20 de febrero 2019 - 00:00

Cosa juzgada para Arribas en caso ligado al "Lava Jato"

Rechazó recurso de fiscalía de investigaciones administrativas. No se reabre causa y queda firme el sobreseimiento a favor del jefe de los espías.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dejó atrás definitivamente la causa que lo investigaba por supuestos pagos que habría recibido de parte de un financista ligado al “Lava Jato” brasileño. La Corte Suprema de Justicia desestimó ayer una apelación presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que había intentado que se reabra el expediente que había sido cerrado con un sobreseimiento a favor del jefe de los espías. Con una fórmula simple suscripta por unanimidad, el máximo Tribunal rechazó por “inadmisible” la queja de la fiscalía para que Arribas vuelva a ser investigado por esos pagos que un arrepentido dijo haberle cursado a una cuenta del Credit Suisse en Suiza, cuando no era funcionario sino intermediario futbolístico. Con esto, quedó finalmente cerrada la causa con un sobreseimiento firme por lo que el “Señor 5” no podrá volver a ser acusado por esa maniobra.

La aliada de Cambiemos, Elisa Carrió había presentado una denuncia formal contra Arribas basada en información periodística sobre hallazgos ligados al “doleiro” Leonardo Meirelles, uno de los primeros en confesar envíos de dinero ligados a la constructora Odebrecht. El juez Rodolfo Canicoba Corral había sobreseído al funcionario en tiempo record el 31 de marzo de 2017, luego de contrastar información aportada por el propio Arribas sobre las transferencias de dinero que recibió de Meirelles. Luego de una confusa defensa pública que tuvo idas y vueltas sobre el origen de ese dinero, el jefe de los espías admitió un pago por bienes muebles de un departamento que vendió en San Pablo. Dijo que a su cuenta solo ingresaron u$s70.475 a través de una transferencia porque así había sido la modalidad que eligió el empresario Atila Reys Silva para efectuarle el pago. Un perito del Banco Central declaró a favor de Arribas y el juez procedió a sobreseerlo en momentos en que el Gobierno no ocultaba sus deseos para eyectarlo de Comodoro Py. El fiscal Federico Delgado apeló la medida, pero su superior de Cámara, el fiscal general Germán Moldes desistió de esa apelación, por lo que la Sala I de ese tribunal –sin impulso del Ministerio Público Fiscal- no tuvo otro camino que confirmar el sobreseimiento. Reys Silva terminó investigado en Brasil por posibles maniobras de lavado de dinero.

En el camino, el titular de la PIA Sergio Rodríguez y Delgado recibieron una declaración (no testimonial) de Meirelles, vía teleconferencia, en la que el financista dijo recordar el nombre de Arribas y unas 10 transferencias por u$s 850.000 en total. Arribas contra atacó denunciando por falso testimonio a Meirelles y el juez Claudio Bonadio no sólo le dio curso a la demanda, sino que imputo a los fiscales Rodríguez y Delgado por haberle tomado esa declaración bajo los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Luego lo desvinculó totalmente de la maniobra y pidió la captura internacional de Meirelles, lo que complicó las ya complejas negociaciones para obtener desde Brasil los testimonios de los arrepentidos para el capítulo argentino del escándalo por coimas. Fue entonces que Rodríguez, en nombre de la PIA, intentó una apelación a la Cámara de Casación para intentar revertir que por su calidad de funcionario público actual, Arribas podría ser investigado.

Casación –a través de la Sala III- rechazó reabrir el expediente por sostener que Arribas no era funcionario público durante los hechos denunciados (eran presuntas operaciones que databan de 2013) y que la PIA no tenía legitimidad para actuar solicitando la reapertura. Así, nuevamente, Rodríguez intentó un recurso extraordinario que le fue denegado. A raíz de esta última negativa, Rodríguez y su adjunto Santiago Eyherabide presentaron una queja. Ese recurso, única vía que podría reabrir la causa contra el jefe de los espías fue finalmente sepultado por la Corte en un fallo firmado por sus cinco miembros.

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