Sigue la cautela fiscal: el paquete de medidas pos-PASO cuesta menos de medio punto del PBI

Tras el debate en el oficialismo y lejos de un shock de gasto, analistas señalan que la inyección extra de recursos es acotada y que el Gobierno se encamina a sobrecumplir la meta de déficit presupuestada.

Pese a que los debates dentro del oficialismo después de la derrota en las PASO derivaron en numerosos anuncios destinados a apuntalar los golpeados ingresos populares y a que la oposición agitó un supuesto “plan platita”, el Gobierno no abandonó del todo la cautela fiscal que caracterizó la gestión durante 2021. El paquete de medidas ya ejecutadas o anunciadas posprimarias representa un costo para el fisco de apenas entre 0,1% y 0,3% del PBI, según el cálculo de distintas consultoras, aunque podría estirarse algunas décimas más si se concretaran otras de las iniciativas que analizó el Ejecutivo pero que aún no prosperaron.

Esa “prudencia” se monta sobre un déficit primario acumulado en los primeros nueve meses de sólo 0,3% del PBI. Si se excluye de la cuenta el ingreso extraordinario de los derechos especiales de giro (DEG) que envió el Fondo Monetario Internacional, el rojo primario acumulado asciende a 1,3%, un nivel apenas más elevado que el del mismo período de 2018 (el año en que estalló la crisis y el macrismo acudió al FMI) y menor al de 2016 y 2017.

Fuentes del Ministerio de Economía le dijeron a Ámbito que “la prioridad” es cumplir con la pauta fiscal presupuestada para este año (como reclamó la famosa carta de Cristina Fernández de Kirchner días después de las primarias). Esa pauta, en el Ejercicio 2021, marcaba un déficit primario de 4,5% del producto. El proyecto de Presupuesto 2022 (enviado por Martín Guzmán al Congreso pero que aún no fue tratado) la recortó a 4% sin contabilizar los DEG. Sin embargo, a partir de la dinámica actual y de los anuncios pos-PASO, los analistas consideran que se encamina a terminar alrededor del 3,5%.

Así, al menos hasta el momento, el escenario muestra una aparente paradoja. Con la preocupación por sostener la estabilidad cambiaria y la negociación con el FMI como telones de fondo, el Gobierno sostiene cierta disciplina fiscal que dista bastante de una fuerte inyección de recursos como la que se esperaba ante los pedidos de una parte de la coalición gobernante para paliar la acuciante situación social. Asimismo, dista del supuesto shock de gasto que cuestionaron algunas figuras de Juntos por el Cambio, una lectura que también se reflejó en mayor presión sobre el dólar por parte del mercado (justamente lo que el Gabinete económico procura minimizar).

“Se dijo mucho sobre el ‘plan platita’ y la aceleración en la ejecución del déficit, como un giro muy grande de política fiscal post resultado de las PASO. Pero, cuando salen los números, no se ven programas súper cuantiosos. Y hubo algunos rumores de programas que se iban a hacer y que no prosperaron (como una nueva versión del IFE más acotada), que eran los más caros. Hay una cuestión discursiva sobre ‘poner plata en el bolsillo de la gente’ pero, al mismo tiempo, los números siguen mostrando bastante prudencia”, planteó el economista Joaquín Waldman, jefe de investigación de Ecolatina, en diálogo con este diario.

Anuncios e inyección

Dos informes privados analizaron el impacto fiscal de los últimos anuncios coincidieron en que tienen un costo reducido. Un reporte de LCG señaló: “El intento de revertir el resultado electoral vía caja hace prever una aceleración del gasto primario en los últimos meses del año. Pero el costo de las medidas fiscales que se fueron tomando post PASO luce realmente bajo (y en gran parte se descontaba) en comparación con la dimensión que el Gobierno le otorga diariamente a cada anuncio”.

