Política

Crisis penitenciaria: cumbre para que la Corte intervenga

Reunión Macri-Garavano por proyectos edilicios para descomprimir Palacio de Tribunales y Comodoro Py. Balance de obras recién disponibles para 2020. Camaristas piden que máximo tribunal defina destino de detenidos.

Más allá del impasse de la feria judicial, el tema que sigue activo para el Gobierno es el intento por encauzar la crisis penitenciaria que derivó en el “cierre” de varios penales y la imposibilidad de alojar más detenidos en algunas unidades penales, ante la evidente superpoblación. Ayer se llevó a cabo una reunión de seguimiento entre el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la que además de los temas coyunturales, se presentaron los proyectos para la construcción de dos alcaidías que permitan dar oxígeno a la crítica situación respecto de los detenidos en tránsito tanto en la Unidad 28 del Palacio de Justicia como la 29 de Comodoro Py, ambas en el centro de cuestionamientos por condiciones infrahumanas. A este cuadro se suman decisiones contrapuestas de jueces que han ordenado el cese de envío de presos a los penales de Devoto y Marcos Paz y de magistrados que disponen que se los aloje en esos complejos. Por esto, el viernes la Cámara del Crimen instó a la Corte Suprema a tomar intervención en la crisis y establecer un criterio común para las decisiones judiciales.

La iniciativa que se le presentó a Macri contempla la reforma de dos estructuras -una ubicada en San Telmo en oficinas del SPF y otra en los tribunales de Inmigrantes- cuyo plazo de ejecución podría estar a partir de los 6 a 8 meses de que se adjudique la obra. Esta remodelación permitiría descomprimir ambas unidades para traslados y posibilitaría pernocte de detenidos, hoy hacinados y sin condiciones mínimas de alojamiento. Ha habido ingresos diarios de 320 personas. Cuando estén operativos ambos “centros de distribución”, la capacidad se incrementará en 200 plazas para pernoctar y 60 de tránsito con estándares adecuados de metraje, ventilación y servicios mínimos.

Con la imposibilidad de derivar más detenidos a Devoto y la “clausura” de Marcos Paz se empezó a dar un fenómeno de sentencias de imposible cumplimiento por ser contradictorias. La Cámara del Crimen intentó comprometer a la Corte para que “baje” un criterio unívoco. Durante la feria está Juan Carlos Maqueda las dos semanas de receso.

La subsecretaria de Asuntos Penitenciarios bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques también mantuvo una reunión por la emergencia penitenciaria: allí se detalló la entrega de 10 móviles para traslados el lunes 15 de julio y la apertura de la licitación de otros 13, junto a 3 ambulancias. Se detalló el avance de las obras en curso. Ninguna de ellas está próxima a culminar. El Complejo Federal VI que reemplazará a Devoto (que deberá mudarse) tendrá 2.240 lugares y con el 20% ejecutado podría estar recién para fines de 2020 o comienzos de 2021. El Complejo Litoral Coronda tendrá 464 plazas y podría ser inaugurado en diciembre. Sólo el Complejo Cuyo Cacheuta que hoy está ejecutado en un 75% podría en los próximos 45 días habilitar un módulo de 128 plazas de las 1.072 contempladas en el proyecto. El Complejo Agote Mercedes está ejecutado en un 30% y podría inaugurarse en 2020 con 1.552 lugares.

La Cámara Federal de Casación Penal había prohibido el ingreso de nuevos internos a Marcos Paz por sobrepoblación. Ya corre el plazo de 120 días que ordenó la Sala II del máximo tribunal penal para que se reubique a la población excedente. El habeas corpus que tramita bajo el juzgado de Daniel Rafecas derivó en la instrucción de que se traslade a todos aquellos que hubieran pasado más de 24 horas en la U28 y se prohíba la recepción de internos de otros penales, así como limitar a 30 quienes puedan pasar la noche en esas instalaciones. Entre otras medidas conminó al Ministerio del Interior a que reasigne partidas presupuestarias para solucionar la cuestión edilicia de manera urgente.

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