Opiniones

Apuntes sobre la reforma del delito de "falso testimonio" del Gobierno

La reforma proyectada a la figura del falso testimonio en el Código Penal, amplía de un modo tan grande el universo de conductas punibles por este delito y además parte, en sus fundamentos, de una serie de confusiones que merecen alguna reflexión.

Se habla del “imputado” cuya declaración “debería ser tomada bajo juramento” y, sin embargo, el proyecto habla de las partes en cualquier proceso y no distingue de manifestaciones hechas bajo juramento de aquellas que no lo están. Lo más importante es la incongruencia entre fundamentos que se refieren exclusivamente a la declaración del imputado en el proceso penal y luego se amplía la conducta punible a las partes en cualquier proceso o procedimiento administrativo y a los abogados.

“Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años y multa de $ 96.000 a $300.000 quien siendo parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo a sabiendas afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, en cualquier presentación oral o escrita hecha ante autoridad pública. Lo mismo se aplicará al abogado, testigo, perito o intérprete que lo haga en las circunstancias antedichas o en su deposición, testimonio, traducción o informe. En los casos del primer y segundo párrafo de este artículo, la pena será de dos a diez años de prisión y multa de $240.000 a $600.000 si el hecho se cometiere en una causa criminal en perjuicio del imputado”. La misma pena del párrafo primero se impondrá al imputado que, habiendo sido convocado legalmente a prestar declaración, en su deposición a sabiendas afirmare una falsedad o negare la verdad que conoce, en todo o en parte. Para ello, previamente debe haber sido impuesto de las garantías constitucionales que le asisten y haber manifestado de forma expresa su voluntad de declarar. En todos los casos se impondrá al reo inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Se advierte que el texto no contiene la palabra “juramento” o “bajo juramento o promesa de decir verdad” en ningún lado, no obstante las menciones en los fundamentos. Esto nos va a llevar a la discusión de si se trata de una forma del delito de perjurio o se mantiene la característica tradicional del delito de falso testimonio en nuestro país que no es la presencia del juramento sino que la declaración se realice “ante la autoridad competente”. La primera observación se refiere a la expresión “siendo parte” en “un proceso judicial o procedimiento administrativo”. Esto quiere decir que la prohibición alcanza a actores y demandados en el proceso civil; y, según lo dispuesto en el Titulo IV del Código Procesal Penal, en un proceso penal son partes, el Fiscal, el imputado, el querellante, el actor civil, el civilmente demandado y el defensor. Todos ellos deberán manifestarse con verdad “en cualquier presentación oral o escrita hecha ante autoridad pública”, esto es bajo juramento o no, lo que contradice los propios fundamentos del proyecto.

Cuando advertimos la amplitud de las conductas prohibidas, la primera conclusión a la que se arriba es que este proyecto termina creando formas de delincuencia en conductas que hasta ahora no se consideraban tales, lo que es clave y que, a pesar de las declamaciones, en ningún lugar del mundo se le exige a las partes que se pronuncien con verdad bajo una amenaza de una pena privativa de libertad “en cualquier presentación oral o escrita”, que no sea hecha bajo juramento de decir verdad. Diferente es acompañar esa presentación con documentación falsa que puede constituir otro delito pero no el de falso testimonio, conforme ley actual.

De acuerdo con la redacción del artículo la demanda que exagera daños, la contestación de demanda que afirma haber pagado más de lo que pagó y la excusa que presenta el infractor de tránsito ante el controlador o el juez de faltas, constituirían delito de no ser “verdad”. Por ello se concluye que es una “fábrica de delincuentes”.

El último párrafo amenaza de pena al imputado que “habiendo sido convocado legalmente”, afirma una falsedad o niega la verdad. En ningún momento la norma alude al juramento, tal como lo hace en los fundamentos. Es menester detenerse un minuto a fin de analizar el sistema anglosajón, en el que se afirma que este proyecto está inspirado para advertir la falacia de tal afirmación. En el proceso anglosajón la única prueba que se presenta en juicio es la testimonial, todo debe introducirse a través de un testigo que será sometido al examen cruzado por parte de la contraparte. Si se quiere leer una escritura, se citará como testigo al fedatario o a algún testigo del acto, pero no se incluye el documento por sí solo como aquí, el perito, es un “testigo experto”. El imputado si quiere declarar lo debe hacer como testigo y por ello deberá dar juramento de decir verdad, pero esa declaración es totalmente voluntaria. Para los abogados formados en nuestro sistema es difícil comprender la disponibilidad de la prueba en el sistema anglosajón, aquí hemos creado la ficción de la adquisición procesal y entendemos que la prueba que se aporta es al proceso y no de la parte; en cambio en el sistema anglosajón la prueba pertenece a la parte que elige si la presenta o no. Ese mismo principio rige para la declaración del imputado, elige si declara o no, si lo hace lo hace en calidad de testigo, pero nunca, bajo ningún concepto es citado o convocado a declarar en el juicio; distingo esencial con nuestro sistema. La decisión de colocar al imputado en el estrado de los testigos es propia de la defensa y de su estrategia y en la práctica es excepcional. Es decir que jamás el imputado es citado a declarar o “convocado legalmente”. No quiero referirme a la práctica, de público y notorio conocimiento, de ciertos tribunales, rayana en el delito, de presionar a los imputados para que declaren o se arrepientan con el elemento de la prisión durante el proceso.

