ANTICIPO EDITORIAL: el trauma de la Alianza

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Los años en que el radicalismo y el Frepaso se unieron, llegaron a la presidencia y terminaron en una importante crisis económica, social y política son analizados por Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani en su reciente libro, editado por Siglo XXI. Viernes hace un recorrido por la introducción y el primer capítulo de la obra.

Las primeras medidas tomadas por el flamante ministro de Economía, José Luis Machinea, se enmarcaron en esta estrategia más amplia, de obtener respaldo financiero a cambio de implementar reformas estructurales pendientes y profundizar el ajuste fiscal. Con la puesta en marcha del nuevo plan se acrecentó la protesta social y se produjo la fractura de la principal central obrera del país. En este contexto, los "beneficios" del financiamiento internacional se volvieron deletéreos. Sobrellevando un ajuste de gastos estatales perverso, pero todavía insuficiente a juicio del gran capital, una economía en retroceso y un alto déficit fiscal, la Argentina ingresó nuevamente en el círculo vicioso del endeudamiento. Despojado de la posibilidad de obtener recursos propios, el gobierno requirió en forma urgente nuevos empréstitos del sector privado para afrontar inminentes vencimientos de la deuda, acrecentando así el poder de coacción de tecnócratas, inversores y especuladores para imponer, por intermedio de políticos y funcionarios locales, una nueva ronda de medidas de ajuste: algunas convenidas anteriormente y otras diseñadas para aprovechar las oportunidades que la coyuntura presentaba. En esa atmósfera de creciente frustración por la improductividad de las medidas adoptadas, el ministro Machinea insistió en la necesidad de generar un mayor nivel de confianza en los mercados y logró imponer un nuevo ajuste de gastos promulgado por decreto el 29 de mayo, que incluía una reducción de los salarios de los trabajadores del sector público (un 12% para las remuneraciones entre $ 1.000 y $ 6.500, y un 15% para las superiores a este monto). Esta medida prenunciaba, en realidad, la adopción de otras dos trascendentales decisiones: la desregulación de las obras sociales (reclamada desde tiempo atrás por el FMI) y la generación de un nuevo plan de inversiones públicas para incentivar la actividad económica, que finalmente quedó en nada. Dada la particular relevancia de sus protagonistas, el conflicto por la modificación de salarios estatales se tornó aún más violento en el Congreso nacional. La reducción dispuesta por el vicepresidente Álvarez fue anulada por una decisión similar a la anterior en la Cámara de Senadores. El mismo día en que esto ocurrió, comenzaría a desarrollarse el conflicto entre dicho cuerpo y su presidente, que alcanzará su punto más candente dentro del marco de las denuncias por pago de sobornos para aprobar la reforma laboral, escándalo conocido popularmente como "Ley Banelco". Ese conflicto continuará latente durante varios meses y desembocará en una suerte de sorpresivo golpe institucional provocado por la fracción neoliberal del sector delarruista en busca de mayor hegemonía dentro del gabinete de ministros. El 5 de octubre, cuando De la Rúa anunció una modificación del elenco que marchaba claramente tras ese objetivo, "Chacho" Álvarez renunció a la vicepresidencia de la República y, a pesar de las primeras apariencias, abrió un claro proceso de aislamiento, crisis y virtual disolución de la Alianza gobernante (.).

El fuerte y deliberado contenido antipopular del nuevo programa económico, unido al modo soberbio y autoritario con que el ministro los presentaba a la sociedad, abrió un inesperado frente de confrontación con las centrales obreras opositoras, la mayoría de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Entre todos articularon una larga secuencia de variadas formas de protesta y resistencia a las medidas de ajuste que modificó drásticamente el clima político del país y agudizó la tendencia al aislamiento que ya manifestaba el gobierno desde tiempo atrás. Los fuertes e indisimulados conflictos internos dentro de la coalición gobernante, sumados a la renuncia de los ministros de Educación y del Interior contrarios a las reformas, además del retiro de prácticamente todos los frepasistas que habían continuado dentro del gabinete nacional, disolvió en tiempo récord la escasa legitimidad política que aún detentaba el ministro López Murphy y lo obligó a renunciar sólo dos semanas después de asumir, a pesar del apoyo que intentaron brindarle hasta último momento tanto el presidente como su entorno de funcionarios neoliberales (...).

