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Avanza “adiós PASO” a corruptos condenados en primera instancia

• COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES FIRMÓ DESPACHO EN DIPUTADOS
Se extenderá hasta la eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente. El kirchnerismo se opuso.

Diputados del oficialismo y de parte de la oposición que integran la comisión de Asuntos Constitucionales firmaron ayer un dictamen para desactivar de las PASO a quienes sean condenados por delitos relacionados con la corrupción, incluso sin tener sentencia firme. El proyecto choca, por caso, con la situación actual del re-reelecto senador nacional Carlos Menem, quien aún espera una definición de Casación sobre la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador durante su presidencia.

El despacho fue una conjunción de textos impulsados, en particular, por las diputadas de Cambiemos Silvia Lospennato (PRO-Buenos Aires) y Brenda Austin (UCR-Córdoba). El objetivo es incorporar un inciso -el "h"- al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos para bloquear precandidaturas de condenados por cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; y fraude en perjuicio de la administración pública.

Además, se deja en claro que estarán contemplados "todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción".

Por otra parte, el dictamen establece que el freno a postulaciones se extenderá "desde que exista sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente".

De esta manera, el "adiós PASO" quedará fijo para quien reciba sentencia -se quitó la posibilidad de agregar a procesados- incluso en primera instancia, aunque con la salvedad de que podrá presentarse quien reciba una revocatoria, por más que ésta fuese apelada a posterior. En ese caso de confirmarse una condena inicialmente revocada, y con un legislador ya electo y en funciones -atravesó con éxito la temporada electoral- se deberá proceder a un desafuero, como indica la Constitución, votado por los dos tercios de los presentes en el recinto.

Tras una explicación de Lospennato, Austin señaló ayer en la comisión que comanda el premium Pablo Tonelli (PRO) que "esta herramienta tiene que ver con la consolidación del sistema democrático y con construir un vínculo sano entre el representado y los electores", en consonancia "con lo que plantean los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional, como el pacto de San José de Costa Rica".

Desde el cristinismo, que rechazó el despacho de mayoría, Nilda Garré apeló a la presunción de inocencia en los procesos penales y dijo que se debe avanzar contra la corrupción "sin avasallar los derechos constitucionales".

El debate se trasladará ahora a la comisión de Justicia que lidera el radical Diego Mestre, con la intención de aprobarla en el recinto, en principio, antes de la finalización del período ordinario. No obstante, el proyecto se trabaría en el Senado debido a la postura del PJ, que con el expediente Menem advirtió que el freno a una postulación sólo debe darse en caso de una condena firme.

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