En este sistema la credibilidad del testigo es clave y el juramento aquilata esa credibilidad, jurar implica poner en riesgo el alma frente a la eternidad. En el sistema anglosajón durante siglos sólo juraban los testigos de la acusación, mientras que los de la defensa tenían prohibido hacerlo, recién con la Treason Act de 1696 se comenzó a tomar juramento a los testigos de la defensa del delito de traición y a partir de 1730 esto se amplió a todos los delitos. Esto explica la gravedad del delito de perjurio en el sistema anglosajón que se considera un delito grave. Por ello, entiendo que es menester detenerme en analizar ese delito.

El parágrafo 1621 de la sección 18 del US Code define el delito de perjurio con alcance federal: Quien “Habiendo prestado juramento ante un tribunal, funcionario o persona competente en cualquier caso en que la ley de los Estados Unidos autoriza que se administre un juramento de que él va a testificar, declarar, deponer o certificar verazmente o que cualquier testimonio escrito, declaración, deposición o certificado suscripto por él, es verdadero, voluntariamente y en forma contraria a tal juramento declara o suscribe cualquier asunto material que no cree que sea verdad” o

“En cualquier declaración, certificado, verificación o manifestación permitida bajo pena de perjurio en la sección 1746 del título 28 del US Code, voluntariamente suscribe como verdadero cualquier material que él no crea que sea verdad es culpable de perjurio…”. Para aclarar toda duda señalo que la sección 1746 se refiere a lo que en nuestro país llamamos la “declaración jurada”.

Como se trata de un país federal, el US Code es sólo aplicable en cuestiones federales, en las ordinarias rige el código penal de cada estado, para facilitar el estudio, la American Bar Association, elaboró en la década del ’60 el Código Penal Modelo de los Estados Unidos que si bien no es una ley es una referencia ineludible para el estudio de una legislación tan diversa. En el Código Penal Modelo se trata el tema en el parágrafo 241.1 y se define de un modo simple el perjurio al decir que se trata de una declaración material falsa que el autor no cree que sea verdad hecha bajo juramento o afirmación similar en cualquier procedimiento.

La Corte Suprema en el caso “Bronston” de 1973 fijó el estándar en un elemento clave lo que importa es lo que el testigo dice y no lo que implica, este caso determinó lo que se llama la teoría de la “verdad literal”. Pone en cabeza del interrogador la responsabilidad de lo que logre en la declaración del testigo, pero si bien es muy interesante, excede el objeto de este trabajo.

Lo que importa es que para la configuración de este delito en el sistema anglosajón se requiere necesariamente que el autor haya prestado juramento de decir verdad o una afirmación similar, elemento del que se carece en este proyecto que, como dijimos amplía de un modo enorme el ámbito de prohibición de la norma.

El delito proyectado mantiene la tradición de no darle trascendencia penal al juramento, sino a que sea ante una autoridad competente, alcanza a manifestaciones orales y escritas hechas o no bajo juramento, por las partes, abogado, testigo, perito o intérprete. Si las partes, los abogados dicen siempre la verdad, ¿Dónde está el conflicto que genera el pleito? ¿Para qué necesitamos un juez?

Por otra parte, la verdad en el proceso es un “verdad establecida” que se construye a partir de las pruebas, no es una verdad metafísica a priori sino que resulta determinada luego de los aportes de las pruebas. La idea de que el objeto del proceso es la averiguación de la verdad fue el aporte del modelo inquisitivo, por lo que me resisto a vincular el proceso con este concepto de “verdad”.

Lo que no queda claro es cuál es el sentido político criminal de una norma de estas características, en otras palabras, que bien pretende promover o qué mal pretende evitar. ¿Moralizar el proceso? La norma del inciso 5 del artículo 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación alcanza a tal efecto al decir: La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Quizás con eso alcanza si el sentido político criminal es algo tan vago como la moralización de los procesos. De hecho la única afirmación acerca del sentido político criminal de este proyecto ésta en una afirmación genérica, apocalíptica y de barricada en la parte final de los fundamentos:

Un Estado de Derecho que permite enredar los hechos con la mentira de esta forma, acaba siendo esclavo de ella, sembrando así odio, división, violencia política, mediática y social. En los casi cien años de vigencia del Código Penal recién ahora se advierte que la responsabilidad de la violencia política y social en nuestro país era la redacción del artículo 275 del Código Penal, esto que parece una broma de mal gusto es en realidad una verdadera falta de respeto a las víctimas de la violencia social y política de nuestra historia. Demasiado dolor y sufrimiento ha habido para que algo tan grave sea tomado tan a la ligera. Quizás uno sea un tonto por tomarse en serio lo que puede ser un mero globo de ensayo de un momento electoral, pero la legislación de nuestras libertades, que es en definitiva la legislación penal, merece siempre ser tomada en serio, las libertades se pierden con mucha facilidad.

Es de esperar que este proyecto termine en ese cajón que cada vez resulta más grande en el que se guardan las malas ideas.

(*)Doctor en Derecho Penal (UBA), Profesor de derecho penal (UBA y UAI).

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