23 de agosto 2019 - 00:00

Con Santa Cruz, crece pelotón petrolero contra freezer a naftas

Mandatarios engrosan embestida contra decreto de Mauricio Macri que congeló precio por 90 días. Máximo tribunal pidió dictamen a Procuración.

Alicia

De la mano de su propia presentación, el Gobierno de Santa Cruz engrosó ayer al trío de provincias petroleras que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el miércoles para que declare la inconstitucionalidad del decreto de Mauricio Macri que estableció el congelamiento de los precios de los combustibles por un plazo de 90 días, lo que -advierten- afecta regalías y pone en peligro inversiones en el sector.

Con una acción de amparo elevada sobre el filo del cierre del horario judicial ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo Tribunal, el distrito que gobierna la justicialista Alicia Kirchner se sumó así a los planteos realizados por los mandatarios Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén), Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y el justicialista Carlos Verna (La Pampa), que ayer fueron girados a la Procuración General de la Nación para que dictamine sobre la competencia o no de la Corte en este asunto.

En la misma sintonía de las presentaciones del miércoles, Santa Cruz pidió al máximo tribunal que declare la inconstitucionalidad de la norma por “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”.

Para el Gobierno santacruceño. el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19 que dispuso el congelamiento “es inconstitucional por violentar” la Carta Magna nacional y “quebrantar” el régimen federal de hidrocarburos, como así también “normas básicas del procedimiento administrativo”.

En un escrito de 49 hojas, que presentó a la Corte Graciana Peñafort como apoderada de la provincia, la administración de Alicia Kirchner apunta contra ese decreto de Macri, “por el cual se fijó en forma unilateral por parte del Poder Ejecutivo de la Nación un precio tope que reemplaza al real o ´efectivamente´ obtenido por el concesionario”. “Y la regla de oro en materia de pago de regalías, en virtud de la cual -siguiendo el criterio de la propia Secretaría de Energía de la Nación- el valor boca de pozo se liquidará en función del valor del producto obtenido por el concesionario en sus operaciones de comercialización”, agrega, respecto de las violaciones que -afirman- genera el decreto.

Una vez que el Procurador se expida, para lo cual no existen plazos formales prefijados, la Corte deberá determinar la admisibilidad o no de los recursos y, en caso de que la acepte, dar curso a los expedientes.

Por su parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, la peronista Rosana Bertone, confirmó ayer que la provincia presentará el próximo lunes una demanda en este sentido. La mandataria remarcó que la medida afecta los ingresos por regalías, y precisó que en su provincia supone una pérdida de $89 millones, a lo que “hay que agregarle los efectos en la reducción de la actividad por menor cantidad de inversiones”.

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