Economía

Causa YPF: la Argentina vuelve a jugarse hoy su destino financiero en EEUU

De la decisión del máximo tribunal dependerá si el país deberá pagar hasta u$s3.000 millones por la manera en que se nacionalizó la petrolera en 2012.

La Corte Suprema de los Estados Unidos anunciará hoy el destino del juicio que el fondo Burford mantiene contra la Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aproximadamente a las 10:30 se conocerá si el máximo tribunal decidió tomar la causa y sumarla al listado de juicios que analizará en los próximos 12 meses; o si, por el contrario, mantiene los fallos de primera y segunda instancia y la resolución vuelve al tribunal de Loretta Preska en el segundo distrito Sur de Nueva York. Según los analistas que siguen de cerca la evolución de la Corte norteamericana, hoy Argentina tiene pocas esperanzas de salir adelante con su pedido de mudar la causa a los tribunales criollos. En consecuencia, deberá mantener la causa en EE.UU., y, seguramente, pagar lo que considere Preska.

La situación se generó el 22 de mayo pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump, a través del procurador federal (solicitor general) Noel Francisco, resolvió recomendar a la Corte que el juicio que se le sigue al país por la manera en que se reestatizó la petrolera , permanezca en los tribunales norteamericanos. Resulta difícil que la Corte dé vuelta una decisión o recomendación del Ejecutivo de EE.UU., con lo que se especula que la resolución final será la de que el caso permanezca en territorio norteamericano. La Corte deberá resolver posteriormente si mantiene los dos fallos negativos contra el país de primera y segunda instancia o si, por el contrario, determina que es la Argentina la que tiene razón. Esto último difícilmente suceda, ya que es casi utópico que la Corte dé marcha atrás con la decisión unánime en dos instancias inferiores. Lo más probable es que ni siquiera el Tribunal acepte tratar el caso, y que inmediatamente vuelva al juzgado de origen manteniendo el fallo primario.

La Argentina sabe de qué se trata: es lo que ya ocurrió en el “juicio del siglo” que el país perdió contra los holdouts y fondos buitre durante la segunda gestión de Cristina de Kirchner. La causa por la renacionalización de YPF volvería así a la comarca de Loretta Prieska, la jueza que heredó el caso de Thomas Griesa y que falló a favor de los demandantes en primera instancia. Si esto sucede, y es lo más probable, quedará firme que el país deberá pagar un monto aproximado a u$s1.750 millones originales de la demanda, más intereses y punitorios. A esto se le sumarían otras causas paralelas (Eton Park) que esperan resolución de este caso, con lo que el monto final se ubicaría entre los u$s2.500 a u$s3.000 millones.

La Corte le había pedido al Gobierno de Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. Se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de EE.UU. y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y liquidar el pasivo que deje la causa. Sin embargo, el solicitor general no sólo emitió su opinión negativa en mayo (algo que Argentina descartaba), sino que además lo hizo de manera rápida y contundente. Esto es, a cuatro meses y cinco días. Francisco podía haber esperado hasta principios de noviembre para dar su dictamen. El hecho de haber adelantado los tiempos hace comenzar a correr también el reloj de la Corte que tiene ahora cuatro semanas para anunciar su decisión. El Gobierno de Macri esperaba que la resolución de la causa pasara a 2020. No pudo ser. Para el segundo semestre del año ya se sabrá cuánto deberá pagar el país. Curioso destino el de la gestión de Macri, que terminará este mandato como lo comenzó: negociando con acreedores por la manera en que se manejaron las finanzas y las reestatizaciones.

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio casos judiciales con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado. El Grupo Petersen las había presentado en concurso en los tribunales de Madrid, luego de la reestatización de YPF en 2012 y al no poder pagar las cuotas de la operación pactada para el ingreso del grupo argentino a la petrolera. Petersen había contraído la deuda con el compromiso de liquidar el ingreso a partir de los giros de dividendos, pero una vez que se reestatizó la empresa, el Gobierno prohibió la distribución de ganancias. Como el Grupo Petersen no contaba con los dólares para seguir con los pagos, y ante la imposibilidad de tomar deuda en el exterior a tasas razonables, presentó Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en concurso en Madrid. Es en ese momento en que entra en acción Burford. Compró la causa a la Justicia española en menos de u$s30 millones, reclamando por la manera en que el Gobierno nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego de que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Esta frase es ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Temas

Dejá tu comentario