Para la consultora que dirige Guido Lorenzo y que tiene como economista jefa a Melisa Sala, todo el paquete anunciado ronda el 0,1% del PBI. Allí incluye, entre otros, el subsidio para fomenta la registración de empleadas domésticas, la suba del mínimo no imponible de Ganancias (que ya ajustaba por movilidad), la recomposición de jubilaciones y asignaciones, la jubilación anticipada a mayores de 50 años desempleados, la condonación de deudas fiscales menores a $100.000, la ampliación de la moratoria, la transformación de planes sociales en empleo (prácticamente sin costo fiscal), y el Pre Viaje.

La consultora Equilibra analizó en detalle cada una de las medidas ya anunciadas o ejecutadas, y calculó la inyección de recursos en $133.706 millones o 0,3% del PBI. Según la firma que fundaron este año Diego Bossio, Martín Rapetti y Lorena Giorgio, la más cuantiosa es el complemento mensual del salario familiar, que implicará volcar $45.000 millones (0,1% del PBI). La siguen la “amnistía fiscal” (0,06% del PBI) promovida por Sergio Massa, que mañana tendría dictamen de comisión en Diputados; la suba del piso de Ganancias (0,03%); la extensión del Repro II para los sueldos de septiembre y el Pre Viaje para jubilados del PAMI (0,02%); el aumento del salario mínimo, el programa Registradas y los anuncios de obras públicas (0,01%); la jubilación anticipada y el programa Mi Pieza (no llegan al 0,01%); y la ampliación de los programas Proteger, Redes de Salud, Sumar y FONES, que en conjunto suman el 0,02%.

La inyección fiscal podría ampliarse si se concretaran la extensión hasta fin de año del Repro II, con el que el Estado todavía paga parte de los salarios en los sectores más afectados por la pandemia (0,07%); si hubiera un bono para jubilados similar al del tercer trimestre (0,14%); o si se avanzara en IFE más acotado, una posibilidad que se analizó en los primeros días después de las PASO pero que luego fue perdiendo terreno (0,06%). Incluso en el caso de que se dieran todas, el costo fiscal total del paquete ascendería a 0,6% del producto. “Esta cifra se ubica muy por debajo del gasto adicional de un punto del PBI que se discutía la semana posterior a la derrota en las primarias”, planteó Equilibra.

Mientras tanto, en septiembre el gasto primario se retrajo 6,5% interanual en términos reales (aunque si se despeja el gasto Covid del año pasado y del corriente, creció) y por la contabilización de los DEG como ingreso corriente hubo superávit primario y financiero. En el acumulado anual, el rojo (sin DEG) es de apenas 1,3% del PBI a partir de la fuerte mejora de los ingresos y también de un recorte de partidas claves en términos reales, como jubilaciones y pensiones contributivas, que en los primeros nueve meses acumuló una caída del 6,9% interanual. Con esta dinámica, los analistas ven que el Gobierno se encamina a un sobrecumplimiento de la pauta fiscal presupuestada.

“Los ingresos totales, que vienen creciendo al 18,2% real interanual, para acomodarse a la pauta de ingresos prevista en el cierre fiscal, deberían caer en términos reales en el último trimestre. A la inversa, los gastos primarios, que vienen cayendo en términos reales en lo que va del año, tendrían que revertir fuertemente dicha baja y pasar a tener en el último trimestre una expansión del 70% nominal en el caso del gasto primario, equivalente a un aumento por encima del 15% real”, planteó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El estudio agregó que también “debiera ‘explotar’ la ejecución del gasto de capital: por más que acumuló un crecimiento nominal del 113,6%, en el último trimestre debiera resultar un 558% más alto que el ejecutado en el mismo periodo del año 2020”, cuando septiembre mostró la tasa de crecimiento más baja del rubro en lo que va del año. “Esto permite afirmar que es poco probable que el déficit primario 2021 crezca hasta llegar al 4% del PBI”, concluyó el Iaraf.