Política

Corte ratificó criterio para cálculo de indemnización por accidentes

Todos los jueces supremos -a excepción de Rosatti- validaron precedente para que se apliquen normas vigentes sobre actualización de resarcimientos por accidentes o enfermedades laborales. Procuración General, en contra.

La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, (Horacio Rosatti votó en disidencia), revocó una sentencia de la Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que dispuso que para el cálculo de la indemnización por accidente laboral debía aplicarse el índice de actualización que regía al momento de la sentencia de primera instancia y no el vigente a la fecha del hecho, que era el que correspondía aplicar de acuerdo con la Ley 26.773. La decisión, rubricada en el acuerdo de ayer, implica la fijación de pautas para el resto de los tribunales acerca de cómo debieran actualizarse los valores que perciban los trabajadores accidentados o enfermos por derivación de su ámbito laboral. Pero va en sentido contrario a algunos de los hechos relatados en el expediente y por los que ya se habían expedido en primera y segunda instancia, pero también en la Procuración.

El caso en particular refiere a un hombre que en febrero de 2013 fue asaltado y golpeado por delincuentes mientras se dirigía a su trabajo. Los delincuentes le generaron lesiones en la rodilla que requirieron varias operaciones. Entabló una demanda con el objetivo de ser indemnizado de acuerdo a la Ley de Riesgos del Trabajo, con una pericia le determinó una incapacidad psicofísica del 25%. En octubre de 2016, la Justicia hizo lugar a la demanda en primera instancia fijando un monto de resarcimiento de $327.285,50 más intereses, y consideró que debía aplicarse la resolución 387/E/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que preveía el mecanismo de ajuste según la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social para el período comprendido entre el 1/9/2016 y el 28/2/2017, es decir, el índice vigente a la fecha del dictado del fallo.

Pero la ART Galeno apeló argumentando que el índice que debía aplicarse era el establecido en la Resolución en 34/2013 correspondiente a la fecha de producirse el hecho que generó la incapacidad. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia por lo que la ART apeló a la Corte argumentando arbitrariedad. El reclamo fue admitido por la Corte precisamente porque debía dirimir de qué manera sería calculada esa indemnización. Así, advirtió que “el fallo de la Cámara resultaba arbitrario por haberse apartado de la solución normativa prevista para el caso”.

Y volvió sobre el antecedente del caso “Espósito” –con el que la Corte inauguró una serie de fallos para “marcarle la cancha” al fuero laboral- en 2016, y que había generado el precedente para considerar que las actualizaciones periódicas del Ministerio de Trabajo consideraba específicamente el lapso de validez por la “contingencia” sucedida. Por lo tanto, “la resolución aplicable para el cálculo de la indemnización no puede ser otra que la que comprende el período en que se produjo el infortunio”. Por ende, para la Corte correspondía utilizar para fijar el resarcimiento la normativa 34/2013.

Rosatti se diferenció de la mayoría por una cuestión formal y de fondo. Y resolvió que la apelación de la ART debía desestimarse al coincidir con las consideraciones del dictamen del Procurador. Se señaló que el recurso extraordinario no cumplía con el requisito de fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48 porque “los agravios de la recurrente no constituían una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada”. En concreto, advirtió que los planteos de la ART carecían de vinculación con la decisión que reconoció el derecho a la indemnización. Rosatti opinó que el recurso cuestionaba la supuesta actualización de la prestación mediante el índice RIPTE cuando tanto el juez de primera instancia como la cámara habían rechazado expresamente esa pretensión e, incluso, resolvieron que esa actualización solo se aplica al piso mínimo previsto por el decreto 1694/09, con cita del precedente “Esposito”. Y que la aseguradora objetó que la Cámara declarara la inconstitucionalidad del decreto 472/14 cuando, por el contrario, había sido rechazada por extemporánea.

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