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Crímenes de lesa humanidad en Venezuela: denuncian más represión y hasta ejecuciones

Amnistía Internacional presentó un informe que revela datos alarmantes de persecución contra disidentes y pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones.

México - Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el Gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según alertó ayer Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país caribeño.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunas de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, que fue presentado en Ciudad de México.

Esos procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes”, ejecutada por “agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento” de funcionarios, dijo la organización con sede en Londres.

El informe se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna por el poder en la que están inmersos el presidente Nicolás Maduro y líder opositor Juan Guaidó, que el 23 de enero pronunció un discurso en el que se asumió como presidente interino y es reconocido como tal por más de 50 países.

El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron justo del 21 al 25 de enero de 2019. Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”. Y al menos 39 de estas personas “murieron a manos de las fuerzas de seguridad o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante las manifestaciones, lo que la organización de defensa de los derechos humanos describe como ejecuciones.

En medio de las protestas de esos días, añadió AI, “más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente” lo que incluyó “a niños y adolescentes”.

Algunos de ellos “fueron torturados previamente a su muerte”, añade, al señalar que “el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.

En el informe, la organización recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de “determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel”.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la Justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades hasta el más alto nivel, incluido Nicolás Maduro, supieron de estos crímenes, públicos y notorios, y no hicieron nada para impedirlos. Esto es encubrimiento. Llamamos a todos los Estados para que demuestren su respaldo incuestionable a las víctimas y no dejen impunes estos delitos. La comunidad internacional debe hacer esfuerzos mayores ante esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

A raíz de los datos relevados, “Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo período de sesiones en junio y julio de 2019”, según difundió en un comunicado. Y agregó: “Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018”.

Según revela el informe, “el grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país”.

Finalmente, AI concluye: “Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, AI sostiene que los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”.

Agencia AFP y Ámbito Financiero

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