Política

Cruje la interna de Comodoro Py: casos clave y pelea por licencias

• FIN DE AÑO AGITADO AGUDIZÓ TENSIONES EN LOS TRIBUNALES DE RETIRO.
• CRUCES EN CAUSAS Y TEMOR "SALARIAL".
Llamativo alejamiento de Irurzun de causa graficó crisis de Cámara Federal y alimentó clima de tironeo por desarrollo de expedientes sensibles

La interna de Comodoro Py comienza a crujir, fruto de la fatiga de un año (otro más) que lo tuvo como protagonista excluyente de la política. Las causas judiciales más resonantes, el reposicionamiento de jueces con respecto a la Casa Rosada y el dinero (en el sentido más amplio) son factores que preanuncian un final de semestre tenso hasta la feria de enero. El cortocircuito entre la Cámara de Casación y la Cámara Federal por el apartamiento de Martín Irurzun de una causa colateral a la que investiga a Lázaro Báez y a Cristina de Kirchner fue una muestra gratis de las desavenencias entre tribunales por el manejo de los expedientes sensibles. El desarrollo de la causa "cuadernos" y las fricciones entre los fiscales y el juez Claudio Bonadio se llevan la marca en momentos en que varios magistrados calculan las chances electorales de Cambiemos. Mañana podría caer la cautelar que impide que todos los magistrados que hayan ganado cargos en 2017 comiencen a tributar Ganancias, en pleno tironeo por otro botín silencioso: las licencias y vacaciones.

Irurzun tenía decidido vender cara su derrota cuando supo que la Sala IV de Casación lo había apartado a pedido de Ricardo Echegaray de una causa colateral por la denominada "Ruta del dinero K". Por propia decisión, hace dos años se había inhibido de actuar porque adelantó opinión sobre lo que Norberto Oyarbide había investigado sobre la usina de facturas apócrifas en Bahía Blanca y la supuesta responsabilidad de exmiembros de la AFIP, como el director de DGI Ángel Toninelli. Esa era una denuncia que había planteado el tándem de Patricia Bullrich y Laura Alonso en 2014. Casi en paralelo, Margarita Stolbizer se había presentado ante Sebastián Casanello para que se investigue lo mismo, en el expediente que se seguía contra Báez por lavado de dinero. Eran causas mellizas, pero en su momento, la propia Cámara decidió que debían tramitar en paralelo porque a pesar de parecer idénticas, una hacía foco en el rol de la AFIP y otra en la operatoria de Báez. Oyarbide sobreseyó a Echegaray en 2015, pero Casanello lo citó a indagatoria y lo procesó por encubrimiento agravado pese a la queja de su defensa sobre una doble persecución penal.

Irurzun fue el diagramador de la estrategia de unificación de procesos y de mirada amplia sobre los presuntos delitos cometidos por Cristina de Kirchner, y uno de los impulsores de la orden de indagatoria para que, pese a la resistencia de Casanello, la convoque a declarar como imputada por el caso Báez. Irurzun confirmó todos los procesamientos al entorno del extitular de Austral Construcciones y pavimentó su elevación a juicio oral. Sin embargo, el tramo Echegaray quedó rezagado hasta la revisión de Casación, que el jueves consideró que debía ser apartado de esa causa en la que estaban involucrados Echegaray y Toninelli. Nada dijeron del expediente de lavado donde debía revisar si era correcta la falta de mérito dictada sobre la exmandataria. Esa misma tarde, Irurzun hizo saber que se corría de todo.

Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se sorprendieron por la decisión de Irurzun. Las causas nunca habían sido declaradas conexas. Tanto así que Irurzun se apartó él mismo el 9 de noviembre de 2017 de la que tenía Oyarbide, pero no lo hizo sobre el tramo que tenía Casanello. Y de hecho, Cristina había pedido correrlo hace unas semanas y el 2 de noviembre la misma Sala IV de Casación rechazó el planteo de su abogado y mantuvo a Irurzun. El portazo obedeció a otros motivos, en pleno intento de Irurzun por mantenerse a flote en la presidencia de una Cámara que no le responde y que tiene a la mitad de los jueces trasladados a instancias del Gobierno. Cayó muy mal le decisión de Elena Highton de Nolasco de concederle dos cargos de secretario a Pablo Bertuzzi, el último en aterrizar en la Cámara Federal. Como anticipó este diario todos voltearon a mirar a la cada vez más influyente Elena Nolasco. "Elenita" se ha convertido en el enlace entre Comodoro Py y el cuarto piso del Palacio de Tribunales que envía señales contradictorias a los Federales.

