Política

Corta vida para DNU que redujo indemnizaciones por riesgos de trabajo: cautelar lo suspende

Doble revés desde la Justicia laboral: un magistrado dio luz verde a la suspensión de sus efectos hasta que se defina si es o no constitucional. Otro magistrado, en un caso específico, y a través de un duro fallo, lo consideró "inconstitucional". Apelación a Cámara con destino incierto en Corte y queja de ART.

El DNU que dictó el presidente Mauricio Macri para modificar el índice de cálculo para las indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo o invalidez tuvo una duración efímera. Oficialmente, en vigencia a partir de ayer, el decreto fue suspendido en sus alcances por la Justicia laboral que otorgó una medida cautelar, mientras define la cuestión de fondo que es su presunta inconstitucionalidad al haber eludido el trámite en el Congreso y a legislar de manera retroactiva respecto a las demandas contra las ART. A partir de una demanda iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), y con un dictamen en el mismo sentido del fiscal subrogante Gabriel De Vedia, el juez del fuero laboral Fernando Vilarullo dejó en suspenso su validez. No fue el único revés en el mismo día: horas antes, se conoció que el juez Alejandro Aníbal Segura lo declaró directamente “inconstitucional” en el marco de un expediente particular que involucraba como parte demandante al periodista deportivo Miguel “Tití” Fernández. La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo replicó las decisiones judiciales y volvió a remarcar la “exorbitancia de las tasas de interés” que amenaza al sistema y a los propios trabajadores.

Vilarullo concedió la cautelar compartiendo los argumentos de De Vedia y considerando legitimado al CPACF para accionar en representación de los abogados de la matrícula. “Considero que al encontrarse invocada la tutela de los derechos de naturaleza alimentaria” no era necesario para fallar solicitarle informes al Estado. Sin adelantar opinión, el juez hizo propios los argumentos de la fiscalía, que hace dos días había concluido que “las genéricas manifestaciones expresadas en los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna”. La cuestión -que representa que el DNU no pueda aplicarse a ningún caso- podrá ser apelada pero corre serios riesgos de ser ratificada en Cámara, lo que dejaría al Gobierno a merced de un eventual pronunciamiento de la Corte, sin tiempos previstos para expedirse y con resoluciones que han ido en sentido contrario de las expectativas de la Casa Rosada.

Un paso más adelante fue la resolución de Segura -firmada el lunes- respecto a la demanda que inició “Tití” Fernández contra TyC Sports y Fox Sports por los problemas de salud coronarios y de estrés postraumático que padeció luego del fallecimiento de su hija e la cobertura del Mundial Brasil 2014. Precisamente dentro de esa demanda, el magistrado incluyó un pasaje lapidario: “¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva? Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de derecho civil Parte General, si hubiera tenido la suerte de estudiar”. “El Estado mediante este DNU ha conseguido transferirles las cargas de su fallida política económica a los más necesitados”, señaló Segura, que calificó al decreto de “insólito” y “regresivo”. El Decreto 669/19 quedó así declarado inconstitucional como precedente en un caso individual y suspendidos su alcances a nivel general, a través de la medida cautelar.

La UART salió a cruzar los argumentos judiciales y ratificó que el DNU “busca proteger los derechos de los trabajadores” a partir del diagnóstico de que la “astronómica suba de la tasa activa generó indemnizaciones desproporcionadas con relación al salario, desfinanciando un sistema que debe velar por la seguridad y salud ocupacional de 10 millones de trabajadores”. Calificaron de “tasa desaforada y exógena al mercado” la fijada hasta ahora por el Banco Nación y reemplazada por el DNU por la RIPTE. Defendieron su constitucionalidad referenciando un fallo de la Corte Suprema que había cuestionado la aplicación automática de tasas (en uno de los casos en los que envió señales contra la Justicia del Trabajo) y destacando que “debe primar la razonabilidad y un equilibrio entre los intereses del trabajador y el empleador”. También adujeron que el control de legalidad del DNU corresponde a la Comisión Bicameral; que no afecta las “prestaciones” de los trabajadores (y por ende, no afecta la progresividad del sistema); y que los “intereses” no pueden considerarse derecho adquirido por lo que pueden regularse con disposiciones de menor rango normativo a las leyes. “En un momento de tanta volatilidad como el actual, en que es vox populi los valores impensados que han alcanzado algunas variables, la corrección de una de ellas, como sucede en este caso, debería generar tranquilidad y no zozobra”, indicaron a través de un comunicado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario