Ante el requerimiento del director de una publicación, el secretario de Finanzas, Sergio Chodos, se excusó de brindar información sobre el listado de beneficiarios que fueron indemnizados bajo el amparo de las leyes de asilados o refugiados políticos y desaparecidos durante la última dictadura.
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Sin embargo, en virtud de que «el monto total de las indemnizaciones otorgadas resulta información pública», le facilitó al editor el dato que por la Ley 24.411 (desaparecidos) se pagaron $ 293,2 millones y u$s 984,9 millones mientras que por la Ley 24.043 los beneficios totales sumaron $ 43,1 millones y u$s 605,8 millones. De modo que por ambas leyes, sancionadas para compensar, de algún modo, a quienes sufrieron el exilio y a los que padecieron ausencia forzada el Estado pagó en valores nominales más de $ 340 millones y casi u$s 1.600 millones.
Chodos argumentó que «la difusión de los datos personales solicitados implicaría una vulneración al derecho a la intimidad de las personas y contrario a los principios rectores de la ley de hábeas data», por lo que no resulta posible informar el detalle completo de los beneficiarios.
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