Economía

Ecolatina: la renegociación de deuda traerá más ajuste

“Debido a la magnitud del problema en el corto plazo, es probable que se encare un programa que combine una mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos”. Así lo remarcó la consultora Ecolatina, al señalar que “el costo de ajustar la economía a su capacidad de pago se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas”. Y sostuvo que, “dado que estos últimos son gran parte del sector privado local, una pérdida significativa de riqueza podría tener efectos contractivos sobre el nivel de actividad”.

Ecolatina manifestó que “endurecer el ajuste de las cuentas públicas también podría agravar la recesión”, lo que implica que “la economía seguiría cayendo a comienzos del año próximo”. “En resumen, la situación de la deuda pública que heredará el próximo Gobierno será compleja, incluso inmediatamente después de asumir, de modo que deberá definir rápidamente una estrategia para sortearla”, explicó. De acuerdo con el último informe publicado por la consultora, uno de los mayores y más urgentes problemas que enfrentará Alberto Fernández será el de la deuda pública, que roza el 90% del PBI, contabilizando obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales. Al considerar sólo la deuda relevante, es decir, aquella que no contabiliza los pasivos intra-sector público, este cociente ronda el 50% del producto. “Difícilmente, la misma logre maximizar el crecimiento, esperemos que, al menos, logre minimizar los daños”, agregó Ecolatina.

Durante el mandato presidencial de Alberto Fernández, vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas. Dentro de estos vencimientos, está incluida la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023. “Según el perfil de vencimientos, el Tesoro deberá desembolsar en torno a u$s 38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio. Más de u$s 20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante”, sostuvo Ecolatina. “Con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas”, agregó.

En esta línea, la consultora manifestó que, “al no poder refinanciar voluntariamente sus obligaciones, el Gobierno contará con tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos”. “En otras palabras, el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener”, destacó. Además, “dado que gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, las restricciones no son solo fiscales: con mercados de crédito cerrados, es central mantener un tipo de cambio competitivo para generar los superávits privados externos que permitan afrontar los vencimientos correspondientes”, estimó.

Ecolatina manifestó que “el plan para tornar sostenible la trayectoria de la deuda pública tendrá que considerar medidas para los títulos bajo ley local y extranjera y para la deuda con Organismos Financieros Internacionales”. Pero, además, “deberá tener en cuenta que el resultado primario garantice que los superávits futuros serán suficientes para afrontar los compromisos”, señaló. “Una reestructuración sin quita requeriría un mayor ajuste al fisco lo que golpearía aún más la ya alicaída actividad económica”, agregó.

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