18 de octubre 2019 - 00:01

Guiño de la Corte a provincias abre discusión de monto con Nación

Gobernadores celebraron freno a maniobra "dilatoria" para esquivar pago. En la Rosada destacaron que "plantea que el Ejecutivo fije" espinoso número y que "se abre canal de diálogo" con distritos.

En agosto, los fiscales de Estado de 13 provincias presentaron ante la Corte recursos de inconstitucionalidad de los decretos de Mauricio Macri.
En agosto, los fiscales de Estado de 13 provincias presentaron ante la Corte recursos de inconstitucionalidad de los decretos de Mauricio Macri.
Foro Federal Permanente de Fiscalias de Estado de la República Argentina

La Corte Suprema de Justicia nacional desplegó un nuevo guiño a las 15 provincias que cosecharon ya un fallo que les protege la coparticipación de la erosión de las medidas post PASO de Mauricio Macri, al desestimar ayer el pedido de aclaratoria por parte del Gobierno, que fuera denunciado por los mandatarios como una estrategia dilatoria para esquivar el pago de la compensación derivada de la cautelar.

Desde despachos nacionales prefirieron ver el vaso medio lleno. “Lo de la Corte en parte es bueno porque plantea que el Ejecutivo fije el monto”, leyeron ante Ambito Financiero, respecto de una pulseada que amenaza con generar rispidices dada la complejidad de ese cálculo.

Y ratificaron que ahora “se abre un canal de diálogo” con las provincias, aunque en materia de tiempos advirtieron que “estamos a 10 días de la elección”. Esa pulseada -que ya es una decisión política, tal como lo informó este diario- alcanzará además a las provincias que no optaron por la estrategia judicial.

A la hora de ponerle un número a la compensación que exigen los gobernadores, algunos distritos proponen usar el costo fiscal de las medidas estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, de cerca de $ 47.395 millones.

Por de pronto, ayer -con la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti-, el máximo tribunal consideró que el Estado nacional no justificó debidamente -con argumentos técnicos- el pedido de aclaración de la orden de financiar con recursos propios el costo de esas medidas (como la suba del piso de Ganancias y la quita del IVA a alimentos de la canasta básica) para no seguir tajeando la coparticipación. Pero la Corte además zarandeó a la administración de Macri, al asegurar que debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de fijarlas por decreto.

En los hechos, los ministros también terminaron desalentando otro pedido de la Casa Rosada, quien pretendía que el máximo tribunal citará a los gobernadores y al Estado nacional a una audiencia pública para intentar arribar a un acuerdo.Esa mirada quedó expresada al enfatizar en la resolución de ayer que su decisión no limita el diálogo institucional que el Estado nacional y las provincias consideren adecuado establecer, como órganos superiores de la organización constitucional argentina.

La Corte no se expidió aún sobre la intimación de pago al Gobierno elevada -de la mano de presentaciones individuales- por ese lote de 15 provincias, que integran Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Ayer desde esos distritos celebraron el nuevo guiño judicial. “La Corte acaba de rechazar las presentaciones con las que el Gobierno nacional intentó dilatar el cumplimiento de lo ya resuelto, a favor de Santiago del Estero y otras 14 provincias, a las que nos quisieron despojar de nuestro recursos”, aseguró el mandatario Gerardo Zamora.

“Volvió a pronunciarse a favor de San Luis y de las otras 14 provincias, ordenando a la Nación que restituya el dinero de la coparticipación por la baja del IVA y Ganancias”, coincidió Alberto Rodríguez Saá.

Por su parte, desde la provincia que gobierna Gustavo Bordet, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “va en el sentido de que la cautelar debe ser cumplida”. “La presentación de los ministros Hernán Lacunza y Dante Sica tenía fines más dilatorios que otra cosa; ésto ha sido advertido por la Corte y no deja lugar a otra decisión por parte del Gobierno nacional que cumplirla”, enfatizó.

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