora pretende despedir unos 250 empleados que se desempeñan en el INTI con tareas técnicas de difícil sustitución nombró durante su gestión a personas de su confianza y efectuó contrataciones con quienes mantuvo vínculos comerciales antes de llegar al Instituto.

Según destacan las fuentes del INTI, Ibáñez designó en marzo de 2016 a su antiguo socio en la empresa CIRS SRL, firma desde la que se dedicaba a la realización de operaciones inmobiliarias. Se trata de Leonardo Pedro Spina, a quien el presidente del INTI nombró como empleado en marzo de 2016 a través de un contrato de locación de servicios.

En su paso por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires (AGC) cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, Ibáñez cosechó muchas amistades a las que les hizo (y les sigue haciendo) muchos favores. Uno de ellos es Joaquín Santiago Rosenvasser, a quien en el pasado el actual titular de Instituto Nacional de Tecnología Industrial supo promover en el Ministerio de Producción porteño y luego nombró al frente de la coordinación de Gerencias Técnicas, cargo por el que percibe actualmente una remuneración de 40 mil pesos mensuales.

Otros casos que destacan las fuentes consultadas son los de Eduardo Fernández, a quien se le paga todos los meses un contrato de locación por 35 mil pesos para desempeñarse en el aérea de Inspección de Obras, y Héctor Torres, designado por la misma vía en la Gerencia General con un contrato de 42 mil pesos.

Con méritos dudosos

La Agencia Gubernamental de Control es un ente autárquico de la Ciudad de Buenos Aires que desde 2008 concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de establecimientos privados, las obras civiles de arquitectura y el control de salubridad de alimentos. A mediados de 2010, el ingeniero Ibáñez asumió la presidencia de la AGC tras desempeñarse en Tenaris-Siderca, empresa de la multinacional argentina Techint. Durante su gestión se lo vinculó con la tragedia del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes como consecuencia del desplome de un entrepiso. En la causa penal que investigó estas muertes quedó involucrado el funcionario que estaba a cargo de las habilitaciones, Martín Farrell.

También estuvo involucrado con el escándalo de los prostíbulos ya que en el portal "Salí Seguro", de la AGC, se convocaba a los padres a que supieran los boliches a los que concurrían sus hijos. En esos listados aparecían como habilitados decenas de prostíbulos que habían sido allanados por narcotráfico, trata de mujeres y niñas como explotación sexual, que habían sido denunciados por la organización La Alameda.

También Ibáñez fue filmado en un enfrentamiento violento en plena tribuna de Chacarita, durante un partido con su tradicional rival Atlanta. Allí quedó registrado con su cinturón en la mano corriendo a hinchas funebreros a los golpes.

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