Edición Impresa

Congreso: desafuero de Ayala rememora calesita massista y descuidos hacia reglamento

La diputada radical alentó durante varios meses con renunciar a la inmunidad de arresto, decisión que corresponde al pleno de la Cámara baja. ¿Qué dicen la ley y la Constitución?

Las idas y vueltas que dio en los últimos meses la diputada radical Aída Ayala (Chaco) con el pedido de desafuero y de prisión preventiva solicitado por la Justicia rememoraron la extraña calesita massista de 2017 para “renunciar” a la inmunidad de arresto, algo que en realidad le corresponde realizar al pleno de la cámara que integra la legisladora. La situación vuelve a pincelar el poco apego de los legisladores al reglamento y a la ley.

Ayala está procesada y con solicitud de prisión preventiva por una causa relacionada con la concesión de recolección de residuos en 2014, cuando fue intendente de Resistencia. Los delitos involucrados son negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos, entre otros cargos que aparecen en el expediente original que instruye la jueza Zunilda Niremperger.

Primero, Ayala dejó en claro que activaría la “renuncia” de sus fueros, situación que nunca ocurrió. Ayer, la diputada entró en razón -a medias- y señaló: “Lo tiene que resolver la cámara de Diputados. Yo no me escudo en los fueros. Yo puedo decir que renuncio a los fueros pero no puedo porque no son míos”.

La intervención del cuerpo legislativo es clara, tal como explica la ley 25.320. En el segundo artículo se manifiesta que “la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días”. Aún queda el vacío en cuanto a si son días de corrido o hábiles. La última interpretación la tuvo el Senado el año pasado para el pedido de desafuero de Cristina de Kirchner en la causa del memorando con Irán. En caso de no existir dictamen de comisión, la cámara -el pleno- involucrada debe tratar el asunto dentro de los 180 días de ingresado el pedido judicial. Esto ocurrió con la expresidenta pero la sesión ni siquiera tuvo quórum.

Distinta situación se daría si un diputado o senador es “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”, tal como marca el artículo 69 de la Constitución nacional. Ante dicho panorama, el tercer artículo de la ley 25.320 detalla: “El tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero”.

“Soy una trabajadora que vivo de mi sueldo. Se me acusa de enriquecimiento ilícito y no soy rica ni ilícita. Tengo una casa y un auto que están embargados”, aseguró ayer Ayala, quien además agregó: “Puse a disposición los fueros. Lo ideal sería que la Justicia resuelva y que condene esa pericia que dice que no hay lavado y que no existe”.

En 2017, el entonces diputado Sergio Massa armó un show con esta situación e incluso empujó una sesión que no tuvo quórum. Tras el fracaso del convite, el jefe del Frente Renovador -hoy en busca de mostrarse cercano al peronismo- lamentó en esa ocasión que “ni los diputados de Cristina -de Kirchner- ni los diputados de -Mauricio- Macri, que bajaron corriendo al recinto para aumentarse 30 lucas” las dietas “no hayan venido a votar el desafuero de todos los diputados, a renunciar a los fueros tal como se había comprometido el propio presidente de Cambiemos”. En realidad, se refirió en ese entonces al líder del PRO, Nicolás Massot, quien también cayó en la trampa mediática y lejana a lo que dice la ley.

Fin de plazos

La confirmación del pedido de prisión preventiva contra la diputada Aída Ayala activó las alarmas estivales del oficialismo. A pesar de una eventual apelación de la legisladora radical, los jerarcas de Cambiemos ya cranean el corto plazo para este tema: si la inminente presentación de la exintendenta de Resistencia no tiene efecto positivo, se le pedirá la renuncia para evitar un desafuero durante primeros días de marzo, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

“Casación pidió un nuevo fallo y no es lo que aparece en la sentencia de la Cámara de Resistencia, por lo cual está despejado el camino para la queja o apelación. Lo que pasó en las últimas horas fue un mamarracho. Sin embargo, si la diputada no tiene éxito en su defensa, lo lógico sería que renuncie antes de marzo. Si no, durante los primeros días de sesiones ordinarias estaríamos en condiciones de avanzar con su desafuero, ya que no habrá mayor margen para estirar el tema”, señalaron el martes pasado a Ámbito Financiero desde la “crema” de Cambiemos.

Esta decisión reacomoda, en principio, el descontrol que existió en el bloque de Cambiemos en Diputados en 2018, desde que se inició la solicitud del desafuero de Ayala. Hasta diciembre pasado, el único socio oficialista que planteó la necesidad de avanzar con el desafuero en caso de confirmaciones de la Justicia fue la Coalición Cívica.

La Unión Cívica Radical entró en un cono de silencio por estos días y el PRO se encontró con legisladores decididos y otros muy dubitativos. Desde el comando del macrismo, Nicolás Massot y Silvia Lospennato evitaron dar precisiones en cuanto a directivas de Casa Rosada.

Ayala también recordó ayer: “Estuve tres veces internada, con muchos problemas de salud por esta causa. Estoy medicada y yendo al psicólogo por depresión, pánico y problemas de digestión”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario