Política

Cámara también ordenó pagar sueldos a diputados Parlasur (podrían quedarse)

Doble revés para el Gobierno que tendrá que presupuestar dieta y viáticos. Interpretación por reglamento interno del cuerpo podría prorrogar automáticamente mandatos de todos hasta la próxima presidencial, en 2023.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) no sólo le ordenó al Gobierno convocar a la elección para representantes del Parlasur, sino que también rechazó la suspensión de las dietas de los legisladores de ese cuerpo que había dispuesto la administración de Mauricio Macri al comienzo de su gestión. En un fallo separado, le dio la razón al parlamentario Alejandro Karlen que había demandado al Estado a través de un amparo. La jueza María Servini había sentenciado que las partidas para sueldos y viáticos debían ser incluidas en el Presupuesto, pero el Ejecutivo apeló y acusó a la magistrada de “exceso de jurisdicción”. Los fallos fueron apoyados por la fiscalía y ambos datan de octubre y noviembre de 2016. Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía recordaron que ellos mismos ordenaron ese año que los conceptos debían ser solventados de acuerdo al Protocolo Constitutivo del Parlasur, algo que había quedado dilatado de manera indefinida. El revés para la Casa Rosada fue doble, lo que tuvo su lectura política en tribunales, como algo directamente proporcional a sus chances electorales.

El escenario que se abrió con el fallo que detalló ayer Ámbito Financiero respecto a la convocatoria a elecciones sumó elementos que se entrecruzan con los reglamentos internos del Parlasur. Es imposible en la práctica que el próximo domingo se incluya el tramo que no fue convocado para que la ciudadanía escoja su propuesta para el parlamento del Mercosur. Pero ¿Podría entonces ocurrir que todos los actuales representantes argentinos prorroguen sus mandatos de forma automática más allá del 10 de diciembre? Es una de las interpretaciones apoyada en el Reglamento del Parlamento del Mercosur en la sección segunda –Derechos y Obligaciones- que en el punto 1 del artículo 12 prescribe que “los Parlamentarios y Parlamentarias permanecerán en funciones hasta la apertura de la primera sesión del Parlamento del siguiente período parlamentario de las elecciones en las que resulten electos sus reemplazantes”. Al estar ese acuerdo homologado por el Congreso con fuerza de ley, y no habiéndose convocado la elección como destacó la CNE al contrario de lo que indicaba la norma en vigencia, los actuales representantes tendrían legitimidad para continuar. Incluso, porque la ley lo prescribe así, hasta las próximas elecciones generales de 2023, ya que deben acompañar las presidenciales.

Pese a que el Gobierno anunció su sorpresa y futura apelación a la Corte Suprema, en el máximo tribunal, según pudo saber Ámbito Financiero, el asunto n despertó el más mínimo interés y mucho menos urgencia para ser tratado. De esta forma no solo no se avizora cambio alguno con vistas al domingo, algo materialmente imposible y con la instancia de las PASO agotadas (donde se podrían dirimir candidaturas para ese tramo), sino que tampoco parece haber prisa para emprolijar la situación antes del 10 de diciembre, cuando teóricamente vencen los actuales mandatos. Para peor, la Ley de Presupuesto 2020 que el Gobierno envió al Congreso con escasas chances de traducirse en aprobación no contempla las partidas para solventar el funcionamiento. “Ya todos le perdieron el respeto”, fue la dura conclusión de un operador judicial respecto al “timming” de la Cámara Electoral para propinarle un doble revés a Balcarce 50. No sólo respecto a la convocatoria sino exhortando al Estado a empezar a pagar los salarios de los legisladores conforme a un mandato constitucional que el Gobierno había intentado desconocer.

Sólo el Congreso tendrá una llave para modificar alguna de las cuestiones en juego, tal como informó este diario. Ya sea por la vía de una interpretación extraordinaria como por la anulación definitiva del tramo de la ley que contiene el llamado a elecciones para el Parlasur, algo que no desvela a nadie. Hasta entonces habrá un vacío institucional que podría llegar al extremo de que los nominados en 2015 permanezcan apoltronados hasta 2023. Sería un subterfugio para Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los asesores más temerosos por su futuro si Macri pierde el poder. O también el caso de Milagro Sala. Desde Ramón Rioseco, excandidato a gobernador de Neuquén hasta el sindicalista Víctor Santamaría podrían continuar en los cargos si queda vigente la interpretación que sí fue aprobada por el Congreso.

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