Fue el preanuncio de nuevos choques, graficados a través de la insistencia para que Bonadio comparta los "arrepentimientos" de empresarios para otras causas en las que se investiga corrupción, hasta ahora sin eco. El manejo de ese expediente está generando una sigilosa "grieta" en el edificio de Retiro entre jueces y fiscales que ven evaporarse chances reales de una investigación sólida. Los hay temerosos de que el descrédito posterior los arrastre en la consideración pública. Conflictos de competencia, ausencia de colaboración, "sogazos" y oficios picantes serán parte del menú hasta fin de año. Son los síntomas del movimiento subterráneo en la previa del reposicionamiento en un año electoral.

Rectificación fallida

Tanto en la Corte como en la Cámara de Casación fue mal recibido el pedido de rectificación formal que solicitó el máximo Tribunal a Ámbito Financiero por haber informado de una reunión fallida entre su presidente Carlos Rosenkrantz y su homólogo del tribunal penal, Eduardo Riggi. El malestar alegado por la nota de este diario no había sido discutido en ninguno de los dos plenos, pero desde ambos lugares se esgrimió malestar institucional con lo publicado. Sin embargo, ese pedido de réplica reveló un detalle desconocido: Riggi confirmó en ese escrito que le envió a Rosenkrantz "una Resolución de Superintendencia relativa al régimen de solicitud de licencias". Ese trámite incluyó recolectar firmas de (algunos) jueces de Casación para intentar retomar el manejo del otorgamiento de licencias. El protocolo que diseñó la Corte implicaba que las autorizaciones para ausentarse debían tener una antelación de 15 días, lo que impedía una flexibilidad en casos de fuerza mayor. Las Cámaras Federales de todo el país pugnaron por volver a tomar control de ese proceso administrativo, a instancias del camarista Javier Leal de Ibarra. Y Riggi no se quedó atrás por Casación. Pero en el medio, se incluyó lo que es el manejo administrativo por las licencias no gozadas. Esto implica el dinero que se percibe (o se acumula como ahorro forzoso) por "ferias" en las que los jueces trabajaron y no tomaron licencia. Sería el equivalente a vacaciones no gozadas. Esa cuestión podría tener una caducidad por los años acumulados, sobre todo en magistrados que llevan en el cargo varias décadas. Riggi en persona acumula muchos días computables bajo esta figura, lo que le permitiría en caso de jubilarse tener por delante el 100% de su salario por más tiempo. Según la antigüedad del juez y la acumulación de esas ferias no gozadas, la cifra puede alcanzar un número sideral. Esta cuestión es una de las principales preocupaciones "materiales" de los jueces, que buscan que esos "días" no se venzan y poder percibirlos. La mera discusión del asunto puso incómodos a otros camaristas. La cuestión puso en alerta a algunos operadores del Gobierno que habían pasado por alto la implicancia en dinero de un tema, en apariencia, menor.

Riggi volvió conforme por la entrega del escrito a Rosenkrantz y transmitió que su reclamo había sido recibido con conformidad. El problema es que esa facultad sobre licencias, subrogancias y vacaciones había sido delegada en la vicepresidencia a cargo de Elena Highton de Nolasco, y por propiedad transitiva en "Elenita". Si hubiera cambios podría tambalear el reparto de poder de lo que en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales denominan con sorna la "minoría automática". Ya existe "ruido" con el envío de un delegado a una de las Secretarías de Corte de temática sensible. Estas dependencias hacen un análisis inicial de los expedientes que ingresan según la materia y trazan proyecciones o alternativas para la decisión de los ministros en formato de "memos". La secretaría a cargo de los casos tributarios, impositivos o aduaneros es considerada estratégica por su especialidad.

En la visión de los jueces, lo que ocurra mañana con el fallo por el Impuesto a las Ganancias en la Corte puede ser "un golpe al bolsillo" o en idioma judicial, a la "intangibilidad" de sus salarios, y por ende, comprometer su independencia. Es un problema mayor por el que están dispuestos a "pintarse la cara" y también generará reposicionamientos en un diciembre caliente.

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