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Demandas por u$s6.000 M y fuga de inversores, efectos de la nueva sanción a Cuba

La norma permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que lucren con propiedades confiscadas en la revolución de 1959. Hoteles de España y México, los más amenazados.

La Habana - Miles de procesos en Estados Unidos, inversores desistiendo de Cuba y un contraataque ante la Organización Mundial de Comercio (OMC): estos son tres posibles efectos de la aplicación plena de la Ley Helms-Burton.

El título III de la norma de 1996 permite demandas contra empresas extranjeras por el uso de propiedades confiscadas tras el triunfo de la revolución cubana en 1959. Y ello puede tener distintas consecuencias.

“Es muy probable que haya una avalancha de reclamos en el sur de Florida, muchas de ellas poco serias, de cubano-americanos contra compañías extranjeras, pero también contra entidades cubanas”, estima Chris Bennett, director de la consultora The Caribbean Council. “La mayoría de estas demandas tendrán pocas posibilidades de éxito”, agrega Bennett, pero recuerda que dos millones de cubano-americanos viven en Estados Unidos, por lo que “es probable que el volumen de demandas congestione sustancialmente las cortes de Florida”.

¿Cuáles podrían ser los blancos? “Por ejemplo, Sherritt (una compañía minera canadiense), los operadores de hoteles de España o México”, explica el abogado Pedro Freyre, del estudio Akerman de Miami. Sherritt International participa en una empresa mixta que es propietaria de la planta de níquel Pedro Soto Alba, antigua propiedad de la Moa Bay Mining Company, que le reclama u$s88 millones. En tanto, la cadena hotelera española Meliá administra el emblemático hotel Habana Libre, ex-Hilton.

Una Comisión para el Arreglo de Reclamaciones en el extranjero (FCSC), entidad gubernamental norteamericana, certificó casi 6.000 demandas por un monto de u$s1.900 millones. Con un interés anual de 6%, serían u$s6.000 millones, según un estudio de Richard Feinberg, de la Latin America Initiative, del Brookings Institution de Washington.

Es el principal efecto que busca la administración Trump: desalentar la inversión extranjera en Cuba. “Es para que un empresario diga: bueno, en vez de invertir en Cuba, voy a invertir en Punta Cana (República Dominicana)”, ilustraba el martes el embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro.

Según Freyre, con la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, “habrá un efecto inicial de enfriamiento en las inversiones potenciales en Cuba, seguido de una evaluación más reflexiva de la verdadera magnitud del riesgo”.

Tras algunas semanas amenazando con activar la norma, se apreciaba un fuerte nerviosismo entre inversionistas presentes o aquellos que desean invertir en la isla, indicaron varias fuentes diplomáticas y un empresario francés instalado hace más de 20 años en la isla.

Según el periódico económico español Cinco Días, los grupos hoteleros Meliá e Iberostar contrataron bufetes de abogados para evaluar los riesgos.

Pero Cuba enfrenta el mayor peligro: la isla socialista tiene a la inversión extranjera como prioridad para desarrollar su economía, en crisis y socavada por la escasez. En 2017, el país apenas captó u$s2.000 millones en inversiones, lejos de los 5.000 millones que necesita para impulsar su crecimiento.

Como explicó el embajador Navarro, “la UE ha creado una legislación antídoto, como lo ha hecho Canadá, Japón, México, por el cual nuestros ciudadanos y empresarios tienen la protección de la Unión Europea, en caso de que haya demandas de Estados Unidos”.

“Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y tienen la posibilidad de hacer reclamaciones contra las empresas que han pedido indemnizaciones por propiedades confiscadas en Cuba”, agregó Navarro.

Pero la UE, primer inversor extranjero en la isla y, desde 2017, su principal socio comercial, podría ir aún más lejos. “La Unión Europea estará obligada a utilizar todos los medios a su alcance para proteger sus intereses”, advirtieron la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo.

“La UE está considerando presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto con otros socios, porque la legislación estadounidense es contraria al derecho internacional”, añadieron.

Agencia AFP

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