Política

Corte rechaza que municipios regulen antenas de telefonía

Con votos de Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton de Nolasco, máximo tribunal sostuvo que ordenanza municipal no podía disponer el desmonte de estructuras en zonas urbanas. Indicó que las leyes que organizan las telecomunicaciones son facultad exclusiva del Estado federal. Maqueda y Rosatti, minoría.

La Corte Suprema resolvió en uno de los fallos programados dentro de su agenda que los municipios no están facultados para ordenar el traslado de antenas de telefonía celular dentro de sus territorios por tratarse de regulaciones dentro de la órbita del Estado federal. Por mayoría, que esta vez integró el titular del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz se definió que una ordenanza dictada por el municipio de General Güemes (Salta) era inconstitucional. Acompañaron su postura Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda quedaron en minoría con el argumento de que debía reconocerse la competencia constitucional de los municipios para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que –para ambos jueces- no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.

Telefónica Móviles Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. iniciaron una demanda con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 299/2010 de la Municipalidad de General Güemes que disponía, entre otras medidas, la relocalización de las antenas de telefonía celular ya instaladas fuera del ejido urbano. Ordenaba además que en un plazo de 60 días se quitara a las estructuras y antenas de la zona urbana y se las reubicara a una distancia mínima de 500 metros de distancia. Lo mismo para las que se encuentren en las proximidades de lugares donde se desarrollen actividades educativas, deportivas, sociales o de cualquier tipo que signifique la posibilidad de exposición continua de personas a las emisiones de dichas antenas.

Para las empresas se entrometió indebidamente en la regulación del servicio de telecomunicaciones que, según surge del artículo 75, inciso 13 de la Constitución corresponde al Estado. Consideraron que “resultaba irrazonable” por cuanto había quedado demostrado por el perito oficial que las antenas de telefonía móvil no tenían efectos nocivos sobre la salud de las personas y que el emplazamiento ordenado no haría más que provocar el efecto contrario al que se quería evitar, por cuanto resultaba necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento del servicio.

La Municipalidad, por su parte, defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda. Se recurrió a la Corte que finalmente fulminó la resolución previa con una tacha de inconstitucionalidad de la ordenanza.

Rosenkrantz sostuvo que era inconstitucional porque incidía en un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva, como lo es, el de ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones. Por eso, la autonomía municipal no puede ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales. Rosenkrantz agregó que, tal como había sido acreditado con el dictamen pericial obrante en la causa, en el diseño de una red de telecomunicaciones, la ubicación de las antenas responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura, la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones. Por ello, toda orden de traslado de una antena ya instalada necesariamente afecta el diseño y la estructura del sistema de telecomunicaciones. Highton sostuvo que todo lo referido al funcionamiento y organización del servicio de telecomunicaciones corresponde al Congreso, por cuanto es una atribución delegada por las provincias a la autoridad federal. Lorenzetti apuntó que sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado Nacional y no se ha acreditado la afectación en materia ambiental.

Rosatti y Maqueda –en contrario- concluyeron que las empresas no probaron que la reglamentación municipal altere o impida la prestación del servicio sujeto a regulación federal. En efecto, señalaron que las prestadoras del servicio de telecomunicaciones al explicar “la envergadura de las consecuencias” se limitaron a decir que el traslado de las antenas fuera del ejido urbano municipal solamente implicaría un funcionamiento forzado del sistema y que de la pericia electromecánica surgía que la relocalización únicamente implicaría “un período durante el cual los servicios en el área cubierta por la antena a reubicar se vean afectados”.

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