Política

Corte en modo "wait and see": sin prisa por petroleras pero alerta por pulso de economía

No habrá movimientos por reclamo de provincias contra congelamiento de naftas. Lo perciben como problema que debe resolver "la política". Agenda "light" para 2.° semestre dentro de 15 días.

Lejos de apagar los motores, la Corte Suprema puso velocidad crucero y se propone atravesar el escenario de crisis económica sin aparecer en los radares de la política. “Wait and see” denominaron la modalidad desde algunos despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales. El indicio lo dio la ausencia de novedades en el acuerdo del jueves pasado respecto de la oleada de demandas que interpusieron las provincias a los decretos presidenciales por el congelamiento de los combustibles por los que una quincena de gobernadores ya plantearon su embestida. La conversación de los ministros se redujo a informarse cuántos expedientes habían sido ya respondidos por la Procuración General sobre la competencia originaria del máximo Tribunal. Nunca planearon expedirse a corto plazo pese a que públicamente es el litigio de mayor visibilidad. En la Corte miran la reacción del Congreso a la revisión de los decretos y la “muñeca” del Gobierno para intentar encauzar los pataleos.

Más allá de eso, hay cuestiones formales que tampoco se cumplimentaron, más allá de la ansiedad que el tema despierta. “Nos quieren trasladar un problema de la política para que lo resuelva la Justicia”, deslizaron queja. La espera es para que se acomoden las variables sin intervenir. De hecho, hasta la semana pasada, los reclamos de las empresas petroleras –que algunos habían intuido que podían tener mayor poder de lobby- apenas si lograron salir de la mesa de entradas.

El ánimo que reina en la Corte es el de “prudencia”. Más en términos institucionales, por el escenario de fragilidad que presenta la política de turbulencia diaria. Cualquier movimiento en algún sentido ya no solo podría tener una doble lectura, sino un efecto concreto en términos de la gobernabilidad. Por esto es que alistan –sin prisa- una futura agenda de casos para el segundo semestre que no tenga como protagonista el impacto fiscal. Están delineándola entre temas administrativistas y de neto corte civil. Además, tienen un ojo puesto en el desarrollo de la propia debacle económica dentro del Poder Judicial, el tema salarial. Con sarcasmo indican que el primer “defaulteado” fue el Consejo de la Magistratura, que arrastra números en rojo y preocupa.

De todas formas, se encendieron también las alarmas en varios frentes operativos luego de las medidas adoptadas por el Gobierno sobre el control de cambios. La memoria emotiva en la Corte –no la de los jueces, sino la de los históricos habitantes del cuarto piso- remitió al recuerdo de haber abarajado toda la madeja de litigios que derivaron de la última gran crisis económica que atravesó la Argentina. La situación se perfila semejante en cuanto a tener que lidiar batallas de expedientes sobre cada una de las últimas medidas que ha adoptado el Ejecutivo. Esa consecuencia también es cíclica.

Mientras tanto, La Corte continúa firmando expedientes análogos a promedio de 400 por semana. Ese flujo ha sido incesante desde el fallo “Sosa, Carla Elizabeth y otros c/ EN-M Defensa-Ejército s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”. Desapercibido por técnico, implicó que para el personal de las fuerzas de seguridad no sea legal que se les abone el sueldo con categorías no remunerativas. El problema es que el Estado continúa pagando con la misma modalidad, lo que asegura la creación de una bola de nieve a futuro. Los pendientes en la Corte son también un indicio de no agitar las aguas: sigue sin mayorías el fallo previsional por la legitimidad del Defensor del Pueblo para entablar una demanda colectiva que pueda asimilarse a un “Badaro 2”; está flotando el planteo contra otro decreto, el que eliminó el Fondo Sojero; y si el fiscal de Estado de Santa Fe arrima el último papel para el trámite, la homologación de fondos que deberá percibir esa provincia en concepto de coparticipación adeudada. Casi nadie se atreve tampoco a mencionar el reclamo de Felipe Solá para dar de baja el decreto con el que Mauricio Macri habilitó a los familiares de funcionarios a adherirse al blanqueo. A esta altura sería una estocada mortal.

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