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Contadores, Ganancias y los efectos distorsivos

La reforma tributaria en ciernes suma o resta de acuerdo al cristal con que se mire. Una mirada es desde la óptica política al marcar un punto de partida para la campaña de las elecciones del año próximo, desde la gremial el beneficio es muy tentador para el bolsillo más allá del ahuecamiento de recursos que puede producir, desde la económica algunos ven que la generosidad de la masa que se trasladaría al consumo (que produce una merma fiscal de $ 132.000 millones según Abad en el Senado) no consigue satisfacción aún con lo que recaudarían los impuestos creados. Y así cada prisma dará su visión.

El tema es que en materia tributaria si bien deben considerarse los efectos económicos de los tributos cuando se implementan, del mismo modo cuando se modifican, en particular en nuestro régimen impositivo saturado de parches que le fueron quitando armonía y equidad. Porque cuando una reforma se aplica en beneficio de unos y en desmedro de otros, estos últimos deberán responder por esa falta de recaudación. Y esa situación se remarca con el proyecto bajo debate ya que mientras beneficia al sector asalariado mantiene la brecha con los trabajadores autónomos que a través de los años se fue agigantando instaurando un tratamiento desigual entre ambos sectores de trabajadores.

De cara a esta iniciativa con media sanción de Diputados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCECABA) puntualizó algunos aspectos, desde una visión técnico práctica, que sólo otorga la experiencia, enfocado en los efectos distorsivos que provoca la modificación en la estructura tributaria integral.

La entidad profesional entiende que resulta imperioso establecer un ajuste automático de los montos de las deducciones personales y que fueron considerados en forma insuficiente, en las deducciones, los gastos en educación. Más aún, señalan que el proyecto lejos de simplificar el cómputo de deducciones, se introdujeron fórmulas de difícil discernimiento y aplicación, dificultando el cálculo de lo que cada empleado va a cobrar ante cambios nominales en su salario. En cuanto a la eximición de las horas extras como parte de la base imponible del Impuesto a las Ganancias podría generar prácticas irregulares en la determinación de sus cuantías.

Con relación a los nuevos impuestos que se propician manifiestan su desacuerdo pues lo ven como un paso atrás en materia de principios de técnica tributaria universalmente aceptados: crea impuestos para compensar la baja de otros.

A manera de ejemplos puntuales sobre las reformas del proyecto dejan en claro que el impuesto a las Letras del Banco Central (Lebac) es un desincentivo al ahorro, ya que debilita a estos instrumentos financieros que a su vez son sustituibles por otros títulos públicos exentos. En este orden lo mismo ocurre con los plazos fijos, en cuanto a desincentivarlos ya que se pretende gravar la renta nominal sin considerar su valor en términos reales, es decir, la depreciación que en ella produce la inflación.

Tampoco están de acuerdo en gravar el juego por ciertos efectos distributivos del mismo, la concentración de la carga tributaria y, particularmente, por el número importante de puestos de trabajo.

Una cuestión inentendible le resulta a los contadores el restablecimiento del impuesto del 10% a los dividendos ( que fue recientemente eliminado por la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal) que es un sobrecargo que se suma a la tasa de 35% que se paga en cabeza de la empresa, que entre ambas tasas producen una tasa total de 41,5%, lo que agranda más esa brecha y genera señales confusas y de inseguridad jurídica frente a la inversión.

Finalmente, gravar los inmuebles improductivos produce un cambio en las reglas de juego para quienes han decidido blanquear parte de su patrimonio, confiando en la estabilidad de las instituciones del país.

Un tema no menor destaca el Cpcecaba al resaltar que el orden del día para las sesiones extraordinarias el tema sólo se circunscribió a las deducciones (art. 23) y las escalas progresivas (art. 90), dejando fuera el tratamiento del resto de los artículos de la Ley y la introducción de nuevos impuestos. Con lo cual la entidad visualiza que un eventual veto del proyecto tendría raíces definitivamente jurídicas antes que políticas.

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