El Consejo de la Magistratura activó un operativo de prevención para intentar encarrilar el “traslado” de jueces, movimiento que le permitió en los últimos años al Gobierno estirar al límite los reglamentos para lograr enroques estratégicos, sobre todo en la codiciada Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py. A instancias del consejero juez Alberto Lugones –integrante de la opositora “lista Celeste”- se aprobó en la Comisión de Reglamentación del órgano de selección de magistrados un nuevo formato que incluye requisitos más estrictos para permitir la mudanza entre juzgados y exige avales imposibles de alcanzar sin consensos políticos amplios. Por un lado, apuntó a conjurar la discrecionalidad con la que el sistema funcionó hasta ahora, pero también establecerá limitaciones para que esa herramienta no pueda ser replicada por una futura administración en la Casa Rosada. Este jueves, los consejeros deberían votar su inclusión en el temario para terminar aprobándolo en el plenario del 26-S.
Consejo busca ahora limitar los "traslados" de los jueces federales
Acuerdo del Senado y dos tercios de los consejeros, además de la voluntad del Ejecutivo. Si ingresa en temario solo requiere 7 votos para aprobarse el 26-9. Interrogantes sobre el destino de los cargos que impuso Cambiemos.
-
Patricia Trotta es candidata a presidir el Colegio Público de la Abogacía y enfrenta a Gil Lavedra
-
Mauricio Macri asume este martes como nuevo presidente del PRO
En el nuevo formato, los jueces que pidan traslado deberán contar primero con luz verde del Poder Ejecutivo, que debe emitir una opinión favorable, tal como sucedía hasta ahora como único requisito previo. Pero si por caso el traslado “importa una competencia más amplia o distinta a la que ejerce el solicitante, se requerirá acuerdo del Senado de la Nación”. La nueva restricción aparece para quienes “saltaron” de la denominada justicia nacional (de competencia territorial acotada) al fuero federal, tanto en tribunales de revisión como de juicio oral. Es el mismo camino que siguen los pliegos de magistrados que emergen de un concurso. Y le agrega que “para aprobar el pedido, el Plenario requerirá mayoría calificada de dos tercios”, lo que significa un cambio sustancial a la actual mayoría simple que el bloque oficialista tenía garantizada para mover piezas dentro de Comodoro Py. Después de todo ese proceso, el Ejecutivo volvería a intervenir para dictar el decreto de designación para efectivizar el traslado. La conclusión es que los traslados seguirán existiendo, pero indefectiblemente los nombres requerirán acuerdos políticos.
La lectura de los jueces es que, hasta ahora, no solo no se cumple con la garantía de juez natural, sino que tampoco cuentan con la “estabilidad” necesaria los “trasladados” bajo el mecanismo vigente. De hecho, el ejemplo cuenta con nombres propios. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resultaron escogidos a propuesta del oficialismo pero sus decretos de designación están a tiro de ser revertidos por la misma vía. Algo similar con los magistrados que –con una ley del Congreso- transformaron sus Tribunales Orales en Tribunales Orales Federales. Y con el pasaje de Carlos Mahiques desde el fuero ordinario a un sillón en Casación Federal, donde hoy es presidente. Los resultados de las PASO agitaron el avispero respecto al futuro de esos cargos en caso de un cambio de signo político. Es un interrogante, además, qué podría pasar si se aprueba el nuevo reglamento la próxima semana pero con respecto a quienes ya fueron “trasladados” bajo la modalidad menos restrictiva. En el Consejo afirmaban que esta era la única manera de cumplir con la Acordada N°4 de la Corte que pulverizó el TOF 9 y cuya letra era crítica respecto de la política oficial de “conversión” de jueces.
A favor de la modificación propuesta por Lugones votaron también el consejero académico Diego Molea, la senadora radical Inés Brizuela y Doria, y la abogada Marina Sánchez Herrero. El único por la negativa fue el juez Juan Manuel Culotta. Por eso, incluyendo a oficialistas dentro del paquete, se descuenta que si el tema escala al plenario obtendrá los 7 votos necesarios para ser adoptado por el Consejo de manera definitiva. Hoy, el Gobierno no está en condiciones de hacer fuerza en contrario, dado que tras las PASO, el bloque oficialista –que ya había bajado el perfil luego del recambio de representantes- entró en dispersión y comenzó en modo de cálculo a futuro de cómo quedarán orientadas las poltronas a partir de diciembre.
Dejá tu comentario