Edición Impresa

Decretan finalmente pagos a obras sociales para frenar otro paro

El Gobierno publicó ayer la norma que este diario había adelantado el 22 de marzo y que apunta a liquidar una deuda por $14 mil millones, y asegurar pagos por otros $18 mil millones en los próximos diez años.

El Gobierno cumplió ayer con la publicación de un decreto que dispone el pago de casi 14 mil millones de pesos a las obras sociales sindicales y la distribución de otros $ 18 mil millones, más intereses, en cuotas mensuales a lo largo de diez años, tal como había adelantado en exclusiva Ámbito Financiero el 22 de marzo. Lo hizo tras la marcha de la CGT del 4 de abril que, aunque masiva, careció de discursos y proclamas encendidas y eludió la convocatoria a un quinto paro nacional contra Mauricio Macri. La eventual puesta en marcha de esa medida dependerá en delante de la negociación entre los líderes de la central, gestores además del desembolso, y la oposición encarnada en Hugo Moyano, que presionará por la huelga de todos modos.

El decreto 251, que lleva la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es en rigor el segundo en la gestión de Cambiemos con el mismo propósito: instrumentar el reparto de los excedentes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que acumulaba un creciente saldo favorable ya desde las presidencias de Néstor y Cristina de Kirchner, a favor de las obras sociales sindicales. El anterior, un DNU, había sido firmado por el jefe de Estado y todo su Gabinete en agosto de 2016 pero buena parte de su ejecución había quedado en letra muerta al imperar, una vez más, un criterio político para la distribución de los fondos.

La clave de la nueva normativa es que, además de ordenar una vez más un mecanismo para el desembolso de los recursos preexistentes, agrega al sistema el monto de un juicio que el Estado le ganó a la prepaga OSDE por la indebida retención de impuestos que debían ir al fisco. La ingeniería, como contó este diario hace tres semanas, quedó definida en una negociación de meses que mantuvieron el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y su equipo, con la CGT mediante José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), principal referente en la materia, y el cosecretario general de la central Héctor Daer.

Uno de los ítems contemplados en el decreto es la afectación de $ 4.500 millones que se encontraban inmovilizados en un Fondo de Emergencia y Asistencia creado por el DNU de 2016, a lo que se sumaron $4.235 millones del acuerdo extrajudicial de 2017 entre el Gobierno y OSDE (por $8.500 millones, parte en efectivo y parte en cuotas). Además se incorporaron a esa canilla de financiamiento los $3.500 millones de pesos generados por el interés del Bonar 2020 que el Ejecutivo suscribió a favor de las obras sociales en 2016. Con intereses quedará un conformado de 13.712 millones de pesos.

El decreto añadió como fuente de financiamiento corriente del sistema de obras sociales las 120 cuotas mensuales de 150 millones de pesos que la prepaga se comprometió a pagar como parte de su acuerdo con el Estado y que totalizarán, al cabo de 10 años, $18 mil millones más los intereses correspondientes.

El grueso de los recursos apuntalará el Sistema Único de Reintegros (SUR) que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Se trata del mecanismo por el cual el Estado retiene parte de la recaudación que captura de las obras sociales sindicales para un fondo anticíclico que tiene como objetivo atender mediante reembolsos las denominadas “enfermedades catastróficas” o tratamientos de alta complejidad, eventualidades que de manera aislada podrían ocasionar el quebranto de una entidad de salud de los gremios.

Con una parte de los intereses de los montos anteriores la normativa determinó la suba y actualización hasta 2023 de la cápita que paga el PAMI para la atención de 350 mil jubilados que optan por permanecer en sus obras sociales de origen. Otra porción irá al incremento de los valores que deben percibir las entidades de salud por la atención de los monotributistas.

Si bien el decreto protocoliza la manera de distribuir los recursos excedentes del FSR y, por su ingeniería, apunta a darle un destino a toda la deuda que Cambiemos reconoció con las obras sociales sindicales, el resorte final para efectuar los pagos seguirá en manos del Gobierno –es decir que no será automático- a través de la SSS, que en la actualidad encabeza el médico y exfutbolista Sebastián Neuspiller, amigo personal de Macri y organizador de los picados de fin de semana con funcionarios.

Tras la marcha del 4-A la conducción de la CGT, pendiente del decreto, se cuidó de dar por sentado que iría a un nuevo paro nacional aunque con el correr de los días sus dirigentes lo dieron a entender cada vez con más claridad, a falta de publicación de la normativa. Hasta la semana pasada la única puja era entre el sector disidente de Moyano, que tiene previsto fijar el 30 de abril como fecha para una huelga, y la jefatura de la central, hasta entonces más orientada a convocar la medida para mediados de mayo. La publicación del decreto tiene como destino alterar esa planificación, al menos para los líderes de CGT.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario