Novedades Fiscales

Coto a novedosa y preocupante postura de la AFIP

El ente recaudador excluyó a una empresa del beneficio bajo un supuesto no previsto en la propia norma legal y sin dictar previamente un acto administrativo a tal fin, violando diversas garantías constitucionales.

El propósito de este trabajo es comentar una reciente opinión de la AFIP que dio por decaído -sin sustento normativo y prescindiendo del dictado de un acto administrativo a tal efecto- el blanqueo impositivo del Libro II de la Ley Nº 27.260 (en adelante, el “Blanqueo de la Ley 27260”) al que se había acogido una empresa tabacalera (en adelante, la “Empresa”), a propósito de un reciente fallo que hizo lugar a una medida cautelar planteada por dicha Empresa contra la AFIP -con nuestra representación procesal y patrocinio-.

1| CAUSALES DE EXCLUSIÓN

Producto del contexto internacional en el que fue dictado y de la suma extraordinaria de bienes que fueron exteriorizados al amparo del Blanqueo de la Ley 27.260 (u$s116.800.000.000), lo que dio lugar a una recaudación de $148.600.000.000 en concepto de pago del impuesto especial para acogerse al mismo, puede decirse que el Blanqueo de la Ley 27.260 -que otorgó al interesado diversos beneficios y exenciones fiscales- ha sido el más relevante de los blanqueos impositivos que ha tenido nuestro país.

Aquí revisten interés dos supuestos de exclusión del Blanqueo de la Ley 27.260 previstos en los incisos d) y e) del mencionado artículo 84 de la Ley Nº 27.260:

  • a) las personas jurídicas en las que, en lo que interesa, sus socios hubieran sido condenados por delitos previstos en las leyes penales tributarias 23.771 o 24.769, o “por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros”, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N 27.260 y la condena no estuviere cumplida [inciso d)]; y
  • b) quienes fueran procesados por ciertos delitos expresamente contemplados en esta norma [inciso e)].

2| LOS HECHOS DEL CASO Y LA OPINION DE LA AFIP

En el caso que se comenta la Empresa se acogió al Blanqueo de la Ley 27.260, al igual que lo hiciera su accionista mayoritario, una persona humana aludida, en adelante, como “DT”. Una semana después de que la Empresa se acogiera al Blanqueo de la Ley 27.260, un juez procesa a DT (no a la Empresa) por hallarlo prima facie responsable de los delitos previstos en los artículos 210 y 278 del Código Penal (en adelante, el “Procesamiento”), ninguno de los cuales está expresamente contemplado en el artículo 84, inciso e), de la Ley Nº 27.260. El Procesamiento fue revocado por la Cámara de Apelaciones el 1 de noviembre de 2017.

El 7/12/2017 la Jefa (int.) del Departamento Asesoría Legal “C” de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP sostuvo, en lo pertinente:

1º. Que el dictado del Procesamiento había producido automáticamente el decaimiento del Blanqueo de la Ley 27.260 realizado por DT, sin que obste a ello la revocación posterior de aquél.

2º. Que no se requiere la emisión de un acto administrativo que declare el decaimiento o exclusión del Blanqueo de la Ley 27.260 (en adelante, esta conclusión será aludida como la “Tesitura de la Innecesaridad de Acto Administrativo”).

3º. Que es en el ámbito de un futuro procedimiento de determinación de oficio donde podrá discutirse el decaimiento del Blanqueo de la Ley 27.260.

4º. Que el decaimiento del Blanqueo de la Ley 27.260 realizado por DT implicó el decaimiento automático del Blanqueo de la Empresa, ya que una “comprensión teleológica y sistemática de la ley 27.260, indica que quedan comprendidas en la exclusión del inciso e) de la ley 27.260 las personas jurídicas con las que se llevaron a cabo los delitos de los tipos penales allí enunciados, aún cuando los procesados por esos ilícitos sean las personas humanas responsables de las decisiones empresariales, siempre que dichos delitos tuvieren conexión con los incumplimientos tributarios de aquéllas” (el resaltado es propio; en adelante, este argumento será aludido como la “ Tesitura del Decaimiento del Sinceramiento de la Empresa”).

Ante una posterior notificación de dos vistas de inicio del procedimiento determinativo, la Empresa inició una acción declarativa de certeza y solicitó una medida cautelar.

3| MEDIDA CAUTELAR QUE CUESTIONA A LA AFIP

Con fecha 6/9/2019 y en el expediente judicial caratulado “ESPERT SA c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, el juez hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Empresa y, en consecuencia, ordena a la AFIP que “suspenda los procedimientos de determinación de oficio iniciados contra la empresa ESPERT SA…”. Para así decidir, en lo que aquí interesa, el juez tuvo en cuenta que:

1º. La Tesitura de la Innecesariedad de Acto Administrativo “haría suponer que AFIP ha desplegado comportamientos materiales que importan vías de hecho administrativas lesivas… del derecho de la parte actora al debido proceso adjetivo, derecho de ser oída y a una decisión fundada conforme lo establecido por el art. 1 inc. f) de dicha ley”.

2º. No surge “en esta etapa cautelar que la actora esté comprendida dentro del supuesto regulado en el artículo 84 inc. d) de la Ley 27.260, ni tampoco se encuentre dentro del inciso e) de la misma Ley…” (el subrayado es propio).

4| PALABRAS FINALES

Saludamos con beneplácito el fallo cautelar comentado, ya que al excluir a la Empresa del Blanqueo de la Ley 27.260 en un supuesto no previsto en el artículo 84 de la Ley Nº 27.260 (procesamiento del socio de una persona jurídica y por un delito no previsto en la literalidad de la norma) y sin dictar previamente un acto administrativo a tal fin, la AFIP ha incurrido en un accionar manifiestamente violatorio de diversas garantías constitucionales: seguridad jurídica, que es “imperiosa exigencia del régimen de la propiedad privada”; defensa en juicio (art. 18, CN), en la que se inscribe el principio del debido proceso adjetivo; y legalidad en materia fiscal(arts. 4º, 17 y 75, inciso 2º, de la CN; y 1º de la Ley Nº 11.683).

Señalamos, finalmente, que el criterio de la AFIP que se comenta constituye un antecedente grave con potencialidad para espantar interesados en acogerse a un eventual y futuro régimen de blanqueo impositivo y, por tanto, perjudicial, paradójicamente, para los omnipresentes fines recaudatorios de la AFIP.

(*) Socio a cargo del Depto. de Impuestos del estudio Zang, Bergel &Viñes abogados

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