8 de octubre 2019 - 23:00

Tras casi dos años de prisión preventiva, quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián De Sousa

Bonadio aceptó fianza luego de orden de Cámara por ausencia de riesgo procesal. Y luego de que TOF 3 dispusiera liberación por no existir el delito que denunció Ercolini. Sin presiones, tras colapso de "mesa judicial", tribunales revisa criterio de preventivas.

Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Luego de que hubieran transcurrido un año y diez meses detenidos en prisión preventiva, finalmente se efectivizó este martes la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Habiéndose cumplimentado el trámite de caución real que había exigido la Justicia, el juez federal Claudio Bonadio autorizó ayer su salida del penal de Ezeiza, luego de tener que acatar el fallo de la Cámara Federal que había ordenado el cese de la prisión preventiva ya que no había riesgos procesales, único requisito para disponer la privación de la libertad, pese a la negativa de Bonadio que instruía la causa “cuadernos”, sobre la que no hay ningún detenido actualmente.

Ambos presentaron un seguro de caución por $60 millones cada uno garantizados con bienes de los que no podrán disponer, algo que terminó siendo aceptado por Bonadio que se había negado en un principio a concederles la libertad pese al dictamen favorable del fiscal Carlos Stornelli. La Superintendencia de Seguros de la Nación validó la documentación aportada a la fianza y de esta manera, el juez dispuso que sean formalmente liberados desde la sede de la Policía Federal de Madariaga y General Paz, donde egresaron a las 14.40.

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El empresario Cristóbal López tras recuperar su libertad.
El empresario Cristóbal López tras recuperar su libertad.

El 19 de septiembre, ambos habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal N°3, a cargo de la causa Oil Combustibles donde se originó la denuncia del juez Julián Ercolini para que fueran detenidos por primera vez en diciembre de 2017. Luego de una exhaustiva investigación, la jueza María Eugenia Capuchetti -que ingresó en su cargo en mayo pasado- resolvió sobreseerlos de una presunta violación a la medida cautelar de inhibición de bienes que había argumentado Ercolini para disponer su detención.

El hecho del traspaso de acciones del Grupo Indalo jamás existió, fue la conclusión de la magistrada, luego de haber accedido a peritajes sobre los libros contables de las empresas. La medida no fue apelada por el fiscal Ramiro González que había dictaminado días antes en el mismo sentido, no hallando prueba alguna de lo que sostuvo Ercolini en su denuncia inicial. Pero en paralelo, la liberación no fue efectiva debido a dos pedidos de prisión preventiva que había dispuesto Bonadio, en una causa colateral a “cuadernos” por la compra de dos departamentos y otra en el marco de la supuesta cartelización donde el juez procesó a un centenar de empresarios que habían participado en la obra pública.

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El empresario Cristóbal López tras recuperar su libertad.
El empresario Cristóbal López tras recuperar su libertad.

Sin embargo, la Cámara Federal con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispuso el viernes pasado que no existía riesgo procesal alguno para que continuaran detenidos sin condena firme y destacaron la excepcionalidad de la prisión preventiva. La decisión fue una evidencia más de la descomposición de la mesa judicial que asesoraba al presidente Mauricio Macri, encabezada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a la que se le adjudicaban diversas presiones en todos los estamentos de la Justicia para disponer prisiones basados en supuestos riesgos procesales sostenidos en el cuestionado criterio de los lazos residuales de poder o en riesgos que no contaban con sustento fáctico debido a que la mayoría de los implicados se había ajustado a derecho en las causas en las que se los implicaba. Toda esa doctrina empezó a ser revisada en tribunales debido a que los excesos habían derivado en situaciones inexplicables desde el punto de vista procesal.

Sin hechos que justificaran la privación de la libertad, la regla siempre fue que se aguardara a una eventual condena firme. López y De Sousa además, afrontaron un breve período excarcelados luego de que la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero ya hubieran advertido que su prisión fue dictada de modo arbitrario. Ambos terminaron eyectados de la Justicia federal luego de que Macri se quejara públicamente de ellos y cuestionara el fallo.

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