Frente a ese deprimente panorama, el entorno liberal del presidente intentó restañar los daños ocasionados y recuperar posiciones perdidas, en un intento por superar el aislamiento gubernamental con una nueva estrategia: la incorporación de Domingo Cavallo en el gabinete como jefe de la cartera de Economía; una designación que, en las condiciones pactadas entre el presidente y el nuevo ministro, suponía en la práctica la reinvención de una nueva figura dominante, la del "ministro presidente", similar a la implementada por la dupla Cavallo-Menem durante los años noventa.

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En ese ambiente caldeado por el crecimiento de la confrontación social se realizaron, a mediados del mes de octubre, las elecciones legislativas de medio término. El resultado le otorgó contenido electoral al proceso ideológico político que aquí señalamos. El Partido Justicialista, con el 37% de los sufragios, obtuvo la primera minoría en la Cámara de Diputados y amplió su mayoría en el Senado; la Alianza gobernante, con sólo el 23% de los votos, sufrió una catastrófica derrota. Las diversas agrupaciones de izquierda lograron un importante incremento de su escaso caudal anterior, pero el auténtico ganador en la jornada fue el voto de protesta y deslegitimación que, expresado como voto en blanco o impugnado, llegó al asombroso índice del 21%. Por obra del denominado "voto bronca", la lucha social y política se transformó por primera vez en lucha político-electoral. Destacando estos resultados, la mayoría de los análisis postelectorales señalaron además algo que ya se había manifestado en otros fenómenos: el agotamiento y comienzo de disolución del régimen político bipartidista (...).

Despojado de legitimidad, de poder político y de consenso electoral, en lugar de generar nuevas soluciones a la progresión de la crisis económica y financiera, el gobierno se convirtió en parte del problema. Con su aislamiento social e inoperancia institucional generó un factor adicional de pánico entre los ahorristas locales, que aceleró la fuga de depósitos y la amenaza de vaciamiento del sistema financiero, desenlace previsible que el "superministro" había intentado impedir con la obtención del último salvataje financiero concedido a regañadientes por el FMI a finales del mes de agosto. Convencido de que esa estrategia ya se había derrumbado y no quedaban recursos disponibles para frenar la liquidación de los depósitos bancarios, el gobierno resolvió adoptar una medida desesperada: el 1º de diciembre, De la Rúa firmó un decreto de necesidad y urgencia que prohibía retirar de los bancos más de 250 pesos o dólares por semana, por persona y por banco. Además, suspendía el otorgamiento de nuevos préstamos en pesos, la posibilidad de dolarizar los créditos vigentes en moneda nacional al tipo de cambio 1 a 1 y establecía el congelamiento de los depósitos a plazo fijo. El "corralito bancario" modificó abruptamente el escenario, ya que dejó en evidencia no sólo la arbitrariedad del poder y la impunidad de que hacían gala los altos funcionarios para decretar el despojo de bienes a un indefenso sector de la ciudadanía, sino también la impotencia de los dirigentes, la subordinación escandalosa del poder político al poder económico y la inevitable constatación de que la búsqueda prioritaria del equilibrio fiscal en una situación de estancamiento económico y regresión social sólo había acelerado el colapso de una estrategia de acumulación que hacía mucho tiempo resultaba insostenible. En ese contexto, la protesta se transformó en rebelión y provocó la disolución del poder político institucional. El 19 de diciembre, los saqueos a supermercados y otros comercios en busca de alimentos se multiplicaron en numerosas ciudades y provincias del país. Siete personas murieron, los heridos se contaron en decenas y se produjeron más de quinientas detenciones. Por la noche, el presidente De la Rúa comunicó por cadena nacional que había decretado el estado de sitio durante treinta días como respuesta a la situación de convulsión social. Esto provocó la indignación popular en el país entero. Cientos de personas permanecieron en vigilia en la Plaza de Mayo, frente a la residencia presidencial de Olivos y también frente a la casa del flamante ex ministro. A la mañana la policía recibió nuevamente la orden de desalojar a los manifestantes que protestaban en la Plaza de Mayo; para cumplirla, utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. Al poco tiempo, nuevos grupos se acercaron a la plaza y se instalaron en ella. Estas escenas se repitieron incontables veces durante la mañana y la tarde. El microcentro porteño se transformó en un campo de batalla durante unas siete horas. También en la Plaza de los dos Congresos, donde se congregaban militantes de partidos de izquierda y otros manifestantes, y se sucedieron los enfrentamientos con la policía, que acrecentaron el número de heridos y detenidos. Cinco manifestantes fueron asesinados con armas de fuego en el centro porteño, en algunos casos por policías que avanzaban disparando desde motocicletas. Numerosos comercios y bancos fueron destruidos e incendiados. A la noche se comunicó oficialmente la renuncia de Fernando de la Rúa y de todo su gabinete (...).


