Con la reapertura ayer de las concesionarias de Capital Federal y en los próximos días la vuelta a la actividad de las agencias del Gran Buenos Aires que cuentan con protocolos aprobados por los distintos municipios, el sector comercial va a estar prácticamente normalizado. Los locales de casi todas las provincias están operando desde hace semanas. Esta “nueva normalidad” va a encontrar a los “dealers” con un panorama particular. Una demanda sostenida por la brecha cambiaria y una falta de modelos por temas conocidos como las trabas a las importaciones y el lento retorno de las fábricas a la producción, tanto de la Argentina como de Brasil, el principal proveedor de 0 km del país. También por la decisión de vendedores de proteger su stock sacándolo de la oferta, ante la incertidumbre respecto del valor de reposición. Con demoras de 120 días en la entrega, es difícil saber cuánto pedirá la fábrica en cuatro meses por el vehículo que venda hoy la concesionaria. Es por eso que algunos empresarios han optado por fijar precios por arriba de los valores de lista para fijar un precio de transacción de cobertura ante posibles aumentos mayoristas. Para eso, en algunas concesionarias fijan un tipo de cambio mayor al oficial para calcular los pesos que se necesitan para comprar un modelo determinado. En los más demandados, en lugar de tomar la cotización oficial de $74, se manejan números del orden de los $85. Puede ser más, puede ser menos. Todo depende de las necesidades de cada agencia y la ansiedad del comprador para asegurarse su unidad. Esto habla de un sobreprecio de alrededor del 15%. En noviembre se verá si se excedieron en ese porcentaje o se quedaron cortos.
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En este revoltijo que es el mercado hay preocupación en la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA) por la situación que dejará la poscuarentena. Esta semana va a circular entre directivos y asociados un “paper” interno que analiza la situación actual y la esperada. Se detallará, por ejemplo, que en los rubros de venta y posventa se está trabajando al 35% del ritmo que tenían un año y medio atrás. En los talleres, de 18 servicios que antes se hacían en un día promedio, hoy se realizan 3 o 4. Los motivos van desde gente que deja de hacer mantenimiento por cuestiones económicas a temores de circular sin permisos sanitarios. Que los empleados están bajo un esquema de suspensión rotativa. Esto es que la mitad trabaja unos días y la otra mitad se queda en su casa. Esto hace que, en total, los empleados estén en funciones no más de 15 horas semanales. Obviamente, esto tiene un perjuicio salarial ya que cobran parcialmente su haber. Tema delicado ya que el gremio del SMATA está presionando para no atrasarse con los ajustes salariales. Por otro lado, se remarcará que, por sus niveles de facturación (teórico), menos del 50% de las empresas cobró la asistencia salarial del Estado (ATP). El resto tuvo que afrontarlo con fondos propios o negociar con sus trabajadores. Un punto importante que contendrá esa circular interna es el impacto del dólar blue. La demanda está sostenida, en su gran mayoría, por la brecha cambiaria. Estima que sin ese aliciente especulativo, el mercado mensual sería de 10.000 ó 12.000 unidades y no de las 30.000 que se esperan para julio. Pero se aclara que este fenómeno no puede sostenerse en el tiempo, por lo que hay que buscar mecanismos para que haya una demanda genuina. Con todo esto, la estimación anual del mercado ACARA la ubica en unas 300.000 (más-menos 7%). Además, se puntualizará que la recuperación del sector, por los problemas económicos propios, va a ser más lenta en la Argentina que en otros países. Algunos estiman que, en el mundo, se tardarán cuatro años en volver a la situación prepandemia. Entonces, acá…
La semana pasada, en esta columna, se trató el tema de la relación de las automotrices con sus proveedores. Puntualmente, se habló de ciertos problemas con el manejo de precios de las piezas. Este es un momento delicado y varios autopartistas están fijando una posición de dureza en la negociación con sus clientes. Lo que plantean es la decisión de atar el precio en pesos de lo que venden a la cotización del dólar oficial. No quieren repetir lo que sucedió en 2018 cuando algunas fábricas no reconocieron el incremento de costos a sus proveedores y eso terminó en una demanda en la Justicia y la decisión de algunas empresas de analizar dejar el país. Lo que está sucediendo ahora y a lo que refería la nota de la semana pasada es que algunos autopartistas están cotizando sus piezas por arriba de los valores reales para tener un colchón de cobertura. Eso hace que la relación con algunas terminales esté tensa porque es una política cuestionable y poco transparente.
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