29 de octubre 2019 - 10:32

Economía en transición: ¿Qué pasará con el dólar, la inflación y el empleo?

Una de las consecuencias esperable del "cepo hard" es la ampliación de la brecha cambiaria. La experiencia de los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner indica que el impacto en los precios del dólar paralelo es muy menor, en comparación al efecto inflacionario de una suba en el oficial.

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Las restricciones a la compra de dólares fueron la alternativa que le quedaba a Mauricio Macri para intentar evitar el agotamiento de las reservas y el estallido del mercado de cambios, luego del cierre del crédito internacional. La falta de acceso a los mercados financieros para la colocación de bonos a comienzos de 2018 había cerrado la principal fuente de divisas de la gestión Macri. El mega préstamo del FMI permitió una fuente extra de dólares pero al costo de un programa ruinoso tanto en términos económicos como políticos para el oficialismo. La consecuencia fue una rotunda derrota oficial en las PASO que derivó en el congelamiento de las cuotas del stand-by con el fondo, acentuando la tensión cambiaria. Sin demasiadas alternativas, Mauricio Macri implementó el “cepo” que tanto había criticado a la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

El tope inicial de u$s10.000 mensuales por persona no logró frenar la pérdida de divisas. En septiembre concurrieron a comprar dólares 1.690.000 personas, un 30% más que el mes anterior, que adquirieron un total de u$s2.980 millones. La mayor parte de estas operaciones fueron por montos muy bajos, siete de cada diez personas que compran dólares en el mercado lo hicieron por montos menores los u$s1.000 por mes, unos 427 dólares per cápita promedio. Las compras de los estratos superiores, algo así como la crema de los ahorristas minoristas, fueron realizadas por 202.800 personas que compraron en promedio u$s7.900 (cercano al límite superior de u$s10.000). Una parte importante de esas compras alimentaron el “rulo” mediante el cual quienes adquirían divisas en el mercado oficial, las revendían con ganancias a quienes demandaban montos que excedían el límite legal de compra o empresas a quienes se les había negado el acceso al mercado de cambios con fines de atesoramiento.

El elevado monto de compra de dólares por debajo de los u$s10.000 explican el reciente endurecimiento del “cepo”, llevando los montos autorizados a un máximo de u$s200 mensuales. La demora en endurecer los controles se debió exclusivamente a razones políticas: las mayores restricciones podían reducir el caudal electoral del oficialismo. De ahí que a medida fuera anunciada a poco de conocerse los resultados de la elección.

Una de las consecuencias esperable del “cepo hard” es la ampliación de la brecha cambiaria. La viabilidad social de una suba del dólar paralelo descansa en su impacto sobre los precios. La experiencia de los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner indica que el impacto en los precios del dólar paralelo es muy menor, en comparación al efecto inflacionario de una suba en el oficial. La esperanza de que los formadores de precios no se guíen por el dólar paralelo es esencial para evitar una mayor esperilización de una inflación ya de por sí muy elevada. Al respecto, se espera en octubre una nueva inflación mensual cercana a los 5 puntos porcentuales (4,8% según el IPS-CESO), y una proyección hacia fin de año del 57% en un escenario de estabilidad.

Si la situación no se desbanda, nuestras proyecciones de reservas al realizarse el cambio de mando se ubican cercanas a los u$s40.000 millones. De modo que si se descuentan los préstamos del BIS, el swap chino, el oro y los encajes por depósitos en dólares, las reservas operativas a ese momento serán alrededor de u$s8.000M. Pero aún en un escenario de transición estable, la actividad económica y el empleo continuarán en contracción, dado el deterioro del consumo por una inflación que le gana a los salarios, una inversión real paralizada por la incertidumbre cambiaria y la elevada rentabilidad financiera, y el escaso margen fiscal para la implementación de políticas contracíclicas.

(*) Director de CESO

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