Política

CGT amenaza denunciar al Gobierno por presunto desvío de $8 mil millones

Se trata del monto que los gremios cedieron para un plan universal de salud y cuyo destino ahora se niegan a convalidar. Rubinstein desmiente cambios.

La CGT y el Gobierno se trenzaron en una controversia por el aparente desvío de unos 8 mil millones de pesos adeudados a las obras sociales y que la central había cedido a favor de un plan de salud para personas sin cobertura. La disputa amenaza con llegar a la Justicia y tensar la relación en el tramo final de la campaña electoral, y parte de un decreto firmado en 2016 por Mauricio Macri que debía asignar la totalidad de la deuda acumulada en la gestión anterior pero que no fue cumplido por el Ejecutivo.

La pulseada gira en torno de las inversiones comprometidas por el Gobierno como parte de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un programa que lanzó el jefe de Estado en 2016 con el alegado propósito de “disminuir las desigualdades de salud entre las jurisdicciones y los distintos tipos de cobertura” y garantizar “que todas las personas tengan acceso gratuito a servicios integrales, adecuados, oportunos y de calidad cercanos a su domicilio, independientemente de dónde vivan o su condición socioeconómica”.

Como parte del financiamiento de la CUS, la CGT había aceptado en el primer decreto, el 908/16, ceder $8 mil millones de una deuda total que la misma normativa había cifrado en 30 mil millones de pesos, acumulada en años anteriores por las gestiones de Néstor y Cristina de Kirchner. A partir de entonces se creó un fideicomiso de afectación específica de esos recursos y una Unidad Ejecutora con la participación de dos miembros por la central obrera, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Carlos Frigerio (cerveceros), dos por el ex Ministerio de Salud (actual Secretaría de Gobierno) y dos por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Lingeri y Frigerio le confirmaron a este diario que hasta ahora no firmaron el plan de inversiones presentado por el Ejecutivo. El dirigente cervecero fue más allá en la queja: “el área de Economía mandó el fondo al presupuesto general de Salud y estamos estudiando si tiene jerarquía para hacerlo. Ese fondo salió de los trabajadores y según el DNU (908) del Presidente tenía como fin específico mejorar la política de infraestructura para la atención de 15 millones de argentinos que están fuera del sistema, y no para gastos corrientes”.

Los gremialistas sospechan que el Ejecutivo desvió los recursos y sólo hará inauguraciones de obras y anuncios relacionados con la campaña electoral pero sin tomar en cuenta los compromisos asumidos con la CGT como entidad responsable de haber cedido los fondos. “Estamos enojados y vamos a analizar una recurso de rechazo”, amplió Frigerio.

Rubinstein, por su parte, negó que se hubiese producido un cambio administrativo del fondo destinado a la CUS y afirmó que “todos los gastos son elegibles (es decir, de afectación específica según el decreto) y tienen que ver con la ampliación y fortalecimiento de la estrategia de cobertura universal”. Cerca del funcionario minimizaron las quejas del sindicalismo y las adjudicaron a chicanas previas a la negociación pendiente en la Unidad Ejecutora, ya propias del escenario preelectoral.

El funcionario, de todos modos, admitió que en la actualidad los fondos de la CUS se mantienen en 8 mil millones de pesos (es decir, el monto original que cedió la CGT en nombre de las obras sociales sindicales) y que desde agosto de 2016, cuando se publicó la normativa, sólo se gastaron por ese concepto los intereses devengados del valor inicial.

La negociación de la administración Macri con la CGT por los 30 mil millones iniciales que permanecían retenidos desde la gestión previa signó buena parte del vínculo bilateral. El monto se había acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que retiene parte de los aportes de los afiliados de las obras sociales sindicales para el posterior financiamiento de enfermedades complejas y medicamentos de alto costo. Tras un primer DNU en 2016, que no liquidó en absoluto la deuda, Macri firmó en abril pasado un nuevo decreto que actualizaba el monto pendiente y asignaba, en teoría de manera inmediata, 14 mil millones de pesos a las obras sociales y establecía un mecanismo de distribución en un plazo de diez años de otros 18 mil millones de pesos. De hecho los compromisos asumidos (aunque luego incumplidos) por el Gobierno de distribuir los recursos trabados lograron evitar paros nacionales de la CGT en varios tramos de la gestión de Cambiemos.

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