A rodar

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• Muchas veces hay situaciones en donde uno se ve obligado a tomar decisiones contrarias a su pensamiento. Pequeñas concesiones a sus convicciones ante una realidad que no es la deseada. El Gobierno parece estar atrapado en esa lógica. El tema de los Impuestos Internos es el ejemplo. Desde hace ya cuatro años, este polémico tributo vuelve cíclicamente a colarse en la agenda de los funcionarios, como una piedra en el zapato, y no reconoce banderías políticas ya que atraviesa a populistas y liberales. Cuando Axel Kicillof lo elevó, a comienzos del 2014, el motivo se disfrazó de ideológico (gravar a los autos "de lujo" que los ricos compraban a destajo). No importó que durante el 2013, el mismo Gobierno subsidiara gracias al "cepo" la venta de 0 km premium por la brecha cambiaria. En realidad, el problema era que faltaban dólares y se buscó con ese impuestazo de fin de año evitar que siguiera la fuga de divisas. De diciembre del 2013 a enero del nuevo año, los vehículos castigados por este tributo aumentaron hasta 100%. Obviamente, el mercado se derrumbó y hubo dos años de sequía en la oferta de esos modelos.

• La historia hoy es diferente. Ya no se bate el parche con argumentos engañosos pero tampoco se da una solución al problema. Y aquí es bueno volver a la contradicción entre las convicciones y las decisiones. Cuando Mauricio Macri hacía campaña para su presidencia hizo muchas promesas. Recordarlas todas sería tortuoso. Hubo una que hace al tema. Como hombre del sector se lo escuchó decir en diversas oportunidades que, en caso de ganar, eliminaría este impuesto. También Alfonso Prat Gay, clave en la primera etapa de Cambiemos, sedujo a empresarios con esa muletilla. Se podría decir que después de más de dos años de Gobierno, cumplieron en parte esa promesa, aunque también estaría en lo cierto quien señale que las promesas no se cumplen a medias. Si la meta era llegar a Luján, queda en deuda el que abandona en Moreno. El Gobierno eliminó la primera franja imponible de Internos hace ya más de un año pero dejó vigente la escala superior. Y ese es el reclamo que hace una parte del sector, tanto de fabricantes como de importadores. No se entendió por qué en aquella oportunidad el funcionario encargado de dar la orden exceptuó a una parte de los autos afectados y no a todos. Hubiera sido una oportunidad de dar por cerrado el tema y no mantenerlo como una espina. La única explicación en este caso es política. ¿Está bien que un Gobierno tildado de gobernar para los "ricos" exceptúe de un impuesto a los autos de mayor valor de mercado? Esa parece ser la traba que existe para solucionar el problema. Lo curioso: por ese prejuicio el Estado se perjudica y, de manera indirecta, lo sufren los más pobres.

• Este diario publicó hace unos meses que desde ADEFA se había solicitado que se actualizara la franja imponible lo antes posible y no en enero del 2019, como está previsto, ya que había muchos modelos que estaban por ser alcanzados. El motivo, la mayor inflación por un salto del dólar inesperado. Vehículo que cae en ese tributo, sube a un precio que queda descolocado en el mercado. La voz cantante la llevaron Toyota y Mercedes-Benz que tienen dos modelos de producción nacional afectados por este impuesto. Atrás se mete una larga lista de importados. El Gobierno prometió ocuparse del tema pero hasta ahora quedó encerrado en su laberinto. Es cierto que se le solicitó a estas empresas que definieran el nivel al que tendría que subir la base imponible para operar con normalidad, pero la aceleración de los precios complicó dar un número lógico que no tuviera que necesitar una corrección en un par de meses por la estampida inflacionaria. El problema es que como la base imponible no se corrige, los tope de gama de estos modelos nacionales fueron dejados de comercializar, lo mismo que una buena cantidad de importados. Eso significa que las concesionarias dejan de vender y el Estado deja de recaudar no sólo este impuesto sino otros como IVA, Ingresos Brutos, tasas provinciales y municipales. Por lo tanto, son ingresos fiscales que se pierden. Un Estado necesitado de fondos, con un déficit en niveles récord, deja de percibir dinero que los "ricos" podrían aportar para ayudar a los "pobres". Eliminarlo sería la solución más fácil pero la idea de quitarle impuestos a un sector privilegiado parece difícil de sostener en estos tiempos para una gestión que está señalada de beneficiar a unos sobre otros. Mientras tanto, el Estado es el que pierde.

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