Política

ART: de una forzada ley en 2017 a nuevo blindaje vía DNU

El Gobierno buscó saltear al Congreso hace más de dos años y medio y luego tuvo que convocar de urgencia a los legisladores para sancionar, en sesiones extraordinarias, un lógico proyecto para dinamitar la denominada "industria del juicio". Oposición aprovecha nuevos cambios para pegarle al oficialismo.

El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) activado anteayer por el Gobierno para modificar el cálculo de los montos de las indemnizaciones a favor de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) forma parte de un periplo macrista de normas aceleradas y una forzada ley sancionada, durante el verano de 2017 y en sesiones extraordinarias, para ayudar -con lógica- a las empresas y frenar el penoso boom de la denominada “industria del juicio” de los últimos y largos años.

A fines de 2016, y tras varias idas y vueltas con la entonces “amigable” CGT, el Senado aprobó un proyecto para establecer el “carácter obligatorio y excluyente” de las comisiones médicas -una de primera instancia y otra central, de apelación- para el inicio del trámite administrativo tras un accidente laboral. En caso de aceptar la mediación, lo decidido se convierte en cosa juzgada. Si no, se podrá activar la vía judicial.

El Gobierno logró una victoria mínima pero con una amenaza latente hacia Diputados en cuanto a acelerar ese nuevo mecanismo a través de un DNU. Dicha situación se precipitó en enero de 2017, con pases de factura entre oficialismo y oposición en la comisión bicameral que controla esas normas.

Tras quejas del antimacrismo -a principio de la gestión de Cambiemos se bajó la designación vía DNU de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia-, el Gobierno se vio obligado a reabrir el Congreso en sesiones extraordinarias y forzar la ley para blindar a las ART.

El proyecto logró, en febrero de ese año, sortear el recinto de Diputados gracias a la ayuda del PJ y del massismo, quienes aportaron legisladores para el quórum y se abstuvieron a la hora de votar. Hoy, el Frente Renovador y la mayoría de los justicialistas -un puñado juega a favor de Roberto Lavagna, el presidenciable de Consenso Federal- militan junto a La Cámpora a favor de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner.

La sesión de Diputados estuvo al borde del precipicio. Desde el Frente Renovador y el PJ decidieron abstenerse -el FpV se fue del recinto- tras conocer una resolución oficial que cambió la forma de calcular los haberes jubilatorios. La furia llegó incluso a la miembro fundacional de Cambiemos y referente principal de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien disparó en pleno recinto: “Si esto es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo”. A última hora del 15 de febrero de 2017, el oficialismo dijo que Mauricio Macri daría la orden -finalmente consumada- de retrotraer la resolución.

A fines de ese año, la discusión por las jubilaciones convirtió al recinto de Diputados en un circo que se le fue de las manos al presidente de la Cámara baja, el peronista PRO Emilio Monzó. Carrió volvió a ser clave en ese momento, al frenar la polémica idea de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de dar luz verde a los cambios previsionales vía DNU. Detrás de ello había leyes fiscales, presupuestarias y el reconocimiento al distrito que maneja la macrista por el megamillonario Fondo del Conurbano en juego.

El eje del nuevo DNU termina por reducir las indemnizaciones a partir de el cambio en cálculo de la tasa de interés que era la “activa” del Banco Nación a la tasa de variación conocida como RIPTE, tal como contó ayer Ámbito Financiero, y donde se espera una inminente judicialización

Por caso, entre los postulados de las demandas se objetará la afectación directa al derecho de propiedad, dado que para los casos que ya ocurrieron, los beneficiarios de la indemnización debieran haber percibido la diferencia de intereses calculados en base a la anterior tasa hasta la fecha de vigencia del DNU pero también a partir del precedente de la Corte Suprema en el fallo “Espósito” que sentó como jurisprudencia la irretroactividad de cualquier modificación a la Ley de Riesgos de Trabajo, paradójicamente impulsada por las ART, como indicó en este diario ayer.

Desde el Gobierno, la jefa de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Milagros Gismondi, aseguró: “El DNU protege a los trabajadores, propiciando que las indemnizaciones por incapacidad laboral o fallecimiento se puedan pagar, de acuerdo al valor del salario del trabajador”. La funcionaria también manifestó: “En este contexto, y ante la emergencia que enfrentamos, tenemos la responsabilidad de cuidar a los 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores”.

En tanto, la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) expresó: “Resulta obvio que no se puede indemnizar con tasas superiores al 100%, como venía ocurriendo hasta hoy, porque no hay rendimiento productivo ni financiero que genere esas rentas ni un inversor institucional como las ART que puedan legalmente acceder a ellas”. Y agregó: “De no corregir esta situación, el beneficio para uno deriva en injusticia para el conjunto por el riesgo de quiebra del sistema”.

Desde distintos sectores de la oposición esperan el aterrizaje del tema en la comisión bicameral para dictaminar en contra de la medida, que para ser desactivada necesitará ser rechazada por ambos recintos, una situación que nunca se dio desde la implementación del control del régimen de los DNU.

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