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Congreso inicia un tardío debate sobre ética pública

Con el shutdown a la vista de los legisladores por el cierre de listas nacionales y la campaña presidencial, la Cámara de Diputados comenzará a debatir de manera tardía la reforma integral de la ley de ética pública, tras las modificaciones que realizó el cristinismo en 2013, que dejaron graves fallas en el sistema. El demorado texto que el Ejecutivo envió a inicios de marzo pasado se analizará en la comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda Pablo Tonelli (PRO).

Una de las trabas principales que tendrá el proyecto y por el cual puja la oposición son las nuevas obligaciones que se imponen a sindicatos, tema que mira de cerca la Coalición Cívica, que de la mano de Elisa Carrió apuesta a no negociar ni un tramo de esa cuestión, en la que también titubeó el Ejecutivo durante largos meses vía el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Sobre este conflicto, la titular de la Oficina Anticorrupción, aura Alonso (PRO), dijo que la presentación de declaraciones juradas “busca promover más transparencia para un mejor y mayor control ciudadano”, y remarcó que para esos casos, lo que se intentará reformar son dos artículos de las leyes de Asociaciones Sindicales y la de Obras Sociales.

A mitad de marzo pasado, Alonso fue a un plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Allí, junto al “secretario de fortalecimiento institucional” de Jefatura de Gabinete, el “lilito” Fernando Sánchez, señaló: “La -ley- de 1999 fue una buena ley para la época, muy ponderada entonces en la región, pero que ha tenido una implementación errática en los distintos poderes del Estado, que sufrió una reforma parcial negativa en 2013 y que merece una actualización”.

Luego, Alonso destacó: “Este proyecto regula, de manera integral y uniforme, a todos los poderes del Estado. Prevé normas específicamente aplicables tanto al Ejecutivo, como al Legislativo, al Judicial y al Ministerio Público, destacando la naturaleza diferenciada de cada uno pero entendiendo que hay cuestiones comunes a todos los funcionarios públicos”.

Sobre las declaraciones juradas, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) dejó en claro que se controlarán y verificarán anualmente, y se establecerá un formulario electrónico único para todos los poderes del Estado. En cuanto a los conflictos de intereses, Alonso informó que “como novedad, se prevén más prohibiciones y restricciones a los funcionarios de más alta jerarquía” como presidente y vice, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios.

En marzo, la funcionaria también detalló: “Todos los poderes del Estado están obligados a designar o crear un organismo autárquico como autoridad de aplicación. Este diseño se inspira en el ya aprobado por este Congreso en el caso de la ley de Acceso a la Información Pública, que ha demostrado ser viable y efectivo”.

Por último, advirtió que “nueve provincias no tienen Ley de Ética pública, y de las restantes, algunas tienen leyes muy viejas que no cumplen con estándares mínimos de constitucionalidad post reforma de 1994”.

Desde el Frente para la Victoria, la cristinista María Emilia Soria apuntó a Alonso y reclamó “contar con una OA que sea verdaderamente una oficina independiente”, e hizo hincapié en que “no se exige que se declaren las sociedades off-shore, no es un detalle menor”. “No nos alcanza con un proyecto en el que el Poder Ejecutivo sea el encargado de controlarse a sí mismo; tenemos numerosos proyectos que van en el sentido de delegar al Congreso o a la oposición. Vamos a insistir en que sea más estricto”, agregó la legisladora rionegrina.

En tanto, desde el massismo, la gremialista Carla Pitiot criticó que el punto referido a conflicto de intereses contemple sólo el cuando hay un 20% de la participación societaria -”no tiene que poseer nada”, disparó-, y también solicitó “una Oficina Anticorrupción independiente del poder político”.

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