Política

Cámara ratificó fallo que ordena reubicar presos en Comodoro Py

Llorens, Bruglia y Bertuzzi avalaron la decisión de Rafecas en un habeas corpus por los detenidos que eran alojados en la alcaidía de tribunales en Retiro. Límites a la cantidad de traslados y de pernoctes habilitados.

La Cámara Federal de Comodoro Py respaldó ayer la decisión de reubicar el exceso de personas detenidas y alojadas en la alcaidía de los tribunales de Retiro y avaló un fallo del juez Daniel Rafecas que lo había ordenado la semana pasada. Fue un día después de que –como detallara Ámbito Financiero- hubo una reunión cumbre con el presidente Mauricio Macri y el Ministro de Justicia Germán Garavano para exponerle el crítico estado de situación respecto a la emergencia en materia penitenciaria. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) había apelado la decisión de Rafecas para mejorar las condiciones de detención de los detenidos alojados en la Unidad 29 y cuestionó su competencia para entender en el habeas corpus que se presentó.

La Cámara ratificó entonces que los presos que concurran a declarar a Comodoro Py deben ser trasladados a establecimientos carcelarios y no pueden permanecer más de 24 horas en esa alcaidía, entre otras medidas adoptadas para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 29 que motivaron críticas por vulnerar estándares mínimos para su alojamiento. Entre otras cuestiones, el juez dispuso que se brindara unidad de destino a quienes estuvieran allí por más de 24 horas, que no se reciban internos procedentes de otras jurisdicciones, fijó un cupo máximo de detenidos con pernocte, pidió que se repararan los sanitarios de la alcaidía y solicitó a la Cámara de Casación que evaluara la posibilidad de mantener prendidas las calderas del edificio durante los días inhábiles.

Esa decisión fue apelada por el Servicio Penitenciario Federal, quienes explicaron que lo resuelto “deviene de imposible cumplimiento en razón de la emergencia carcelaria que es conocida por todos”.El SPF afirmó que la delimitación de políticas carcelarias “excede a la actividad jurisdiccional” y que Rafecas, en consecuencia, “se inmiscuyó en resortes exclusivos de otros poderes”. La Cámara, con la firma de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó que es competencia del juez la resolución de los habeas corpus, como ocurrió en este caso. Y remarcaron que se reconocieron las severas falencias con las que opera, a la fecha, la Unidad 29 del SPF. “En efecto, quienes expusieron en representación del SPF se comprometieron a mejorar el estado de los sanitarios y a procurar que los detenidos sean trasladados con detalles de sus situaciones clínicas”, indicaron.

A ese panorama se agregó un informe de la Procuración Penitenciaria referido a los datos recolectados por el Registro de Casos Judiciales de Tortura. Primero destacaron que el 40% de quienes denunciaron malos tratos dentro de la órbita del Servicio Penitenciario accedieron a interponer una denuncia judicial y que de ese porcentaje la mayoría no superó la etapa de instrucción. Pero dirigieron dardos hacia el sistema judicial. “Esas cifras reflejan una dinámica de funcionamiento del sistema judicial que dista mucho de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de investigación y sanción de graves violaciones a derechos, como el de debida diligencia e investigación pronta, imparcial y exhaustiva, así como de aquellos relativos al acceso a la justicia para personas que, como las privadas de libertad, forman parte de colectivos vulnerados a quienes se les debe garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia conforme a la Reglas de Brasilia de 2008”, concluyeron.

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