Economía

Clásico: UIA pedirá a candidatos bajar impuestos

industriales presentarán un documento a los presidenciables. Reclaman incentivos para recuperar la actividad.

Consagrados los candidatos a las elecciones de octubre, la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Miguel Acevedo, tiene previsto comenzar a convocarlos en los próximos días para presentarles un documento con propuestas de política económica enfocadas hacia el sector manufacturero, que tienen como eje un reclamo por rebaja de la presión fiscal y de estimulos para incentivar la actividad. Entre las iniciativas figuran retomar la Reforma Fiscal de 2017, que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo que suspender para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los industriales van a reclamar la eliminación de las retenciones y la reposición de los reintegros a las exportaciones, dos medidas que adoptó Dujovne para poder alcanzarla meta de déficit cero comprometida con el organismo, aunque de claro efecto negativo sobre el comercio exterior. La primera de ellas se caerá el 30 de diciembre de 2020, tal cual lo prevé el decreto que las impuso. Los derechos a las exportaciones adicionales de un 12% con tope de 4 pesos por dólar para el campo y de tres para la industria regirá hasta el 30 de diciembre del año próximo. Y por efecto de la devaluación ya se fueron licuando. Lo que restará es que se vuelvan a otorgar los reintegros a las exportaciones, que constituían una devolución de impuestos indirectos que afectaban al precio final de un producto puesto en el exterior.

En el documento para los candidatos están trabajando los equipos técnicos de la UIA que dirige Gabriel Vienni. En el escrito se propondrá también retomar el camino de la eliminación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque. “Tenemos una propuesta para elaborar un mecanismo de toma a cuenta de otros tributos hasta que se pueda eliminar definitivamente. Entendemos que no se puede quitar de inmediato porque tendría un costo fiscal equivalente al 6% de la recaudación”, explicó Vienni, quien por ello considera que para no afectar a las cuentas públicas habrá que ir reduciéndolo de manera gradual.

Los empresarios también están preocupados por el mantenimiento del cronograma de eliminación de Ingresos Brutos acordado con las provincias que contempla su eliminación para los sectores productivos para 2023. “Con Ingresos Brutos es necesario hacer algo. Por ejemplo, en el caso de un auto le agrega hasta un 12% al precio final”, explicó.

En el único punto en que nunca pudieron llegar a un acuerdo con el actual Gobierno fue en la eliminación del régimen de Aportes a la Seguridad Social que había antes de la reforma, regulado por el derogado Decreto 814. El régimen establecía pago de menos impuesto a medida que la empresa estaba radicada más lejos de los puertos, básicamente de Buenos Aires. Con la reforma fiscal se pasó a un sistema de alícuotas unificadas (19,5%) en todo el país y un régimen de mínimo no imponible por empleado ajustable por inflación ($17.500). Las industrias del interior no terminaron nunca de aceptarlo. El pedido de regreso al “814” se mantendrá para el próximo presidente. Vienni aclaró que “el costo fiscal es bajo, del 0,3% de la recaudación”, señaló.

Para el técnico de la UIA, la recomposición del equilibrio macroeconómico no va a ser suficiente para poner a la industria de nuevo de pie. “Todavía se ven fuertes caídas de la actividad o estabilidad, pero ya se está comparando con meses donde la actividad ya era baja”, advirtió. Dijo que el próximo gobierno tendrá que “generar condiciones estructurales para que la demanda externa (pensando en la exportación) pueda traccionar la actividad”.

En cuanto al financiamiento, los empresarios reconocen que dada la coyuntura no va a ser posible que haya una rebaja de la tasa de interés, pero para el corto plazo proponen mantener los planes de bonificación de tasas que ya practicó el Ministerio de la Producción. Pero tienen una aspiración de máxima para el largo plazo: el retorno de las líneas de Crédito Productivo que el Banco Central obligaba a los bancos privados a otorgar a las pymes.

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