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Denuncian que por escasez de reactivos, restringen controles a personas con VIH

SAISIDA indicó que hubo "falta de previsibilidad" del gobierno en su compra y distribución. Estos exámenes se realizan a personas bajo tratamiento para ver si el virus es intransmisible.

La Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida (SAISIDA/AMBA) denunció que “hubo falta de previsibilidad” del gobierno en la compra de reactivos, por lo que, por tiempo indeterminado, muchas personas con VIH bajo tratamientono podrán acceder a los controles necesarios” para conocer cómo evoluciona la infección y saber si existe posibilidad de transmisión o no.

Desde la SAISIDA, nuevamente tenemos que expresar nuestro profundo rechazo a la falta de previsibilidad del gobierno en la compra y distribución de los reactivos para las determinaciones de carga viral plasmática que se suma a la de algunas drogas antirretrovirales”, indicó el comunicado de la sociedad sin fines de lucro confirmada por técnicos y profesionales. “Durante el pasado mes de agosto no se entregó a los efectores, por ejemplo de toda la Región Sanitaria V y, por lo tanto a sus pacientes”, agregó.

“Ahora muchas personas en tratamiento antirretroviral combinado no van a poder acceder a los controles necesarios de su infección. Nuestros pacientes perderán así, por un tiempo no

determinado aún, el conocimiento de la evolución de su infección y, fundamentalmente el hecho de saber si existe la posibilidad de transmisión o no”, continuó el texto.

SATSIDA enfatizó en que “siempre que se habla de problemas y faltas parciales, se genera una profunda intranquilidad entre personas que dependen de estos tratamientos y controles” y que no pueden comprarlos en farmacias o realizarse estudios en laboratorios por los costos altos. Y agregó que “la salud pública, universal y gratuita es un derecho humano”

“Exigimos la rápida solución de estos problemas de provisión de drogas y reactivos y acompañamos como siempre a las personas afectadas en sus justos reclamos” indicó el texto.

Este reclamo se suma al informe que la Fundación GEP publicaba el 29 de julio en el que, por retraso de las compras y la merma de la disponibilidad de drogas, podía peligrar “el tratamiento de 15 mil personas”. Dos días después el Boletín Oficial publicó las compras de antirretroviareles para garantizar los tratamientos a las personas que se atienden en el sector público.

“Un Estado que degrada el Ministerio de Salud a Secretaria, un Estado cuyos funcionarios no planifican las compras de insumos y generan incertidumbres permanentes no puede ejecutar una política sanitaria que garantice la salud pública”, concluyó el comunicado.

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