Política

Congreso: casos de pornografía infantil agitan presentación formal del nuevo Código Penal

Desde el Senado impulsan la creación de una comisión bicameral sobre cibercriminalidad y un Instituto de Ciberseguridad.

Los siniestros casos relacionados con pornografía infantil de las últimas 48 horas agitaron las aguas en el Congreso, donde hay varios proyectos que están en espera desde hace días, meses y años. Todo, en el marco de la presentación formal del nuevo Código Penal que hará el martes próximo el ministro de Justicia, Germán Garavano, durante una reunión informativa de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

El proyecto enviado por el Ejecutivo, craneado durante largos meses por una comisión que encabezó el camarista federal Mariano Borinsky, fue demorado por el Ejecutivo en varias ocasiones. Ahora, en plena campaña electoral a la vista, la mejor opción que se visualiza en el Congreso es una aprobación antes de fin de año en el Senado. Encima, la iniciativa contiene la polémica por la interrupción del embarazo, con penas vigentes que podrá quitar el juez según cada caso.

Mientras se espera la exposición de Garavano, hay senadores que reflotaron proyectos que perdieron estado parlamentario e incluso presentaron ayer nuevas iniciativas. Por caso, la neuquina Lucila Crexell volvió a empujar en marzo pasado un texto que le enviaron a siesta desde 2017 y que establece la creación de una comisión bicameral sobre cibercriminalidad para el estudio y elaboración de “propuestas legislativas vinculadas con los delitos informáticos cometidos a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las cuestiones procesales que se requieran para el esclarecimiento de esta modalidad delictiva”.

Dicha comisión podrá “requerir el asesoramiento técnico y administrativo” de los poderes Ejecutivo y Judicial, y del Ministerio Público de la Nación, “como también de especialistas de reconocidos antecedentes académicos y profesionales en materia de cibercrimen”. También tendrá a su alcance “instrumentar los mecanismos necesarios que aseguren la participación de universidades, academias, institutos y organismos especializados en la materia objeto de tratamiento”.

Tras recordar lo realizado en las últimas décadas sobre esta cuestión -resaltó, en última instancia, el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática activado en 2016 por la cartera que comanda Garavano-, la senadora señaló que varias herramientas actuales quedaron desactualizadas “ante el progresivo e importante avance de las innovaciones tecnológicas y las nuevas modalidades delictivas tales como la tenencia de pornografía infantil, el robo de identidad digital y robo de datos (phishing, pharning ransom ware), ciberacoso y hostigamiento (cyberbullying), publicación ilegítima de imágenes íntimas (pornografía de venganza), sexting, entre otros”.

Crexell también dijo que “atento a la complejidad y particula-ridad que presentan los delitos informáticos, es necesario instrumentar mecanismos procesales pertinentes y contar con instrumentos de cooperación y coordinación eficaces que permitan tanto a magistrados como a funcionarios judiciales efectuar investigaciones expeditivas a fin de preservar los elementos de prueba referentes a los causas que instruyan”, y agregó: “De ahí que se requiera disponer de un marco legal sustantivo y procesal adecuado que regule la tipificación de los delitos informáticos, como también los aspectos procesales implicados en las causas penales referentes a estos delitos a fin de disponer de herramientas técnicas para la prevención, investigación y persecución de aquellos”.

En las últimas horas, Crexell lanzó otro proyecto para instalar un Instituto de Ciberseguridad Argentino (InCibAr) como “un ente descentralizado con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete” para “lograr un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de información dentro del territorio nacional”. Para la legisladora neuquina, se debe garantizar “un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información, teniendo en cuenta los graves incidentes que se pueden ocasionar a partir de los ataques y amenazas a los que se encuentra expuesta la infraestructura digital”.

Por otra parte, la senadora sostuvo que para la iniciativa en cuestión “se han tomado en cuenta los principios y objetivos establecidos en la creación del Instituto de Ciberseguridad de España (InCibE), cuyos logros en materia de seguridad de las TIC han sido destacados no sólo a nivel nacional, sino también internacional”.

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