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Seguramente no había un consenso entre los miembros dispares de esta conjunción, pero lo que estaba claro era que la convertibilidad, el principal pilar del modelo económico, constituía un dispositivo intocable. Así se procuraba enviar señales tranquilizadoras tanto al establishment como a la opinión pública, en un intento de disipar los temores de que se repitiera una crisis de gobernabilidad similar a la de 1989 (Novaro y Palermo, 1998).
No obstante, en el panorama que se avecinaba podían vislumbrarse dificultades. Efectivamente, el cuadro institucional al que se enfrentaba la Alianza triunfante era por demás complejo: durante la ola de elecciones provinciales de ese año, el Partido Justicialista había ganado en catorce provincias, mientras que la Alianza, en clara desventaja, sólo había vencido en seis (Ollier, 2001; Novaro, 2009). A esta contundente derrota se sumaba el fracaso de Graciela Fernández Meijide en las elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El escenario en que se situaba la flamante alianza se coronaba con una situación de "gobierno dividido", ya que no había logrado la mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados (Mustapic, 2005) (...).

A poco menos de un año de gobierno estalló la primera gran crisis política que hirió profundamente a la Alianza, puso en jaque su credibilidad y marcó la salida del gobierno del líder del Frepaso. Todo comenzó a fines de junio, cuando un rumor que resonaba en los pasillos del Senado y en distintas oficinas de gobierno llegó a los medios, lo que desató un escándalo público de tal escala que resultó imposible de sofocar. Se trataba de la posible distribución de sobornos para asegurar la sanción de la Ley de Reforma Laboral, debatida y aprobada meses antes en la Cámara de Diputados. El carácter regresivo de esta ley, que profundizaba la ya sancionada por el menemismo, la volvía particularmente problemática, y se rumoreaba que se habían gestionado dádivas a senadores del PJ y la UCR para aprobarla. Entre los encargados de tales negociaciones figuraban, además, dos miembros clave del gobierno de la Alianza: uno de extrema confianza del presidente, Fernando de Santibañes (entonces titular de la SIDE), y otro del vicepresidente, Alberto Flamarique (ministro de Trabajo). En un escenario enmarañado y confuso, las fricciones internas que se advertían desde su acceso al poder se tensaron hasta tornarse irreconciliables. Las estrategias de Fernando de la Rúa y "Chacho" Álvarez, con sus respectivas marchas y contramarchas, se alzaron en direcciones contrapuestas. La postura del presidente fue oscilante a lo largo de todo el escándalo: primero intentó desestimarlo, y más tarde acotarlo. El vicepresidente, en cambio, fue el mayor impulsor de la investigación y de los pedidos de renuncia, lo que le generó nuevos adversarios. A su posición inicial de repudio le siguió una más extrema: cuanto más empantanado y sombrío devenía el panorama, más tajantes eran sus propuestas, y mayor aún la hostilidad con los diversos sectores involucrados en el asunto (...).

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