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Cámara "desactiva" cuadernos con guiño a Rocca y exige acelerar elevación a juicio

ASEGURÓ QUE NO PODÍA TENER CONOCIMIENTO DE SOBORNOS PAGADOS POR N°2 DE TECHINT - Tribunal continúa misión para moderar impacto empresarial en causa de corrupción por obra pública. Insistió para que Bonadio indague a Ezkenazi y Cartellone. Pidió apurar el cierre por tramos de la investigación para apuntalar expediente y sortear el "riesgo D´Alessio".

La Cámara Federal avanzó con la quirúrgica misión de ir sutilmente desactivando los “clústers” más explosivos de la causa “cuadernos”. En una resolución difundida ayer, desprocesó al CEO del Grupo Techint Paolo Rocca y le dictó una falta de mérito para preservarlo de los efectos expansivos de los procesamientos a mansalva que prepara el juez Claudio Bonadio sobre el tramo de cartelización de la obra pública por los que culminó la mega-indagatoria que incluyó a 101 personas, la mayoría empresarios. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron el procesamiento por asociación ilícita y cohecho y encomendaron al juez que eleve los tramos más avanzados de la investigación por corrupción a juicio oral. El movimiento es leído como un intento por cauterizar la causa, en medio de las convulsiones en las que quedó inmersa luego de la irrupción del escándalo D´Alessio que salpicó la figura del fiscal Carlos Stornelli. Y también una nueva señal de la Cámara hacia Bonadio para “emprolijar” la madeja interminable de capítulos que se superpusieron a la hipótesis inicial.

Mientras tanto, reapareció el exchofer Oscar Centeno (primer arrepentido del caso) con el objetivo –mantenido bajo siete llaves- de entregar un nuevo escrito a los investigadores. ¿Un refuerzo de su versión inicial sobre la bitácora de la corrupción en momentos donde las declaraciones de los arrepentidos quedaron bajo un manto de duda? Sí, con reivindicación de su autoría sobre los cuadernos fotocopiados y quemados y un reclamo de inocencia sobre su rol en la asociación ilícita por la que está procesado. Hay un deadline que se irá cumpliendo paulatinamente: a partir del 1 de agosto comienzan a correr los plazos de un año asignados por ley a los distintos imputados colaboradores para certificar que la información que aportaron fue de utilidad a la causa, que dijeron la verdad y que sus acuerdos no deben caer por falso testimonio. Centeno tuvo una reunión con el defensor oficial Gustavo Kollman. Allí le entregó un escrito de “puño y letra” donde clamó por su desvinculación de los ilícitos. Centeno está libre pero bajo el Programa de Protección de testigos e imputados, y reside en el interior de la provincia de Buenos Aires bajo estrictas medidas de seguridad.

En la misma resolución, la Sala I de la Cámara confirmó en cambio la prisión preventiva para el exministro de Planificación Julio de Vido y Roberto Baratta, que llegarán a juicio detenidos. Son dos de los cinco que aún quedan en prisión por este caso. La Cámara ordenó liberar al exsecretario de Baratta, Nelson Lazarte, que aún estaba detenido. En una resolución simultánea, el tribunal selló el procesamiento de la viuda del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, Carolina Pochetti y del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Ambos por lavado de dinero en el marco de una de las derivaciones del caso que logró mayores nivel de prueba y arrepentidos por los movimientos de u$s70 millones del entorno del exsecretario K. A la vez, se ordenó la libertad de Isidro Bounine, exasesor de Cristina de Kirchner.

Las decisiones de la Cámara volvieron a cuestionar el proceder de Bonadio y como había informado Ámbito Financiero, insistieron en poner la lupa sobre un punto que el juez se esmeró por ignorar: la eventual participación de la familia Eskenazi en el reparto de obra pública y en el rol de Cartellone. Por otro lado, los camaristas confirmaron el procesamiento del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina pero advirtieron al juez que defina el sobreseimiento no de Máximo Kirchner. Bonadio se había desecho del tramo investigado por “aportes de campaña” de origen ilícito que habrían sido canalizados a través de miembros de La Cámpora con la recaudación obtenida de empresarios. El juez Sergio Torres –despidiéndose de Comodoro Py rumbo a la Corte Suprema bonaerense- resolvió ayer pasar esa pesquisa a la justicia electoral por lo que quedaría en manos de María Servini y encapsulado en presuntos delitos de financiamiento electoral.

La admonición para Rocca llegó de la mano de dar crédito a su versión sobre su ausencia de conocimiento sobre los sobornos pagados por el N°2 de Techint, Luis Betnaza. Bonadio lo había considerado responsable de pagos al gobierno K para que intercedan por empleados varados en pleno tironeo con el chavismo por la nacionalización de SIDOR, en Venezuela. “No es posible ciertamente soslayar la jerarquía del nombrado dentro del conglomerado empresario y las posibilidades de conocer el estado de las diversas sociedades que esa posición le otorgaba a los fines de diseñar el rumbo de sus negocios así como de invertir en su desarrollo. Sin embargo, considerados que tales extremos por sí solos, resultan insuficientes para fundar un reproche en virtud de los hechos investigados”, sostuvo el fallo que amnistió a Rocca. “La especialización y diversificación de este grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir que el nombrado haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las que aludieron los computados ordenando que se efectivizaron esos pagos”, indicó la Cámara. “Ni la empresa radicada en Venezuela ni las asentadas en este país son meras sucursales y una misma compañía, sino que ellas constituyen por sí mismas sociedades de gran magnitud con sus directivos y empresarios propios”, se mostraron comprensivos. Ni el juez ni la Cámara volvieron ya a detenerse en la declaración del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Ubierti que –como arrepentido aceptado- había dicho que trasladó “cinco o seis” pagos directos de u$s100 mil destinados a Néstor Kirchner. Tampoco se explicó que los presuntos sobornos habrían sido autorizados por el N°2 de la compañía, no en alguna remota dependencia del holding.

La Cámara –con su decisión previa a Navidad de excluir a los empresarios de una asociación ilícita y moderar sus imputaciones- ya había dado muestras de que buscaría cortar los cables que pudieran acelerar el contador de la “bomba cuadernos”. Desde la Corte Suprema tronó una orden no escrita que exigió pulir lo mejor posible todas las desprolijidades de la causa antes de que escale.

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