Reponen hoy luz roja a minería; negocian exceptuar Malargüe

Ambito Nacional

Diputados y senadores provinciales pondrán fin formal a la posibilidad de uso de sustancias químicas en el distrito. Sin embargo, tras quejas del municipio con mayor potencial, buscan que esté habilitado.

Los legisladores mendocinos derogarán hoy las modificaciones a la Ley 7.722 que habilitaban el uso de sustancias químicas como el cianuro en la minería, luego de que el fin de semana el gobernador radical Rodolfo Suarez pusiera fin a sus intentos de persuadir a los grupos ambientalistas. Sin embargo, el oficialismo de Cambia Mendoza negociaba ayer con el peronismo, que votó a favor del proyecto original, para exceptuar a la localidad de Malargüe de las restricciones, luego de que allí se dieran protestas a la inversa: cortes de ruta para que en el municipio sí se pueda desarrollar la extracción metalífera.

El revés que sufrió la iniciativa (que en verdad viene desde tiempos de la administración de Alfredo Cornejo) fue un golpe duro para Suarez en sus primeros días de gestión. Las protestas de ambientalistas que comenzaron en San Carlos -del intendente oficialista Rolando Scanio- el pasado fin de semana traspasaron las fronteras provinciales. Y el mandatario observó que no bastaba con dejar en stand by la reglamentación de la Ley 9.209 (que modificaba la 7.722) mientras apelaba a la convocatoria al diálogo multisectorial para persuadir sobre la necesidad de ampliar la matriz productiva. Es decir, la falta de consenso social para avanzar con la minería metalífera bajo la dicotomía “agua o minería” tiró por la borda el acuerdo político entre Cambia Mendoza y el PJ local, con guiños incluso de la administración de Alberto Fernández en el plano nacional, desde donde abogaban por una mayor flexibilidad de las leyes mineras tanto del distrito cuyano como de Chubut, provincias donde existe un potencial para el desarrollo de la actividad. Cuestión que fue eje del encuentro con el secretario de Minería nacional, el sanjuanino Alberto Hensel.

La posibilidad ahora de dejar abierta la ventana Malargüe para que rija la Ley 9.209 es un atajo que permitiría que la derrota tenga un sabor menos amargo. “No perderíamos tanto, y es factible que se pueda exceptuar a Malargüe”, dijeron a este medio desde despachos provinciales. Una forma de atenuar el costo político que absorbió el gobernador y, al mismo tiempo, de mantener la luz verde en el municipio que acapara la mayor atención de las empresas del sector.

Sucede que en Malargüe el fin de semana hubo cortes en la Ruta Nacional 40 para manifestarse a favor de la minería. Desde esa localidad del sur mendocino, que concentra también parte de la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta, pidieron que se excluya al municipio de la derogación de la ley. “Planteamos que en el resto de la provincia se aplique la Ley 7.722 y en el departamento de Malargüe la Ley 9.209, que contempla controles multisectoriales que garantizan una minería sustentable”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Gustavo Miras. “Queremos desarrollar la minería aquí y si quieren, quitar el cianuro, pero que la Ley 9.209 quede reglamentada solo para Malargüe”, agregó.

El intendente Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) se expresó en el mismo sentido: “Podemos hacer minería de modo responsable. Nos siguen condenando, no podemos tener la misma matriz productiva que otros departamentos”. Inclusive, desde el municipio abrieron otro frente: las fuerzas vivas de Malargüe pedirán “eliminar por Ordenanza municipal, la fiesta departamental de la Vendimia y la participación de Malargüe en la Fiesta Nacional de Vendimia por no contar con viñedos ni bodega”.

La posibilidad de exceptuar a la localidad dependerá ahora del PJ, que también quedó en una posición incómoda. Avaló el proyecto de Suarez con cuatro incorporaciones genéricas y luego solicitó que se derogara la ley por no contar con consenso social. El pulgar arriba de Nación y el posterior silencio de la Casa Rosada también dejó desconcertado al peronismo local. El fin de semana, el grupo albertista Agenda Mendoza dio una señal de que es posible aceptar los pedidos de Malargüe. En un documento donde pide evitar “la trampa evidente de la lectura binaria” este sector del PJ señaló la necesidad en lo inmediato de “derogar las modificaciones a la Ley 7722”. Pero también llamó a un debate público y a “realizar plebiscitos departamentales con el objeto de respetar la autonomía y voluntad de cada municipio”.

“Es posible el desarrollo de la minería pero teniendo en cuenta un nuevo acuerdo social, creando y/o mejorando los entes reguladores y las herramientas de control, ponderando la evidencia científica y sobre todo es imprescindible que se promuevan las instancias de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas”, cierra el documento de Agenda Mendoza.

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