Blindaje, Megacanje y Corralito: las medidas que marcaron el final de De la Rúa

Ante la crisis por la que finalmente renunció, De la Rúa apeló a la gestión de Cavallo y la ayuda del FMI y bancos. Hubo préstamos, canje de deuda y retención de depósitos.

Con la situación económica cada vez más complicada, el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando De la Rúa, y comandado en la última etapa en la gestión de esa área por Domingo Cavallo, buscó auxilio en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así llegaron el Blindaje y el Megacanje.

Blindaje

Una de las promesas de De la Rúa durante la campaña que lo llevó a la presidencia fue mantener el tipo de cambio en 1 a 1 con el dólar, tal como lo había dejado la gestión de Carlos Menem, y el propio Cavallo, con la Convertibilidad. Esto generaba una necesidad muy grande de divisas con una economía cuyo sistema productivo estaba destruido por las importaciones y las escasas exportaciones.

Así, para enero de 2001 el país recibiría un crédito por 40.000 millones de dólares por parte del FMI para “blindar” su economía de los efectos financieros. La presión de la deuda sobre las cuentas públicas era agobiante, al punto que el presupuesto nacional del año 2000 preveía destinar el 20% de los recursos al pago de la deuda externa.

El “blindaje” del FMI llegaba con condiciones tales como reforma previsional (eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres), ajuste del gasto público, restructuración de organismos como la ANSES y el PAMI, reducción de salarios, entre otras medidas.

La multimillonaria asistencia financiera contaba con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos comerciales que operaba en el país. Este programa preveía apoyo financiero que se iba a desembolsar a lo largo de los años 2001 y 2002.

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Para evitar el default, además de lograr que se concreten esos desembolsos era necesario que los bancos comerciales cumplieran con su compromiso de renovar los 10.000 millones de dólares de Letras del Tesoro que vencían durante 2001 y que además el mercado proveyera fondos frescos para pagar la amortización de capital que se producía a lo largo del año, de aproximadamente 7.000 millones adicionales. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.

Sin embargo, el “blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. La salida de depósitos se aceleró.

En medio de la fuga de capitales renuncia el ministro de Economía, José Luis Machinea, quien es reemplazado por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por $ 2.000 millones, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del gabinete nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. Tan solo 15 días después, el flamante funcionario deja su cargo. Era la hora del regreso de Cavallo.

Megacanje

Ya con Cavallo otra vez al frente de la gestión económica, y pese a que no se habían cumplido los objetivos fiscales, se firma un nuevo acuerdo con el FMI.

Así llegó el Megacanje. Fue una operación financiera realizada en 2001, que consistió en postergar los vencimientos de diversas deudas por tres años para las que vencían antes del 31 de diciembre de 2010. A cambio, los intereses de la deuda fueron aumentados al 7 % anual. Las tasas de interés efectivas fueron entre 14,5 y 16 por ciento anual y la deuda creció en u$s2.255 millones.

Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados.

Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado Megacanje tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.

El Blindaje y el Megacanje causaron un aumento del endeudamiento externo. Antes de esta operación hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares. Con posterioridad al Megacanje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de dólares y alcanzaría 102.000 millones de dólares. Antes del Megacanje Argentina debía pagar en el período 2001-2031 por los vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del Megacanje, ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a los 98.400 millones de dólares. Además, la deuda pública total pasaría de los 124.400 millones de dólares a los 126.600 millones de dólares. Por su parte, los intereses de la deuda treparían de 82.300 millones de dólares hasta los 120.700 millones de dólares.

Ni el Blindaje ni el Megacanje resolvieron los problemas económicos de la Argentina. De hecho, los empeoraron, y llevaron al país al mayor default de la historia en el mundo, con resultados catastróficos para la situación social.

Tanto Cavallo como De la Rúa fueron procesados por el Megacanje, al igual que otros exfuncionarios. Finalmente, tras varias instancias judiciales.

Corralito

Ya sobre lo que sería el final de la Alianza, el 3 de diciembre de 2001 el gobierno de De la Rúa anunció lo que se denominó el "Corralito". Se trató de la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, que tenían las personas en los bancos.

La medida generó un estallido social y reclamos con la aparición de las cacerolas en las calles. A partir de esas protestas la situación se hizo insostenible para De la Rúa, quien declaró Estado de sitio un día antes de renuniar finalmente el 20 de diciembre.

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