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Código Penal: Garavano defendió el despojo de dogmas en la redacción

El oscilante funcionario dio una nueva voltereta y ayer dijo que el Ejecutivo desea una aprobación en la Cámara alta durante el corriente período de sesiones ordinarias.

Después de varias idas y vueltas, el Ejecutivo pudo presentar en el Senado, y de manera formal, el anteproyecto de nuevo Código Penal, que tiene entre sus objetivos modernizar el de 1921, tras más de 17 intentos fallidos; sistematizar las casi 900 leyes especiales; y ampliar criterios para delitos actuales, como los trasnacionales y los ciberdelitos. El encargado de representar a la Casa Rosada en la Cámara alta fue el oscilante ministro de Justicia, Germán Garavano, quien destacó que la iniciativa “es la posible, basada en la ida cotidiana”, y dejó claro que no se trata de “una construcción en abstracto o dogmática, sino una que nos va a permitir vivir en paz, respetar la ley y tener un futuro mejor”.

En los últimos meses, Garavano se aventuró con este proyecto y después fue uno de los principales responsables en cuanto a la demora de su envío al Congreso. Días atrás, dijo que no había “urgencia” para que se aprobara el texto en cuestión, ya que esperaba un “tratamiento serio y profundo”. Muchos senadores no piensan igual y buscarán empujar su aprobación antes del final de las sesiones ordinarias del 30-11. Esa postura es la que adoptó como “deseo” ayer el ministro de Justicia, en una nueva voltereta legislativa. Por caso, a fines del año pasado y durante el verano, tropezó en varias ocasiones con el régimen penal juvenil y abandonó a los legisladores de Cambiemos durante el debate de la ley para luchar contra las barras bravas, que luego fracasó.

Durante su disertación en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado -que comanda el peronista Pedro Guastavino-, el funcionario nacional señaló que el Gobierno decidió “enviar sin reformas el texto y respetar el trabajo de la comisión”. Sin embargo, a los pocos minutos explicó: “Hay un pequeño aporte desde el Ejecutivo y de nuestro ministerio sobre propuesta para modificar un artículo, el 275, sobre falso testimonio. La idea es establecerlo como un delito contra la administración de la Justicia. Mentir a la autoridad dolosamente es algo que sólo nuestro país ha ido admitiendo en sistema, y genera un daño enorme. Hay que dejar atrás costumbre de que se puede mentir y que no tiene consecuencias”.

El ministro también amplió los alcances de la iniciativa en cuanto a la consolidación de tipificaciones sobre violencia de género, regulaciones medioambientales, represión al narcotráfico y organizaciones delictivas, corrupción y delitos de lesa humanidad -los últimos, imprescriptibles-, entre otras. Además, agregó la “innovación valiosa” en cuanto a conductas temerarias que derivan en siniestros viales.

Por su parte, el camarista federal y jefe de la comisión redactora del proyecto, Mariano Borinsky, aclaró sobre la interrupción voluntaria del embarazo que “se tomó en cuenta el debate en el Congreso” de 2018 -aprobación en Diputados y rechazo en Senado- y se siguió el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia al “incorporar el supuesto del fallo FAL” para “situaciones de aborto no punible”. No obstante, reiteró que “se incorpora una cláusula según la cual la mujer podrá ser eximida de la pena de prisión”, lo cual generará un fuerte debate en ambas cámaras.

Durante el convite también se recordó la figura de enriquecimiento ilícito para enjuiciar a funcionarios públicos y personas obligadas a la ley a presentar declaraciones juradas, como por ejemplo, los titulares de obras sociales. También hubo una advertencia de uno de los miembros de la comisión redactora en cuanto al sistema penitenciario explotado, en particular, en la provincia de Buenos Aires.

Mariano Casal

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