Política

Cumple Macri con decreto a obras sociales por $3.000 millones

El jefe de Estado firmó una normativa demorada que destrabó parte de la deuda que el Gobierno mantenía con las prestadoras gremiales.

El Gobierno finalmente destrabó el reparto de $ 3.000 millones con destino a las obras sociales sindicales. Mauricio Macri firmó ayer un decreto que establece el mecanismo de pago de los recursos, que se encontraban pendientes de distribución y comprometidos en varias ocasiones ante la CGT, la última vez en septiembre mientras se negociaba un bono de $ 5.000 para trabajadores del sector privado.

El decreto 700, cuya publicación se espera para esta semana en el Boletín Oficial, estableció que el monto prometido del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para el repago de prestaciones médicas de las denominadas “de alta complejidad” se ejecutará en tres cuotas en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Se trata de una parte de la deuda que el Ejecutivo mantiene con las prestadoras de salud de los sindicatos y que en teoría debió saldarse en su totalidad en función de lo dispuesto por dos decretos previos: uno de necesidad y urgencia, de 2016, y otro de abril pasado. En ambos casos existía la garantía de definir el pago del total de la deuda acumulada desde el kirchnerismo por más de 30 mil millones de pesos y que en sendas ocasiones Macri incumplió.

La normativa de inminente publicación, a la que tuvo acceso este diario, lleva la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, bajo cuya repartición funciona la Superintendencia de Servicios de Salud. Ese organismo se encarga del control de obras sociales y prepagas y, sobre todo, del manejo y control del FSR, que se nutre de los aportes al fisco de las propias entidades sindicales.

Ese monto conforma un fondo anticíclico que opera en los casos en que las obras sociales afrontan la cobertura de un tratamiento médico de alto costo o de un medicamento de iguales características. Incide en las “enfermedades catastróficas” denominadas así por el eventual impacto sobre las finanzas de las prestadoras médicas.

La gestión para la firma del último decreto y para todos los pagos previos hechos por el Gobierno estuvo a cargo de una delegación de la CGT que integraron Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales, y José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y principal especialista en la materia de la central obrera.

En los últimos meses los jefes sindicales tradicionales se habían enfrascado en una silenciosa disputa con el Gobierno por la falta de definición en el destino de recursos que debían dirigirse a la Cobertura Universal de Salud (CUS), una iniciativa del oficialismo que tenía como soporte financiero los $ 8.000 millones de pesos que la propia CGT había aceptado "donar” como parte de una negociación para cobrar otros 32 mil millones de pesos adeudados.

Esta semana, como parte de concesiones negociadas también en los últimos meses, Macri firmó otro decreto, el 688, que aumentó el tope de desgravación en las contribuciones de prestadoras médicas privadas y obras sociales sindicales para sus trabajadores en relación de dependencia, lo que representó una baja en la carga impositiva.

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