Política

Diputados apura fondo de asistencia a víctimas de trata

Se citó a un plenario de las comisiones de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda, para el martes próximo.

Ante la inminente campaña electoral y el clásico shutdown, el Congreso apura las últimas actividades de su agenda. Semanas atrás, Diputados craneó una eventual sesión para el miércoles próximo -aún en duda- y con espinosos temas, como la polémica iniciativa de góndolas -que gran parte del Gobierno no quiere- y otra sobre semillas, aunque apareció en las últimas horas un tema que podría convertirse en ley en caso de realizarse el convite el 26-6 en el recinto: la creación de un “Fondo Fiduciario Público de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata”, aprobado por unanimidad en el Senado a fines de mayo pasado.

Las partidas se nutrirán de los “fondos líquidos decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta”. Por otra parte, el fondo tendrá una duración de 30 años desde la suscripción del contrato de fideicomiso, aunque el fiduciario “conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes” que se hayan asumido “hasta la fecha de extinción de esas obligaciones”.

En mayo pasado, los senadores del cristinismo solicitaron modificar el temario de la sesión especial para avanzar rápido con varios proyectos, entre los que se encontraba el del fondo en cuestión. Horas más tarde, esos mismos legisladores -y un importante puñado de peronistas- dejaron sin quórum el encuentro en el recinto antes de tratar la ley de traspaso presidencial, que ahora quedó en siesta y que busca imponer un mecanismo para evitar el papelón que regaló el kirchnerismo a fines de 2015. En la Cámara alta, la iniciativa de asistencia a víctimas de trata fue aprobada en general con 47 votos, y tras recibir una modificación, la particular recibió 49 adhesiones. Es decir, unánime ambas.

Las comisiones de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados son comandadas por los legisladores oficialistas Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) y por el escurridizo Luciano Laspina (PRO-Santa Fe), respectivamente. La radical luchó casi en soledad a fines del año pasado la ley antibarras, ante el juego a las escondidas del ministro de Justicia, Germán Garavano, y operadores futbolísticos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes metieron toda la maquinaria de lobby para dinamitar ese proyecto, hoy casi abandonado en la Cámara baja. También hay dudas sobre la viabilidad del régimen penal juvenil que impulsa el Gobierno, que quedó por fuera del debate del nuevo Código Penal, que se encuentra en el Senado.

Con respecto a la sesión del miércoles, se espera hoy una reunión entre algunos jefes de bloque y el presidente de Diputados, Emilio Monzó, para analizar una potencial temario, aunque las definiciones podrían darse recién el lunes próximo. La oposición tiene, como principal interés, avalar una polémica ley de góndolas, tras haber obtenido, semanas atrás, un dictamen de mayoría por la mínima diferencia en un plenario de comisiones.

Según el despacho opositor, la exhibición de un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca. Además, se tendrá que garantizar un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o en el ReNAF; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular.

Por otra parte, los productos de menor precio -conforme la unidad de medida- se encontrarán a una altura equidistante entre el primer y último estante de las góndolas. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que las ofertas de menor precio -conforme la unidad de medida- se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.

En cuanto a islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas, se deberán que presentar productos producidos por micros y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o en el ReNAF, o los que en el futuro los reemplacen, en un 50%. En el dictamen opositor también se proponen controles estrictos para no demorar el pago a proveedores -60 días- y un código de buenas prácticas para la distribución mayorista y minorista.

Por su parte, en el dictamen del oficialismo se indica que “conforme las posibilidades económicas, en las diferentes categorías de productos integrantes de la Canasta Básica Alimentaria, las cadenas” alcanzadas por la ley asegurarán “la concurrencia de, al menos, tres proveedores diferentes en la misma categoría de productos”. En los establecimientos del comercio minorista o mayorista y con una superficie inferior a los 1.000 metros cuadrados de exhibición de venta, se prometerá la “concurrencia de, al menos, dos proveedores diferentes en la misma categoría de productos”. No estarán alcanzados los productos frescos de carnicería, panificados artesanales, alimentos cocinados, verduras, frutas y especies.

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