Política

Con anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial presentado, turno del Congreso

Reforma con incidencia sustancial para todos los litigios en los tribunales civiles y comerciales. Aumento de la oralidad y rapidez en la resolución de conflictos. "Aggiorna" todos los procedimientos vinculados a la unificación del código vigente desde 2015. Tendrá que pasar por trámite legislativo como el Código Penal.

Lejos de los reflectores públicos pero con importante gravitación, finalizó la redacción del anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que pretende actualizar todas las normas que regulan los procedimientos para litigar ante esos tribunales. Su incidencia está en agilizar y modernizar la tramitación de causas en materias que rigen el derecho para personas físicas y jurídicas. Suele decirse que es tan importante porque de esta codificación regula derechos desde antes de nacer hasta después de la muerte. Tres años demandó el proceso de compilación del nuevo articulado en los que trabajó una comisión de veintiún expertos. El ministro de Justicia Germán Garavano podrá considerar alcanzado uno de los objetivos del programa Justicia 2020 con la entrega del anteproyecto. Sin embargo, tal como sucede con el nuevo Código Penal, su discusión y aprobación final por parte del Congreso estará atada a vaivenes políticos.

Garavano afirmó que “es una necesidad imperiosa modificar un Código Procesal aprobado en 1968, que quedó desarticulado con la entrada en vigor en 2015 del nuevo Código Civil y Comercial”. Esa modificación sustancial había tenido como protagonista del equipo de expertos al entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 y de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil que impulsa el Ministerio, expresó que “reformar el proceso civil es cambiar los resultados que la Justicia entrega a la sociedad. La gente debe poder ver al juez cara a cara, recibir una sentencia en plazos de unos pocos meses, y entender lo que sucede en el proceso judicial que la involucra”.

En lo conceptual, las innovaciones tienen relación a los roles asignados: oralidad (en los procesos civiles), juez con rol de director del proceso y con obligación de asistencia a audiencias, ciudadano como epicentro del “look and feel” del sistema de administración de justicia.

La Comisión Redactora del anteproyecto elaboró en 2017 las “Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial”. Este documento fue debatido en todo el país, y presentó los puntos de consenso para el anteproyecto. Se tuvo en cuenta también los resultados de la oralidad civil efectiva que ya se implementó en 15 jurisdicciones con la asistencia del Ministerio a cargo de Garavano, entre ellas, la Justicia nacional en lo civil. En la presentación, los juristas María Lilia Gómez Alonso, Patricia Bermejo, Mario Kaminker y Eduardo Oteiza coincidieron en señalar que elaboraron un texto novedoso, no una reforma del código vigente, poniendo al usuario en el centro del sistema.

Por su parte, los expertos Jorge Peyrano, Mabel de los Santos y Roland Arazi, destacaron el clima de trabajo de la Comisión Redactora, mientras que Rubén Calcaterra hizo lo propio respecto al valor de la experiencia desde su perspectiva de la teoría del conflicto. Asimismo, tomaron en cuenta la codificación procesal de Latinoamérica y de Europa como ejemplo de vanguardia, así como las experiencias de estos países en la implementación práctica de este tipo de reformas.

Novedoso: se incorpora la obligación de decir la verdad para las partes, la buena fe y lealtad no son sólo principios programáticos, sino que se los plasmó en normas operativas; así como la participación de amigos del Tribunal en los procesos civiles y comerciales como una forma de abrirse a la sociedad. Los abogados tendrán un rol diferencial al que vienen sosteniendo ahora en la práctica. Debieran ser partícipes del arribo a la solución del conflicto como una suerte de auxiliares del proceso. La oralidad efectiva, la dirección de las audiencias por parte de los jueces y la videograbación como registro, serán fundamentales para obtener procesos rápidos en cuestiones sencillas o urgentes y evitar largos juicios, hoy una regla en los tribunales.

Además, el texto incorpora el proceso monitorio - que tiene por objeto la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe contradicción-, dando lugar a juicios muy simplificados si no se plantea defensa; la eliminación del soporte papel y su reemplazo por el expediente electrónico. En tanto, presenta novedades como la simplificación de estructuras y de actos procesales y de las vías recursivas como las apelaciones. Con estas novedades se busca evitar procesos burocráticos en los que la actuación judicial termina siendo sólo lo que se presenta en un papel, asimilando el expediente al juicio, alejando al juez del conflicto y perdiendo de vista la solución de la controversia en el menor tiempo posible.

Una vez aprobado, el nuevo Código regirá para todos los juicios civiles y comerciales de la ciudad de Buenos Aires y de los juzgados federales del interior del país. Incluye juicios por accidentes de tránsito, desalojos, daños y perjuicios, malas praxis, cobros de facturas, reclamos por contratos incumplidos que tramiten en estos juzgados.

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