En un giro inesperado frente al conflicto por el corte de ruta contra Botnia, el Gobierno finalmente desistió de ordenar el desalojo en Gualeguaychú, pero endureció su postura contra los asambleístas, al decidir presentarse como querellante en esa causa y denunciar penal y civilmente a los vecinos que ocupan esa autovía desde hace tres años. La decisión surgió de un pormenorizado análisis del fallo del juez de Entre Ríos, que, según el Gobierno, resulta de «cumplimiento imposible», porque implica recurrir al uso de la fuerza pública. El objetivo es apelar a que el propio peso de la demanda nacional sobre cada uno de los líderes de Gualeguaychú desintegre la movilización vecinal mediante una rara estrategia de persuasión. La demanda fue efectivizada ayer mismo en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. En Gualeguay-chú, la novedad exaltó aún más los ánimos y reforzó la idea de permanecer en la ruta, a pesar de todo. (Ver pág. 11.)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario