La Rioja no pagó vencimiento por u$s14,7 millones y busca reestructuración

Ambito Nacional

La decisión del gobernador peronista Ricardo Quintela se da en línea con la negociación nacional. La intención es renegociar tasa de 9,75% en dólares. Se trata de vencimiento de intereses de un bono lanzado en 2017.

El Gobierno de La Rioja decidió no pagar un vencimiento de intereses de u$s 14,7 millones de un bono y se abrió un plazo de negociación de 30 días para que la provincia del mandatario peronista Ricardo Quintela no entre en default. Desde el distrito, no obstante, aclararon a este medio que hay voluntad de pago y que la intención es hacer uso de la ventana de un mes para negociar una reestructuración de la deuda en moneda extranjera en línea con los intentos de la administración nacional.

Se trata de un bono por u$s200 millones lanzado en 2017 a tasa fija de 9,75% en dólares, a un plazo de 8 años y con una amortización en 4 pagos con vencimiento en 2025. Al momento de la colocación, el entonces gobernador Sergio Casas (también PJ) celebró por tratarse “del primer bono verde de la historia argentina”, ya que los fondos se utilizaron para la puesta en marcha de un parque eólico.

Ahora, el gobierno riojano prefirió no pagar los intereses y abrir la ventana de 30 días hasta el 24 de marzo para renegociar condiciones con los bonistas. El primer vencimiento de capital de este bono será recién en 2022. Las esperanzas de la gestión de Quintela es garantizarse un interés menor al actual 9,75% en dólares. De todos modos, en las oficinas riojanas hay cautela, ya que quieren estar en sintonía con las negociaciones del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

En diálogo con Ámbito Financiero, el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna aseguró: “No es que decidimos no pagar. Vamos a hacer ejercicio del plazo de gracia de 30 días para iniciar un proceso de conversación con los bonistas. Lo que hace falta es hablar con todos los acreedores. Hoy, mañana y pasado tendremos conversaciones tendientes a buscar una reestructuración”. El funcionario de Quintela agregó: “Este proceso lo vamos a hacer en línea con lo que Nación venga hablando con sus propios acreedores”.

Asimismo, en un comunicado a la Bolsa de Luxemburgo, la administración de Quintela indicó: “Sin perjuicio de su voluntad de honrar el pago del cupón de intereses antes mencionado, la Provincia iniciará consultas con sus tenedores de bonos con miras a definir medidas que establezcan sus compromisos financieros en moneda extranjera en un nivel sostenible consistente con una ruta de resultados primarios realistas”.

La búsqueda por reestructurar la deuda en dólares estuvo en el eje de la gestión de Axel Kicillof entre finales de enero e inicios de este mes, pero se trataba de un vencimiento de capital. El 4 de febrero, el Gobierno bonaerense anunció finalmente el cumplimiento del pago de u$s250 millones del BP21 con recursos propios y sin asistencia de la Casa Rosada, luego de que no prosperaran los intentos de postergar el vencimiento, previsto inicialmente para el 26 de enero, por no haber alcanzado la aprobación del 75% de los tenedores. Dos semanas después, Kicillof pagó también los u$s24,375 millones de intereses correspondientes al bono BP23, emitido por la gestión de María Eugenia Vidal en febrero de 2017.

Desde despachos nacionales confiaron a este medio que no hay una línea del Gobierno hacia los gobernadores, aunque “varias provincias exploran la posibilidad” de renegociar vencimientos. Sin embargo, cada distrito tomará sus decisiones. Por ejemplo, el gobierno de Córdoba del peronista Juan Schiaretti tiene previsto pagar intereses de un bono por u$s 9 millones este 1 de marzo. “Se viene pagando todo dentro de lo acordado”, dijeron a este diario desde oficinas cordobesas.

En el caso riojano, el comunicado dirigido a Luxemburgo añade: “Como se sabe públicamente, la economía argentina enfrenta desafíos que han deteriorado significativamente la capacidad de pagar el capital y los intereses de la deuda pública. En consecuencia, el gobierno nacional declaró que restauraría la sostenibilidad de la deuda pública regida por la ley extranjera como un objetivo prioritario para la Argentina y ha indicado su intención de iniciar un proceso con el objetivo de establecer sus obligaciones financieras en un camino sostenible. La provincia no está exenta de las dificultades mencionadas y, como el gobierno nacional, debe enfrentar estas limitaciones de manera responsable”.

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