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Decreto "extintor" destinado a planteos de inconstitucionalidad

FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBERÁ ATAJAR PRESENTACIONES CONTRA DNU APENAS SE PUBLIQUE - Por eludir al Congreso, por "necesidad y urgencia" y por regir aspectos derivados de materia penal. El Gobierno la defiende y extiende la extinción a participaciones accionarias (alarma por "cuadernos").

El DNU “extintor” de dominio ingresará a partir de hoy en un tortuoso camino judicial, apenas sea publicado en el Boletín Oficial bajo la mácula de su presunta inconstitucionalidad. Los motivos son variados: la herramienta de un decreto presidencial “de necesidad y urgencia” (de excepción) para legislar una acción civil, con retroactividad, en lugar de una ley emanada del Congreso; la creación de un nuevo procedimiento para que el individuo demuestre que esos bienes no son fruto del delito imputado, pero de manera anticipada a la condena penal firme; por ende, el menoscabo (fáctico) del principio de inocencia consagrado en la Constitución y su consecuente vulneración del resguardo de la propiedad privada, uno de los pilares del Estado de Derecho. El desfiladero por la que transita el “espíritu” de la extinción de dominio ata su suerte a la pericia de los jueces penales federales, lo que traerá aparejado una consecuencia previsible: demandas posteriores contra el Estado (los contribuyentes) de quienes hayan sido afectados por la enajenación de bienes que la Justicia no logre demostrar que eran fruto de accionar ilegal por delitos atribuibles en sede penal.

Si prospera su vigencia y se pone en práctica, la disposición incluye la liquidación de participaciones accionarias en compañías si se las considera parte del patrimonio acrecentado en la comisión de un delito. La alerta hizo correr frío por la espalda a los empresarios vinculados con los “cuadernos”, entre otros. Se exige un mínimo paso judicial (embargo) y el proceso civil paralelo promete ser sumarísimo. ¿Podrían quedar bajo la Agencia de Administración de Bienes del Estado o de la ANSES las acciones de las principales compañías del país envueltas en escándalos judiciales? La respuesta es sí, si un juez así lo interpreta.

La recuperación de bienes de organizaciones delictivas dedicadas al crimen organizado, narcotráfico o relativas a la corrupción (pública y privada) ha sido siempre un objetivo loable perseguido por administraciones que han intentado dotar a sus legislaciones y Poderes Judiciales de herramientas para atacar el poderío económico que generan y que les permite su permanencia más allá de los proceso penales. Argentina actualmente tiene un sistema de recupero de activos que sigue de atrás la demora en los tiempos de los procesos penales. La opción escogida por el Gobierno fue la de tomar una bifurcación emulando el modelo colombiano. Con un mínimo “anclaje penal” (la disposición de un embargo preventivo por parte de un juez) dará inicio el escrutinio de la Justicia civil para obligar que el imputado “demuestre” su origen lícito, sin arreglo a resultados con una eventual condena penal. Con esa división, entienden en el oficialismo, pueden avanzar en la apropiación de elementos de valor de manera anticipada y veloz. Puede incluir esa revisión a los denominados “testaferros” pese a que no estén señalados en la justicia penal. Incluye otro riesgo adicional en caso de error.

De esta forma, con el arrebato del DNU se eludió el empantanamiento del Congreso para aprobar un texto con un mínimo consenso (ver página 12). La unanimidad de críticas de juristas de espectro diverso que tenían los proyectos en danza (por su redacción) debió haberle dado una pista a la mesa judicial del Presidente sobre los riesgos que podría acarrear agregarle esquivar la discusión parlamentaria vía decreto. Uno que termina trayendo consecuencias en materia penal, algo expresamente vedado para su dictado. El Gobierno defiende que sólo abarca aspectos civiles, por lo que está dentro de sus facultades dictarlo. La intervención segura será la del fuero Contencioso Administrativo Federal, seno de los futuros planteos de inconstitucionalidad. La Casa Rosada descansa en su buena relación con esos tribunales y en la renovación de la mitad de su plantilla bajo la lapicera presidencial para la sobrevida del DNU. Es un interrogante qué puede pasar en la Corte Suprema.

Resuena como antecedente no menor el veto judicial al decreto migratorio de Mauricio Macri que en uno de sus apartados indicaba que “aun cuando se sostenga que el decreto impugnado no regula ‘materia penal’ en los términos del art. 99.3 CN -cuestión que está deferida al derecho interno-, ello no es óbice para afirmar que las garantías del proceso penal son extensibles a los procedimientos administrativos de carácter sancionador y a su revisión judicial”.

El DNU tiene como marca de agua al asesor más audaz: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como brazo ejecutor de algo que se venía cocinando desde noviembre de la mano de Elisa Carrió. En el Ejecutivo sostienen que cada uno de los integrantes de la “mesa” le dio sus pinceladas al producto final que hace dos meses se viene trabajando en sigilo bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete y tras diálogos con jueces del fuero Civil y Comercial Federal que pasará a ser un equivalente a Comodoro Py en la centralización de este flamante proceso.

El DNU ofrece problema. El justificativo de apremio para saltar al Congreso en el debate de una ley. La creación de la Procuraduría de Extinción de Dominio “con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes” reforma aspectos procesales además de estructura del Ministerio Público Fiscal y de procedimientos de la justicia civil hacia atrás (durante los últimos 20 años pero atados a la faceta penal). Lo mismo que la obligación de que el Estado nacional disponga de un “fondo de garantía” para devolver lo incautado, en caso de que se demuestre su licitud, lo hace en materia económica. Eso sin considerar qué puede ocurrir cuando opere la prescripción de la acción penal y cómo se enlace con el recupero en el proceso paralelo.

El primer test para el DNU será en tanto no violente el artículo 82 de la Constitución y puede hasta poner en tela de juicio la constitucionalidad de la Ley 26.122 que prescribe que los decretos mantendrán su validez si ambas Cámaras no hacen expreso su rechazo. Las recuperaciones de activos se originan en causas penales y los embargos pueden ser revertidos, reducidos o levantados en cualquier instancia. Por eso, la opinión de juristas era la de sostener un previo doble conforme penal o elevar estándares de prueba sobre el origen ilícito de los bienes antes de proceder a su extinción. Como antídoto a todo esto, el DNU ofrece la restitución pero nada obstaculiza futuras demandas contra el Estado.

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